Arancha Cabello (Vox) analiza el grave impacto de regularizar 500.000 inmigrantes ilegales en España

Arancha Cabello (1968). Cabello está casada y es madre de dos hijos. Es Licenciada en CC Económicas y Empresariales. Actuario de Seguros. DEA en Economía Aplicada y Máster en Liderazgo y Dirección Pública. Además, es funcionaria del Cuerpo Superior de Actuarios, Economistas y Estadísticos de la Seguridad Social desde 2004, actualmente en ejercicio. También ha trabajado en diversos puestos de responsabilidad en la Seguridad Social y en la Administración General del Estado. Previamente, desarrolló su profesión como actuario en el sector privado. Desde 2019 es concejal de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, cargo que compagina con su labor de funcionaria.

¿Por qué han solicitado a la Agencia de Empleo de Madrid que “no participe en la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales”?

Desde VOX tenemos claro que la inmigración ilegal se ha convertido en uno de los mayores problemas que tiene España y, desgraciadamente, este problema no se está ni evaluando ni afrontando de manera responsable. Lo primero que quiero resaltar es que cada uno de los inmigrantes que vienen a nuestro país de manera ilegal son personas a las que hay que respetar en toda su dignidad; es decir, no sólo son un número en una estadística. Además, sabemos que en muchos casos vienen a España porque buscan un futuro mejor.

Dicho esto, es importante destacar que no se está haciendo un ejercicio de responsabilidad por parte de aquellos que nos gobiernan, ya que obvian cuestiones tan básicas como que la trata de personas se ha convertido en un negocio fabuloso y que, para las mafias, la vida de esas personas no importa nada en absoluto. ¿Por qué digo esto? Porque se habla muy poco de los inmigrantes que no llegan a su destino o de los que mueren por el camino. De lo que nadie habla tampoco, es de la auténtica realidad de este negocio. Y es que la inmigración ilegal ya supera la rentabilidad del comercio de drogas. Los gobernantes no deberían obviar las consecuencias de las políticas de efecto llamada y ser conscientes de que el tráfico de personas tiene una cara oculta de muerte, extorsión y explotación.

Otro elemento para tener en cuenta es nuestra capacidad de acogida. Tenemos que empezar a hablar de los efectos que tendrá en nuestra estructura económica y social el hecho de permitirle la entrada a una cantidad ingente de personas que vienen de manera ilegal. Sobre todo, teniendo en cuenta que, actualmente, en España, hay una clarísima falta de oportunidades para grandes segmentos de la población como, por ejemplo, en el de los jóvenes, en el de los mayores de 45 años desempleados o en el de los trabajadores en precariedad laboral. Además, resulta evidente que la regularización de cientos de miles de inmigrantes tendrá un impacto negativo en el mercado de trabajo; en el acceso a la vivienda; en las prestaciones sociales; en la estructura productiva; y, mayormente, en aquellos sectores de la población que están pasando dificultades.

La clase media en nuestro país está menguando, y ha aparecido un sector del que poco se habla, que es el de los trabajadores pobres. Se trata de aquellas personas que, a pesar de tener trabajo, no consiguen obtener ingresos suficientes que les permitan tener un proyecto de vida, como crear una familia. Por lo tanto, nosotros en un ejercicio de responsabilidad no podemos aceptar que la Agencia para el Empleo de Madrid participe como herramienta para hacer esta regularización masiva de personas que vienen de fuera sin llamar a la puerta.

¿Qué intención última hay detrás de esta propuesta política ante la que van a claudicar el resto de los partidos?

La única formación que no está de acuerdo con esta política de regularizaciones es VOX. Aun así, estamos convencidos de que muchos políticos de los partidos que nos gobiernan son conscientes de las graves consecuencias que se van a producir, pero como la toma de decisiones se realiza fuera de España, –como, por ejemplo, en Europa–, no tienen la valentía para enfrentarse al sistema de poder de sus propias estructuras de partido.

Estas políticas de inmigración suicidas vienen impuestas por el globalismo, y están promovidas con la misma intensidad tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Políticas que ponen en riesgo la supervivencia de Europa y la de cada una de sus naciones. Políticas que no miran por la economía, dado que la absorción de personas sin cualificación bajará de manera inevitable la creación de valor que permite unos salarios dignos y el estado del bienestar.

Es tan evidente lo que ocurrirá que nadie se plantearía una decisión tan perjudicial si no tuviera importantísimos incentivos. Es más, la Comisión Europea va a otorgar cantidades inmensas de dinero para que se regularicen a los inmigrantes ilegales. Por poner un ejemplo, la Agencia para el Empleo de Madrid publicó en julio convocatorias de subvenciones para ONGs, que recibirán 25.000 euros por cada trabajador al que le den formación e introduzcan en el mercado laboral en programas de 10 meses. Y no sólo eso, sino que también se prevé que la Agencia para el Empleo de Madrid ejecute un presupuesto de 80 millones de euros en 2025, que irán a parar en gran parte a estas organizaciones sin ánimo de lucro, la patronal y los sindicatos mayoritarios.

¿Qué impacto tendrá la regularización de los 500.000 inmigrantes ilegales en la estructura económica de España?

En relación con lo anterior, el impacto será muy negativo porque España tiene problemas estructurales graves en el mercado de trabajo y en su sistema productivo. De hecho, tenemos la tasa de paro más alta de Europa con un paro juvenil que ya supera el 24%. Hemos perdido peso en aquellos sectores que producen bienes con mayor valor y, sin embargo, crecemos en aquellos con menos productividad. Los salarios sólo pueden crecer cuando se producen bienes y servicios con alto valor añadido. Por ello, si sustituimos mano de obra de alta cualificación por baja, los salarios necesariamente caerán.

¿Cómo dificulta a los jóvenes españoles encontrar trabajo en España?

La cifra de paro de los jóvenes en España es inasumible y también los salarios a los que pueden optar. Los jóvenes españoles con formación están emigrando porque no encuentran oportunidades para progresar y tener un proyecto de vida. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si el personal cualificado se va, las empresas que aportan valor tampoco estarán aquí, y nuestra estructura productiva se devaluará y generará peores salarios. España se empobrecerá y los trabajadores también.

Si no podemos ofrecer trabajo casi a uno de cada cuatro de nuestros jóvenes y sufrimos una emigración de los más cualificados a razón de 40.000 al mes, está claro que el impacto de una regularización de cientos de miles agravará esta situación.

¿Cómo contribuye al empobrecimiento y precarización de nuestra patria?

Se da la circunstancia de que las tasas más altas de paro se están dando en trabajadores con poca cualificación y, además, existen puestos de trabajo que no se pueden cubrir por falta de personal especializado. Así que, previsiblemente, esos cientos de miles de trabajadores sólo encontrarán trabajos precarios, por lo que tampoco podrán realizar un proyecto de vida digno, provocando que sean dependientes de los servicios sociales.

Asimismo, existe la otra cara de la moneda. Se trata de la pérdida de capital humano de sus países de origen, que están viendo que miles de sus trabajadores tampoco podrán aportar en aquellos lugares donde se les necesita para desarrollarse económicamente. El cardenal Sarah esto lo explica muy bien.

¿Cuáles serán los sectores y clases sociales que más lo sufrirán?

Cualquiera que haya estudiado mínimamente las consecuencias de las regularizaciones masivas, sabe que España no puede asumir este despropósito sin sufrir unas consecuencias nefastas que afectarán a las personas con menos recursos, aunque también lo harán en el medio y largo plazo a la totalidad de la sociedad española. Los primeros afectados serán los trabajadores con salarios más bajos con la precarización de las jornadas, ya que se incrementará el número de contratos a tiempo parcial, ahondando en el fenómeno de los trabajadores pobres.

¿Por qué lo califica de ruina para Madrid y España?

Hemos estado hablando tan solo de las consecuencias de las regularizaciones masivas de inmigrantes en el mercado de trabajo, pero hay muchas otras asociadas que también son muy obvias y que se derivarán del reagrupamiento familiar. Tenemos que comprender que estas personas querrán, como es lógico, traer a su familia. Así que nos encontraremos muy previsiblemente con más de 2 millones de personas que necesitarán servicios básicos como una vivienda, sanidad o servicios sociales.

Las preguntas que deberíamos hacernos son: ¿Qué va a pasar con la asistencia sanitaria pública? ¿Alguien ha evaluado el impacto de la entrada de millones de personas en el sistema? ¿Los servicios sociales van a poder otorgar prestaciones a estas personas sin disminuir las de aquellos españoles o residentes legales que las necesiten?

Desgraciadamente, los recursos son finitos y habrá muchos usuarios de los servicios sociales actuales que se vean expulsados de estas ayudas porque los nuevos beneficiarios estarán previsiblemente en peor situación que los actuales.

Y, por último, está el tema de la integración cultural. Es muy difícil que, ante la llegada de un enorme número de personas con formas de vida, cultura y religiones diferentes a la nuestra, se integren. Y es que, como es lógico, se sentirán más cómodos con sus propias costumbres y no necesitarán hacer ese esfuerzo de integración porque buscarán convivir con los más afines, y se cambiará la conformación social y cultural de los barrios con menos renta.

¿Qué soluciones proponen ustedes para que esto no suceda?

En primer lugar, tenemos que ser realistas y responsables y reconocer que España no tiene capacidad para acoger a los cientos de miles de inmigrantes ilegales que están llegando y mucho menos promover su regularización. Desgraciadamente la irresponsabilidad de los partidos que nos gobiernan está provocando que las decisiones que necesariamente habrá que tomar en un futuro sean más difíciles para todos.

Al final tenemos que entender que las personas que vengan a España a trabajar con nosotros deben venir con nuestra invitación, de manera ordenada y con un contrato de trabajo en mano. Sólo así tendremos la posibilidad de ofrecerles un proyecto de vida dentro de nuestra sociedad. No sólo es por nosotros, también es por ellos. Y, hoy en día, y muy a nuestro pesar, esto únicamente lo propone VOX.

Por Javier Navascués