No me he vuelto loco. No es que me crea que Mariano Rajoy es el nuevo obispo de Orense. Ni siquiera sospecho que le vayan a nombrar canónigo penitenciario en la Catedral de Santiago de Compostela. De hecho, dudo que Rajoy haya hablado jamás sobre la ley canónica. Pero sí que ha planteado un principio elemental que, en mi opinión, sirve para cualquier tipo de legislación. Leo hoy en El Mundo:
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha lanzado un claro mensaje al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en torno al auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a que el castellano sea “lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña junto al catalán“.
Ante los micrófonos de Onda Cero, el presidente ‘popular’ ha declarado que sólo hay una cosa que un gobernante tiene que tener clara: “No se puede incumplir la ley. Si no se cumplen lo que dicen los tribunales, nos hemos cargado el Estado de Derecho“. “El castellano y el catalán conviven en libertad en la vida de la gente“, ha manifestado Rajoy.
Efectivamente, no se puede incumplir la ley. Y si eso vale para la ley civil o penal de una nación, ¿cómo no va a valer para la ley que la Iglesia se da a sí misma? Precisamente hoy tenemos también como noticia las palabras que Mons. Francesco Coccopalmerio, Pontificio Consejo para los Textos Legislativos en el Vaticano, dirigió a cientos de estudiantes en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. El prelado aseguró que “sabemos que el Derecho Canónico es el conjunto de leyes que reglan la vida del bautizado, pero gran parte de ellas están ya en el evangelio“. Es más, afirmó igualmente que aunque “las leyes de los hombres son imperfectas“, si “vienen de una autoridad eclesial, aun imperfectas, debemos recibirlas porque vienen de la voluntad de Dios“.
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