Permitan ustedes que les explique algo sobre educación y eutanasia
El gobierno social-comunista del PSOE y Podemos tiene más o menos la misma prisa en cargarse lo que queda en pie de la unidad de España, entregando a los secesionistas vascos y catalanes lo que piden con tal de seguir en el poder, que en acabar de imponer a la sociedad lo que falta del Nuevo Orden Mundial, el cual fue puesto en marcha con la Constitución de 1978 y acelerado convenientemente por el señor Rodríguez Zapatero.
Antes de que acabe el año, e incluso antes del verano, puede que en España tengamos una ley de eutanasia y una nueva ley educativa. Y estos serán, más o menos, sus principios:
Eutanasia
La autonomía personal -es decir, la autodeterminación de los personalistas- ha de llegar hasta el extremo de que el individuo decida cuándo merece la pena seguir viviendo o no. Y el Estado ha de garantizarle su derecho a no seguir viviendo bajo determinadas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Pues las que el propio Estado decida. En España parece que va a ser en caso de una enfermedad terminal incurable o crónica que produzca un sufrimiento indecible. Pero otros estados ya han dispuesto que se puede aplicar también a los que padecen enfermedades psiquiátricas o psicológicas. Y en Holanda están cerca de aprobar que el Estado dé una pastilla mortal a los mayores de 70 años.
Quienes creen que en España no llegaremos a lo de Holanda son los mismos que creían que el aborto no llegaría a ser un derecho y no un mero delito despenalizado.
Educación
Lo esencial es garantizar el derecho de los niños a recibir una formación integral. ¿Y quién determina los principios y los límites de esa formación? ¿los padres? No, el Estado. Por tanto, el derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus principios morales y religiosos queda sujeto al derecho de los menores a dicha educación integral.
De tal manera que si el Estado decide que la educación sexual, especialmente de tipo genital, es cosa necesaria para niños a partir de los 5 años, y no digamos para los adolescentes, nada podrán hacer los padres para oponerse. Si el Estado determina que cualquier tipo de relacion sexual consentida es aceptable, la moral de cualquier religión (*) que niegue tal hecho queda de facto anulada, cuando no perseguida. Y si el Estado decide que lo mejor para los niños y jóvenes es que se les eduque en el feminismo radical y en todo lo relacionado con la ideología de género, así se hará.
La tiranía de la mayoría
¿Cómo hemos llegado a esta situación?, se preguntarán algunos católicos -no todos-. La pregunta no es esa. La verdadera pregunta es a cuento de qué alguien formado en la doctrina tradicional católica podía pensar que no llegaríamos a lo que hemos llegado.
Cuando se asume, se alaba y se promociona un sistema político que se basa en el principio de que las leyes son decididas por las mayorías, independientemente de lo que la ley natural y divina determinen, ¿qué autoridad moral se tiene para desligitimar ese sistema una vez que las leyes atenten contra la soberanía de Dios? Ya se lo digo yo: ninguna.
Un ejemplo absolutamente actual de esto que les digo lo tenemos en Portugal. El parlamento de ese país acaba de dar el primer paso para despenalizar la eutanasia. La Iglesia se opone, como es lógico, pero los obispos han tenido la “genial” idea de apoyar la celebración de un referéndum en todo el pais. Dado que solo un 25% de los portugueses se oponen radicalmente a la eutanasia (50% la apoyan y otro 25% dudan), es altamente probable que las urnas dieran el sí definitivo a esa ley. Si tal cosa ocurre, ¿me puede decir alguien en base a qué se puede negar legitimidad al resultado de esa posible votación, cuando se ha solicitado la misma? ¿desde cuándo quitarse la vida pasa a ser un derecho por el mero hecho de que una mayoría esté de acuerdo? ¿qué queda al margen de la tiranía de los sin Dios si suman más votos en una urna?
Las necedades pastorales (Ralliement, promoción de la democracia cristiana y de la aconfesionalidad…) y doctrinales ("maritainismo", “sana” laicidad), producen efectos de apostasía en el propio corpus católico, que necesariamente afecta a toda la sociedad.
Se puede alegar que San Juan Pablo II advirtió en Evangelum Vitae de la actual deriva. Cito (negritas mías)
Es lo que de hecho sucede también en el ámbito más propiamente político o estatal: el derecho originario e inalienable a la vida se pone en discusión o se niega sobre la base de un voto parlamentario o de la voluntad de una parte —aunque sea mayoritaria— de la población. Es el resultado nefasto de un relativismo que predomina incontrovertible: el « derecho » deja de ser tal porque no está ya fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de la persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte. De este modo la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental. El Estado deja de ser la « casa común » donde todos pueden vivir según los principios de igualdad fundamental, y se transforma en Estado tirano, que presume de poder disponer de la vida de los más débiles e indefensos, desde el niño aún no nacido hasta el anciano, en nombre de una utilidad pública que no es otra cosa, en realidad, que el interés de algunos. Parece que todo acontece en el más firme respeto de la legalidad, al menos cuando las leyes que permiten el aborto o la eutanasia son votadas según las, así llamadas, reglas democráticas. Pero en realidad estamos sólo ante una trágica apariencia de legalidad, donde el ideal democrático, que es verdaderamente tal cuando reconoce y tutela la dignidad de toda persona humana, es traicionado en sus mismas bases: « ¿Cómo es posible hablar todavía de dignidad de toda persona humana, cuando se permite matar a la más débil e inocente? ¿En nombre de qué justicia se realiza la más injusta de las discriminaciones entre las personas, declarando a algunas dignas de ser defendidas, mientras a otras se niega esta dignidad? ». Cuando se verifican estas condiciones, se han introducido ya los dinamismos que llevan a la disolución de una auténtica convivencia humana y a la disgregación de la misma realidad establecida.
¿De verdad creemos que el aborto, la eutanasia y cualquier barbaridad que se les ocurra se aprueban A PESAR DE LAS REGLAS DE LA DEMOCRACIA? ¿en base a qué? Si se admite que se aparte a Dios y su ley del ámbito público -p.e, Constitución española de 1978-, ¿a cuento de qué vamos a extrañarnos de que pase lo que pase?
España y Portugal tenían hace algo más medio siglo gobernantes católicos: Francisco Franco y Antonio Oliveria de Salazar. No había democracia. ¿Alguien de verdad es capaz de decir que esos países no son hoy democráticos? ¿en serio? ¿de verdad? ¿pretende la misma Iglesia que ha favorecido la aconfesionalidad de esos estados decir ahora cuáles son los límites de la autoridad de la soberanía de sus pueblos?
Hoy ambos países se sitúan al frente de la locomotora del tren de la cultura de la muerte, del Nuevo Orden Mundial, dándose la circunstancia de que las iglesias nacionales consideran legítima esa democracia. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
Luis Fernando Pérez Bustamante
(*) Un año de estos les cuento por qué no puede existir un derecho absoluto de los padres sobre la educación de los hijos en el caso de que profesen religiones falsas.
