¿Pretende el Supremo tomar el pelo a los padres?
Cuando el Tribunal Supremo sentenció a favor de la legitimidad de la asignatura Educación para la Ciudadanía, los magistrados pretendieron arreglar el desaguisado argumentando que los contenidos de la misma no habría de servir para adoctrinar a los alumnos. En otras palabras, se cerraba la puerta de la objeción a toda la asignatura pero parecía que se abría la de la objeción a algunos de sus contenidos. Pues bien, esa puerta la ha cerrado hoy el mismo tribunal.
En Andalucía fueron varios los padres que quisieron objetar basándose en los famosos contenidos que tenía que ver, entre otras cosas, con la ideología de género. El TSJA les dio la razón pero el Supremo se la acaba de quitar. Y lo más peculiar es que el tribunal vuelve a insistir en que “tanto los proyectos educativos de cada centro, como los textos empleados y la actividad docente referida a la asignatura, deben eludir cualquier intento de adoctrinamiento en la exposición de los contenidos que han de reflejar con objetividad el pluralismo social existente". Pero a ver, señores míos, si precisamente se trataba de que los textos objetados eran considerados por los padres como adoctrinadores, ¿a qué viene volver a decir lo mismo?
El Supremo les dice a los centros que no usen textos tendenciosos pero cuando los padres se quejan de esos textos, les mandan callar y someterse a la ley. ¿En dónde queda entonces el derecho de los progenitores sobre la educación de sus hijos? ¿quién decide si un texto sobre ideología de género es apropiado para la educación de un niño o un adolescente? ¿las comunidades autónomas, los centros o los padres?
Con esta nueva sentencia queda de manifiesto que el Supremo no deja en manos de los padres la decisión final sobre la educación de sus hijos. Quien piense que el Constitucional va a cambiar algo, es que no conoce cómo está la cuestión de la separación de poderes en la ¿democracia? española. A día de hoy confío más en Estrasburgo que en ningún tribunal español cuyos miembros son elegidos por políticos. Tendrá que ser el tribunal europeo quien tire abajo esta infamia que atenta contra los derechos fundamentales de los padres a educar a sus hijos según sus valores. Mientras tanto, a los padres sólo les quedan dos opciones: el sometimiento al imperio de la ley, aunque la misma sea claramente injusta, o una desobediencia civil que puede traerles consecuencias muy peligrosas en vista de la avidez de algunos servicios sociales a la hora de quitar la custodia a los padres “inadaptados".
España hoy es un país donde darle un cachete a un niño rebelde puede acabar con el padre en la cárcel y donde, en la práctica, se puede adoctrinar a los niños y adolescentes en la ideología totalitaria de los valedores de la cultura de la muerte. Y lo peor de todo es que la Iglesia no da señales de estar dispuesta a plantar cara a esa realidad. Todo parece indicar que los obispos se van a tragar sus palabras de años pasados y van a ir cual corderitos detrás de la FERE, cuya estrategia en este asunto ha sido siempre la de pactar con los ideólogos del laicismo radical. Si así ocurre, se demostrará una vez más que lo peor del taranconianismo ha hecho metástasis en la iglesia española, justo ahora que se acerca el fin de la primera década del tercer milenio.
Luis Fernando Pérez Bustamante
