¿Muerte digna?

Se llama “Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte” y acaba de ser aprobada por el Parlamento de la Comunidad autónoma de Andalucía. Como todas las leyes de ingeniería social tiene un nombre muy pomposo que acaba siendo reducido a una expresión que todo el mundo entiende. Ha ocurrido con la ley del aborto y ocurre con esta, a la que se llama ya la ley de la muerte digna, y de la que veremos si no la acabaremos llamando la ley de la eutanasia andaluza.

Y es que por mucho que digan que el texto legal no aprueba la eutanasia activa, da la sensación de que sí deja la puerta abierta a la misma. No hay más que ver lo que ha dicho la consejera de sanidad del gobierno andaluz. María Jesús Montero dice que se inspiró en el caso de Inmaculada Echevarría. Esa mujer era tetrapléjica y necesitaba de un respirador artificial para vivir. Finalmente, pidió que se lo retiraran y lo logró. Como resultado, murió.

El caso levantó la polémica sobre si estábamos ante un caso de eutanasia o de cese de encarnizamiento terapéutico. También se planteó la posibilidad de que simplemente estuviéramos ante un caso en el que un enfermo se niega a ser “medicado", entendiéndose el respirador como parte del tratamiento. Como quiera que yo no soy experto en bioética, me atengo a lo que dijo la Iglesia sobre ese caso. O sea, me remito al juicio del magisterio. Que de pseudo-especialistas en bioética ya conocemos algunos ejemplos que mejor no seguir.

Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando alguien está en una fase terminal de una enfermedad, es apropiado aliviarle los sufrimientos si así lo pide. Ahora bien, no es lo mismo estar muriéndose que querer morir porque la vida que se lleva es muy “complicada” por causa de una enfermedad. Como Inmaculada hay muchas personas en todo el mundo. Sí, dependen de una máquina como otros enfermos dependen de unas pastillas, de un órgano trasplantado, etc. Cierto que todos querríamos vivir con buena salud y sin depender de médicos y tratamientos. Pero la vida es como es. A unos les va mejor, a otros peor. Y el Estado no puede dedicarse a ayudar a morir a los que no quieren vivir. Por esa misma regla de tres, una persona que haya perdido mujer, hijos, padres o hermanos en un accidente, puede decidir que su vida no merece la pena ser vivida y pedir al Estado que le ayude a quitarse de en medio. Si dejamos en manos del hombre cuándo merece vivir y cuándo no, abrimos la puerta a la justificación social del suicidio y todo tipo de eutanasia. Y llegará un momento en que sea el Estado, y no la persona, quien tenga la última palabra sobre quién merece seguir viviendo y quién no.

Cuando el suicidio es ya, tras el aborto, la primera causa de muerte no natural en España, no tiene lógica alguna que los políticos se pongan a mirar de qué forma puede ir colando la eutanasia poco a poco en la sociedad. Pero ya sabemos que la clase política española, en especial la gobernante, no está para servir a España sino para imponer un modelo social basado en un nihilismo moral que sólo puede llevarnos hacia el colapso como país civilizado. Nótese que todo a lo que ellos llaman derecho está enfocado hacia la muerte: aborto, muerte digna-eutanasia e incluso el matrimonio homosexual, que por su propia naturaleza no está abierto a la vida.

No sé si la sociedad española será capaz de reaccionar y hacer que el péndulo empieza a girar hacia el lado opuesto. La descristianización del país no ayuda a ser optimista, pero sólo Dios sabe hacia dónde irán nuestros pasos. De momento, la Iglesia tiene el deber de denunciar y anunciar. Denunciar la cultura de la muerte y anunciar la cultura de la vida, de la gracia y la salvación. Cualquier bajada de tono en esos dos deberes, sólo nos convertirá en cómplices de lo que ocurra.

Luis Fernando Pérez