El caso de los abusos de Granada será juzgado

El pasado lunes supimos que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada había decretado la prescripción de los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se imputaban a once personas, entre ellas 10 sacerdotes y un seglar. Decretó, por el contrario, que continúe la causa contra uno de los imputados, sacerdote, por los delitos de abuso sexual continuado con prevalimiento.

El juez aclaraba en su auto que la aplicación de la prescripción no se aplica a capricho o arbitrio judicial, sino que es «de obligado cumplimiento, si concurren plazos y requisitos legales».

En otras palabras, el juez no puede juzgar algo que, aun en el caso de ser delito, ha prescrito. Y solo mantiene la imputación del sacerdote que, supuestamente, ha cometido un crimen que todavía puede ser juzgado. La ley en España es la que es y en relación a los abusos sexuales no especialmente graves -esto es opinable-, con menores o sin ellos, las penas son más bien escasas. 

Partimos del hecho de que en este país la edad de consentimiento sexual está, todavía, en los trece años. Es decir, un señor de 50 años puede mantener relaciones sexuales con una cría de trece si la joven acepta de forma libre. Y si en vez de una joven es un adolescente de esa edad y todavía barbilampiño, idem. Por supuesto, si el adulto ha coaccionado de alguna manera al menor, se da el delito de abuso.

En el caso de Granada, la víctima dice haber sido objeto de abusos desde los catorce años hasta que cumplió diecisiete. Por lo que parece, solo mantuvo relaciones sexuales “completas” con uno de los sacerdotes acusados, considerado como el cabecilla del grupo. En su momento la justicia española determinará si se produjeron dichas relaciones y, esta es la clave, si fueron consentidas o no.

A nivel eclesial la situación es muy diferente. Según la ley de la Iglesia, a menos que haya un matrimonio de por medio -14 años, mujer, 16 varón-, siempre que hay relaciones sexuales entre un adulto y un menor de edad -18 años-, se produce un delito de abuso. Tanto si el menor consiente como si no. Desde ya les digo que ojalá todos los países del mundo tuvieran una ley así. El gobierno de España ha anunciado, otra cosa es que lo hagan, que se va a elevar la edad de consentimiento hasta los 16 años. Poco me parece pero mejora la situación.

Se va a dar la circunstancia de que los sacerdotes que no pueden ser juzgados por la justicia española sí lo van a ser por la justicia de la Iglesia. Si son encontrados culpables evitarán la cárcel, pero no el ser expulsados del estado clerical. 

Y hete aquí que todo indica que ha habido delito canónico. Mons. Javier Martínez ya hizo un acto público de petición de perdón. Un arzobispo no se tira al suelo implorando la misericordia de Dios si no cree que hay elementos de juicio suficientes para determinar que hubo, como poco, una situación pecaminosa escandalosa. Aun así, el juicio canónico penal ha de ser justo, respetando la presunción de inocencia de los acusados.

Precisamente en todo este asunto, el objetivo principal de determinados periodistas, cuyos nombres y apellidos todos conocemos, no eran los supuestos abusadores sino el arzobispo de Granada. Don Javier ha sido objeto de calumnias, difamaciones, medias verdades, acoso mediático, acusaciones falsas y presiones intolerables para buscar su renuncia o cese. 

Esos periodistas han mentido como bellacos al decir que la Santa Sede no estaba conforme con la actuación del arzobispo. Esos periodistas han falseado la verdad al asegurar que la Congregación para la Doctrina de la Fe se quejaba de la falta de colaboración de don Javier. Esos periodistas llevan anunciando desde hace meses la decapitación eclesial de Mons. Martínez. Y uno de esos periodistas, según me cuentan -yo no lo vi-, dijo hace un par de días en una televisión española que el Papa había pedido al arzobispo que renunciara, pero este se había negado. Pero en enero se produjo un encuentro entre el Santo Padre y Mons. Martínez. Y esto contó el prelado español:

Interrogado sobre si eso significa que quiere que continúe al frente del Arzobispado de Granada, indicó que eso habría que preguntárselo a él. «Pero él me ha pedido que sí, que no me bajara de la cruz. Y mientras un obispo es obispo de un sitio tiene la misión de dar la vida por la diócesis que la Iglesia y el Señor le encomienda»

Entre la palabra de don Javier y las de periodistas caracterizados por dedicarse a la caza y captura de los obispos que no son de su agrado, con campañas que rozan lo delictivo, cualquier persona de buena voluntad, tanto más si es católica fiel a la Iglesia, sabe a quién debe creer. Es más, creo que la mera duda ofende.

De hecho, la totalidad de los obispos andaluces salieron en defensa de su compañero y denunciaron a esos farsantes. No olvidemos que uno de ellos fue expulsado de un diario español por inventarse una noticia. Se ve que le cogió gusto a la mentira y la manipulación. Que haya todavía obispos españoles que les ríen las gracias -y haberlos “hailos"- dice mucho de esos obispos. Y no bueno. Además, los obispos víctimas de esos calumniadores empiezan a estar muy hartos de ver a algunos de sus colegas de episcopado más pendientes de reirles las gracias a esos sujetos que de manifestar un mínimo de caridad cristiana hacia quienes también son sucesores de los apóstoles.

El caso de Granada todavía dará mucho que hablar. Aparte de que se continue el proceso penal en España contra uno de los sacerdotes, la Congregación para la Doctrina de la Fe seguirá adelante con su propio proceso canónico sobre el resto. En la Iglesia no caben curas que se acuestan con otros hombres, tanto si son menores como si no. Pero si son menores, mucho menos. Tampoco caben los que, sin acostarse, hacen otro tipo de “juegos” sexuales. Es más, tampoco deberían caber los encubridores, aquellos que sabiendo lo que ocurre, miran para otro lado.

Luis Fernando Pérez Bustamante