Cuando la política interfiere en el derecho a la vida
Mucho se ha hablado y escrito sobre la “imperiosamente” necesaria separación entre Iglesia y Estado, entre el ámbito de la fe y el de la acción política. En cuanto algunos católicos explicamos que la fe, de existir, configura cualquier tipo de acción del que la profesa, se nos tilda de fundamentalistas que deseamos para nuestro país una especie de legislación similar a la sharia islámica en versión “católica”. La verdad es que estamos en un caso claro de extremos que se tocan. Por una parte, el de un modelo que busca hacer de la ley civil y penal un mero trasunto de la religión religiosa y por otra, el de un modelo que desprecia por completo cualquier condicionamiento moral que venga dado por una tradición religiosa que ha conformado la civilización sobre la que se pretende aplicar dicho modelo.
Tenemos ejemplos de a qué conducen dichos extremos. En Italia un musulmán acaba de asesinar a su hija, ya mayor de edad, por haberle deshonrado al largarse a vivir con su novio “católico". Lo que en el país transalpino es un crimen, en muchos países musulmanes se vería como la cosa más normal del mundo. De hecho, la madre de la asesinada justifica lo que ha hecho su marido. Por otra parte, en España estamos a punto de que a las jóvenes entre 16 y 18 años se les permita abortar sin permiso paterno. Es decir, un modelo admite que un padre acabe con la vida de una hija rebelde y el otro anima a que las menores se pasen por el forro la autoridad paterna para asesinar a sus hijos.