Cuando Benedicto XVI publicó el 7 de julio del 2007 la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio “Summorum Pontificum”, no fueron pocos los que advirtieron que la recepción de dicho texto por parte de la Iglesia no iba a ser precisamente “fácil”. Algún autor de reconocía valía ha llegado a sugerir que el rechazo a dicho motu proprio era equiparable al que tuvo la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI. No sé si la cosa ha sido para tanto, pero parece evidente que la Santa Sede ha estimado necesario publicar una Instrucción para reafirmar, y de paso regular, el derecho de los fieles a asistir a Misa según el usus antiquior, según el Misal previo a la reforma litúrgica conocida como Novus Ordo.

Si algo queda claro tras leer la Instrucción es que dicho derecho de los fieles ha de primar por encima de cualquier consideración. En otras palabras, que ningún obispo ni sacerdote puede oponerse al mismo. Si, como dice el texto, “la forma extraordinaria debe ser conservada con el honor debido“, no hay lugar para poner dificultades a su celebración.

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He intentado por un momento imaginarme cuál habría sido la reacción de mis padres si hace 30 años yo hubiera llegado a casa contándoles que en el colegio me habían propuesto analizar una revista pornográfica. Y que además me hubieran asegurado que “la masturbación es otra práctica sexual más, que se puede realizar en solitario o en pareja". Y que “no hay una edad establecida” para la primera relación sexual, la cual “depende de cada persona, cuando se sienta preparado para ello". Mi duda es si mis “progenitores", especialmente mi padre, habría salido inmediatamente en dirección al colegio con un trabuco en la mano o si habría optado por hacerlo al día siguiente con una sierra eléctrica.

Exageraciones aparte, lo cierto es que no tengo la menor duda de que ambos habrían puesto el grito en el cielo ante semejante barrabasada. La perversión del socialismo gobernante es tal que los sociatas ya no tienen el menor recato en mostrarse cual son. Lo que ha denunciado Profesionales por la Ética en relación a la educación sexual que se da en las aulas andaluzas debería tener no sólo repercusiones electorales -si los andaluces son padres decentes no pueden votar al PSOE- sino también penales. Porque estamos hablando de algo que tiene que estar muy cerca de la corrupción de menores. ¿O acaso no es corrupción el animar a adolescentes al consumo de algo tan degradante como la pornografía? ¿Acaso la pornografía no es una forma de prostitución, en la que los “actores” venden su cuerpo para la satisfacción sexual del consumidor?

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La izquierda española lleva en sus genes el anticlericalismo de baja estofa. Salvo excepciones que confirman la regla, los “rojos” de este país no pueden disimular lo mucho que les disgusta la cruz y la Iglesia. La llegada de Zapatero a la dirección del PSOE y al gobierno sirvió, entre otras cosas, para que la gente de Izquierda Unida se quedara sin discurso propio y diferenciado en buena parte de las cuestiones que tienen que ver con la ingeniería social. Con un presidente de extrema izquierda en ese área, es complicado intentar ser más radical. Pero está visto que puestos a decir burradas, en la izquierda saben cómo superarse los unos a los otros.

El actual coordinador de Izquierda Unida no ha tenido mejor idea que pedir que el Estado dedique a crear empleos el dinero que da a la Iglesia. Según la asociación Europa Laica -que vive por y para atacar a la Iglesia- la cantidad asciende a la cifra de 10.000 millones de euros al año. En realidad, el dinero que recibe la CEE llega de la casilla que los españoles pueden marcar voluntariamente en su declaración de la Renta. Y hablamos de un monto que suele rondar los 250 millones de euros.

¿De dónde sacan entonces los de Europa Laica la otra cifra? Pues sobre todo del dinero que el Estado dedica al concierto económico de las escuelas privadas, que en su mayor parte son de titularidad católica. Ahora bien, lo cierto es que al Estado le cuesta mucho menos una plaza escolar en la escuela concertada que en la escuela pública. De hecho, si se pusiera fin a dicho concierto y el erario tuviera que asumir el incremento exponencial de alumnos en la escuela pública, la deuda crecería en una cantidad importante. Es decir, los colegios católicos le ahorran un dinero importante al Estado. Eso no es discutible. Es un hecho.

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Leemos en la web del Vaticano que la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), originalmente llamada Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, fue fundada por Pablo III en 1542 con la Constitución “Licet ab initio", para defender a la Iglesia de las herejías. Es la más antigua de las nueve Congregaciones de la Curia.

Vemos también que en 1908, el Papa San Pío X cambió su nombre por el de Sagrada Congregación del Santo Oficio. Finalmente, en 1965, recibió el nombre actual bajo el Pontificado de Pablo VI. Hoy, según el Artículo 48 de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana “Pastor bonus”, promulgada por el Santo Padre Juan Pablo II el 28 de junio de 1988, “la tarea propia de la Congregación para la Doctrina de la Fe es promover y tutelar la doctrina de la fe y la moral en todo el mundo católico. Por esta razón, todo aquello que, de alguna manera toca este tema, cae bajo su competencia“.

Por lo general, la CDF tiene mala prensa incluso dentro de la propia Iglesia. De ella nacen las notas de corrección y/o condena de los errores teológicos de autores heterodoxos. Y el ser heredera de la Inquisición y el Santo Oficio no ayuda a que se la vea como lo que realmente es: un órgano de servicio a la Iglesia de primer orden.

Como dice la Pastor Bonus, su tarea es promover y tutelar la doctrina y la moral. Pero creo que, por unos y otros, se ha puesto demasiado énfasis en la cuestión de la tutela, que suele ir acompañada de una actividad “disciplinaria", olvidando que el acto de promover la fe tiene siempre un sentido positivo y propositivo. Es decir, la fe no se defiende primariamente señalando las herejías, sino proponiendo la sana doctrina que nos salva (1 Tim 4,16). De hecho, cuando la verdad va delante es habitual que el error caiga por su propio peso, sin necesidad de que se ponga de manifiesto su naturaleza.

Por ejemplo, la declaración Dominus Iesus es, en mi opinión, muchísimo más bella por lo que dice de Cristo y la Iglesia que por lo que señala acerca de las religiones no cristianas y de los cristianos no católicos, que no deja de ser una consecuencia natural de lo primero. Estamos ante un documento que es más un “sí” a Cristo y la Iglesia que un “no” a otras religiones y a los hermanos separados.

Habría que pensar de qué manera podemos conseguir que la CDF, en su tarea de asistencia al Papa y a la Iglesia, acentúe su carácter propositivo de manera que se logre un equilibrio con su función tuteladora y de vigilancia de la sana doctrina y moral católicas. Se me ocurre que una de las cosas que se podría hacer es conseguir que los obispos asuman sus propias competencias y no envíen a la CDF aquello que ellos mismos podrían solucionar desde su condición de pastores y maestros.

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El Tribunal Constitucional de España ha decidido que los representantes políticos de la banda terrorista ETA pueden volver a ocupar todas las concejalías y alcaldías que les correspondan por el apoyo electoral que reciban de la parte más inmunda de la sociedad vasca. La votación en el TC fue muy ajustada. Un solo voto de diferencia permite la legalización plena de Bildu, que había sido denegada por el Tribunal Supremo.

Las reacciones no se han hecho esperar. Los terroristas y filo-terrorista están exultantes de alegría. Sus víctimas, desoladas. Sólo con ese dato podemos llegar a una conclusión que, en mi opinión, no admite discusión alguna. El máximo órgano de la justicia española, que se supone que garantiza la aplicación de la Carta Magna, está al servicio de ETA y hace sufrir a las víctimas de esa banda terrorista. Alguien podrá decir que se limitan a aplicar la ley. Pero es evidente que si el Supremo ha interpretado la ley en sentido contrario al TC y si un sector importantísimo del propio TC está en contra del voto mayoritario, nadie podrá decir que la aplicación de dicha ley no podría haber sido a favor de las víctimas y en contra de ETA y sus lacayos. Por tanto, los magistrados del TC que han votado a favor de ETA, lo han hecho a sabiendas de que podrían haberlo hecho en contra, sin por ello quebrantar lo más mínimo el principio de legalidad. Pero en su conciencia ha pesado más la necesidad de hacerle un favor al partido que les ha puesto ahí, el PSOE, que la necesidad de defender a España de ETA.

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