Política

El Catecismo nos dice muchas cosas. El Catolicismo tiene vocación de universalidad, de unidad, de coherencia. No se les puede pedir a las personas lo que no sea bueno también para las sociedades y para los Estados.

En el campo político la responsabilidad corresponde, sobre todo, a los cristianos laicos. A ellos atañe el esfuerzo por “descubrir e idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas” (n. 899).

La doctrina católica anima a la participación de las personas en la vida social, impulsando y alentando la creación de sociedades e instituciones de libre iniciativa con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales.

La autoridad política ha de estar al servicio de bien común; siempre empleando medios lícitos para lograr ese fin. No todo lo que dictamina la autoridad política es, sin más, admisible: “Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia” (Catecismo 1903).

La persona es libre, civilmente hablando; es decir, tiene derecho a no ser coaccionada, sobre todo en materia religiosa. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana; en especial, los derechos de las familias y de los desheredados.

Cuando las autoridades civiles prescriben preceptos contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio, el ciudadano tiene la obligación, en conciencia, de resistirse a esas prescripciones.

¿Estaremos dispuestos a la coherencia? Transigir en lo esencial no parece el mejor camino para servir al bien común.

Guillermo Juan Morado.