Conozca a fondo la combativa labor de Profesionales por la Ética: 30 años defendiendo el Bien Común

Andrés Alberto Blanco Alba. Nacido en Sevilla. Padre de 3 hijos e ingeniero de profesión. Vocal y responsable de comunicación de Profesionales por la Ética. Su lema: “No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer” (El divino impaciente, J.M Pemán)

¿Cuál es el origen y las circunstancias en las que nace Profesionales por la Ética y con qué objetivos?

Profesionales por la Ética nace en 1992 de la mano de un grupo de jóvenes profesionales que asumieron el encargo de San Juan Pablo II de ser constructores de la Civilización del Amor tras la IV Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Czestochowa. Gracias al consejo y orientación de dos grandes maestros: José Luis Gutiérrez García – experto en Doctrina Social de la Iglesia- y Carlos Valverde -sacerdote jesuita y profesor de Filosofía, se pusieron manos a la obra y registraron la asociación en el Ministerio del Interior el 24 de julio.

Nacimos con la misión de influir en la vida pública para promover el valor de la persona, preservar el respeto a su dignidad y defender sus derechos fundamentales desde una perspectiva interprofesional. Desde nuestra condición de asociación civil e independiente de acción, tuvimos claro que el Magisterio de la Iglesia Católica habría de ser nuestra guía para la acción. Y así lo hemos procurado durante más de tres décadas.

¿Qué balance general hacen de estos más de 30 años?

En todos estos años, los retos éticos y los intentos por degradar el valor infinito de cada persona no han dejado de crecer. Esto se puede ver claramente en el avance imparable de la cultura de la muerte con la aparición de sucesivas leyes de aborto y la ley de eutanasia. La feroz irrupción de la ideología de género está copando todas las realidades sociales, desde las administrativas hasta las profesionales y educativas. Y por último, la corrupción de menores, que tanto dolor y sufrimiento está causando a las familias.

Mantener el pulso a estos desafíos no es tarea fácil. Por el camino hemos contado con miembros, socios y valientes colaboradores que han estado dispuestos a alzar la voz y dar un paso adelante frente a estas derivas totalitarias.

La primera campaña pública que hicimos estuvo dedicada a la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994. Otros proyectos de aquellos primeros años fueron la defensa del derecho a la vida del no nacido, la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios, el debate sobre la clonación, la Escuela de Orientación Profesional y Desarrollo Personal, el Ranking de Políticas Educativas, la campaña Haz volar la libertad de educación y la contribución a la Responsabilidad Social de la Empresa.

La asociación fue uno de los principales catalizadores del movimiento de padres objetores. Apoyamos la defensa de la libertad de los padres en la educación de sus hijos y la denuncia de la imposición de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Vendrían después iniciativas como ’VIDA Digna’, con el objetivo de promover la dignidad de la vida humana y la plataforma internacional ’Women of the World’, con un nuevo discurso sobre la mujer alternativo a la ideología de género.

Fruto de una intensa dedicación a la construcción de alianzas internacionales y a la presencia en diferentes foros, hemos obtenido reconocimiento en la FRP – Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (2013), el Parlamento Europeo (2014) y, de manera especial, la concesión de estatus consultivo ante el ECOSOC de Naciones Unidas (2016).

En 2020, fue publicado el libro Profesionales por la Ética. 25 años comprometidos con el Bien Común (1992-2017), en el que se recopila la historia completa de la asociación.

¿Por qué era importante oponerse frontalmente, como lo hicieron ustedes, a la imposición de Educación para la Ciudadanía y qué resultados obtuvieron?

A finales de 2004 y primeros meses de 2005 llegó a nuestras manos el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) del gobierno de Rodríguez Zapatero. Donde vimos claramente la pretensión del ejecutivo de introducir una serie de asignaturas para la ‘educación moral’ de los alumnos en todas las etapas escolares, que en realidad encubría una moral de Estado con la que adoctrinar en las aulas.

El periodo 2005-2009 fue una etapa crucial en nuestra historia. Se podría decir que ha sido cuando más hemos experimentado el regalo de la pasión del servicio gratuito a los demás buscando el bien común. Si hay una idea central y dominante en toda la ‘batalla de EpC’ es que los protagonistas fueron los padres objetores que decidieron dar un paso al frente para defender el derecho a educar libremente a sus hijos. Profesionales por la Ética asumió un papel proactivo y muy comprometido, pero siempre subsidiario y auxiliar para con los padres y respetuosos con sus decisiones.

Con esta batalla llegamos hasta el final, hasta que el 11 de febrero del 2009 el Tribunal Supremo rechazó, muy dividido, la objeción de conciencia a la asignatura. En extrañas circunstancias, ya que hasta ese momento había sido respaldada por buen número de fallos de diferentes Tribunales Supremos de Justicia. Digo extrañas porque a las horas de conocerse el fallo del TS compareció la Ministra de Educación con un discurso vencedor. 

La libertad de educar a los hijos conforme a las propias convicciones de los padres es un derecho natural y reconocido en la Constitución Española y en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, y como sociedad no podemos desfallecer en defenderlo.

¿Por qué han ido controlando estos años la calidad de la enseñanza en España?

Cada cuatro años hemos publicado un informe llamado ’Las políticas educativas en España: Ranking de Excelencia Educativa’ donde se comparan 58 indicadores extraídos de los datos del Ministerio de Educación y las distintas Consejerías autonómicas. El último informe mostraba con claridad que en los últimos 20 años la ‘brecha’ interregional no ha parado de aumentar. Por lo tanto, podemos decir que es urgente una convergencia de las políticas educativas de todas las Comunidades Autónomas en España. 

Una de las medidas por las que siempre hemos abogado es por asegurar el derecho de los padres a elegir el centro escolar para sus hijos sin que esta posibilidad suponga una penalización económica. Lo que implicaría superar los actuales criterios de zona y asegurar una oferta de plazas escolares que responda a la demanda social. En este sentido, implantar el ’Cheque Escolar’ sería una posible solución.

Además de esta diferencia interregional se aprecia una ‘brecha’ entre sexos. En nuestro informe, “Alerta educativa: Los grandes olvidados del sistema educativo” se observa como los chicos están por debajo de las chicas en todos los indicadores. Pero ¿quién se acuerda de ellos en esta ola de discriminación positiva hacia la mujer?

Además de la militancia contra el aborto, se opusieron fuertemente a la ley de eutanasia. ¿Se podría con el tiempo derogar esta ley?

En esta batalla por la vida frente a una nueva forma de cultura de la muerte destacó nuestra asociación hermana “Vida Digna” y su presidente Carlos Álvarez. Realizamos un informe llamado “¿Ley de muerte digna o eutanasia encubierta?. 10 claves sobre la legislación que viene” y publicado en 2022. 

Una de las miserias de la ley es la manipulación de los términos, al igual que pasó con las leyes del aborto. La ley define ‘personas en proceso final de la vida’ como personas afectadas de una enfermedad o estado incurable e irreversible, o que se encuentren en situación terminal de agonía. Esta definición no es correcta, puesto que, por ejemplo, un enfermo de artrosis tiene una enfermedad crónica, incurable e irreversible, pero no es una «persona en proceso de final de vida».

Creemos firmemente que la sociedad tiene el deber de proteger a los grupos más vulnerables, como los discapacitados y enfermos. Y estos colectivos han declarado en varias ocasiones el daño que se les hace cada vez que se habla de propiciar la muerte inducida, favoreciendo así el desánimo y el abandono sanitario ante situaciones transitorias de depresión o de desánimo explicables por las dificultades que conllevan diversas enfermedades irreversibles.

Afortunadamente en España el debate de la eutanasia todavía sigue en la actualidad política. Tenemos el maravilloso ejemplo del luchador por la vida Jordi Sabaté, y por otro lado tenemos la última gala de los Goya donde se hizo apología de la libertad para morir refiriéndose a la eutanasia. Si en España tuviéramos más valientes como Jordi Sabaté, ganaríamos la batalla a la cultura de la muerte sin ninguna duda.

También han denunciado el adoctrinamiento. ¿Cómo se puede combatir esta lacra? 

El avance del adoctrinamiento es imparable. Y resulta especialmente grave cuando se trata del adoctrinamiento en menores, ya que sus mentes y corazones no están formados todavía y son permeables a cualquier tipo de enseñanza.

Junto a la LOMLOE (2020), recientemente se han aprobado 4 leyes con adoctrinamiento ideológico en la escuela. Ley ‘Si solo es si’, la ley de Memoria Democrática, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley Trans. Las administraciones públicas no pueden abusar de su poder para imponer, desde postulados ideológicos, su particular visión de la formación moral de los alumnos en la escuela. El único papel de aquellas debe ser garantizar la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus propias creencias morales y asegurar el derecho a la educación de todos, actuando de forma subsidiaria respecto a las familias.

Como comentábamos en nuestro informe del 2024: ‘Adoctrinamiento en la escuela, cómo afrontarlo‘ . Es fundamental que los padres asumamos la responsabilidad en la educación de nuestros hijos. Si abdicamos, ya que se encargará el poder político de hacerlo por nosotros. En este sentido tenemos que estar muy atentos a todas las charlas, talleres, etc..que se organicen en el colegio, así como revisar el contenido de los libros de textos. Y por supuesto, hacer uso del ‘consentimiento informado‘ siempre a principio de curso.

Otro aspecto fuerte que defienden es la protección del menor. ¿Cuáles son los puntos en los que los menores están más indefensos?

A final del año 2022 hicimos un profundo estudio que culminó en un trabajo llamado ‘La protección de los menores frente a la pornografía, un reto social prioritario‘. A raíz de su publicación nos hemos sentado con multitud de grupos políticos en varios parlamentos autonómicos y en el Congreso y podemos decir que todos han recibido el informe con entusiasmo y con ganas de implementar alguna de las doce medidas que proponemos. Ahora vemos con alegría que este tema está con frecuencia en primera línea del debate político y social. Ya se ha visto que una de esas medidas, la de obligar a las webs que ofrecen contenidos pornográficos a adoptar sistemas efectivos de verificación de edad se ha traducido en una Ley Orgánica. No presentada todavía en las Cortes.

Otro asunto que nos preocupa seriamente es el de los protocolos escolares ‘trans’. Se trata de medidas que deben implementar los centros educativos en caso de “detectar” que existen alumnos o alumnas que se auto-perciben como “transgénero” o son percibidos como tales por su entorno (incluida la comunidad docente). Ya no nos acordamos, pero la ley 2/2016 aprobada por la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Cristina Cifuentes decía barbaridades como esta:

“La negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad o a que se establezca preventivamente un tratamiento de inhibición del desarrollo hormonal, podrá ser recurrida ante la autoridad judicial cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor. En todo caso se atenderá al criterio del interés superior del menor“

No solo se vulnera la Patria Potestad sino que van en contra de la ciencia. Ya que estos protocolos priorizan la transición social y médica, lo que contradice el principio de mínima intervención, y supone potencialmente un 80-85% de falsos positivos con el consiguiente riesgo de des-transición y secuelas a medio y largo plazo para el menor.

Y por último, ¿por qué no se puede consentir que haya listas negras de objetores de conciencia ante el aborto?

Este registro de objetores al aborto es una de las novedades que añade la última ley del aborto aprobada en 2023. La medida claramente viola el artículo 16.2 de la Constitución Española donde se reconoce que ‘Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias‘. Básicamente, porque te están obligando a registrarte en una lista para poder ejercer tu derecho.

Además la ley es discriminatoria con los objetores de conciencia ya que automáticamente les excluye de poder pertenecer a cualquier comité clínico encargado de valorar el diagnóstico que permita legalmente poder practicar o no el aborto a una mujer.

Recientemente hemos realizado una campaña de recogida de firmas donde le pedíamos a la Ministra de Sanidad, Mónica García, la retirada de este registro. Ya que obliga a los objetores a declarar y exponer abiertamente sus creencias vulnerando la privacidad y la intimidad de los profesionales de la salud.

De momento sólo cinco comunidades autónomas han implementado esta “lista negra” de objetores. Pero desde aquí le pedimos a los Colegios de Médicos y a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que alcen la voz en contra de esta medida y defiendan a los objetores de conciencia. Desde Profesionales por la Ética les tendemos la mano y estaremos a su lado siempre que decidan dar esta nueva batalla a favor de la libertad.

Por Javier Navascués