(La República) El Vaticano considera que Cipriani tendrá desde ahora la potestad de proponer a Roma el nombre del rector, de una terna salida de la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno y que goza de autonomía de acuerdo con la Ley Universitaria.
La observación del Vaticano se hizo después de 44 años, en medio de un conflicto judicial entre el Episcopado peruano y la Católica, por la administración de los bienes universitarios.
“El Episcopado tiene derecho a participar en la vida universitaria a través del Gran Canciller”, señala el documento pontificio y establece que el rector electo otorga su “profesión de fe” al cardenal antes de ejercer el cargo.
Autoridades de la Universidad interpretan esta observación al Estatuto como intento de sometimiento absoluto al cardenal Cipriani. La universidad –según Roma– debe someterse a las leyes peruanas y a la Constitución “Ex Corde Ecclesiae” de 1990, según la cual los profesores “deben respetar la doctrina y la moral católica en su investigación y enseñanza”.
Respaldo al rector
La Universidad envió el 2010 sus estatutos al Vaticano para que los apruebe y la respuesta es que los cambios deben hacerse “necesaria e ineludiblemente”.
Luis Gaspar, juez del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima, aclaró que las observaciones “no afectan la autonomía” del centro superior. Explicó que Roma quiere garantizar respeto a la identidad cristiana y los cánones de la Iglesia Católica.
En respuesta, la Asamblea Universitaria se reunió y respaldó el estatuto actual de la PUCP que tiene “el consenso de su comunidad universitaria”. El órgano colegiado reafirmó la preservación de su autonomía universitaria y “el derecho a la propiedad privada de sus bienes, de acuerdo con la Constitución y la legislación peruana” y declaró que los bienes de esta casa no son de la Iglesia ni regidos por el Derecho Canónico, sino por las leyes peruanas.
La Asamblea respaldó al rector Marcial Rubio, reafirmó su identidad católica y decidió formar una comisión para estudiar la propuesta de reforma del Vaticano.
El rector Rubio señaló que el pronunciamiento será en 30 días pero sostuvo que “solo la Asamblea Universitaria puede modificar el Estatuto, no el Vaticano ni el Cardenal Cipriani, y la universidad cree que solo la Asamblea se encarga de elegir al rector”.
“El cardenal Cipriani busca presionar para apoderarse de la universidad y no lo logrará, pues el centro del conflicto es el patrimonio: mil millones de soles están en juego, es un tema de dinero y de poder. El arzobispo está en guerra con la universidad desde hace 12 años, pero las propiedades son de la universidad y no bienes eclesiásticos”, dijo a este diario.
Es intromisión inexplicable
El constitucionalista Henry Pease señaló que la elección del rector, vicerrectores y la reforma de los estatutos de la universidad solo es potestad de la Asamblea Universitaria y que la Ley 23733 establece su autonomía. Explicó que el rector es elegido por dos tercios de los profesores, un tercio de los estudiantes y una representación menor de promotores.
“Este tipo de intromisión es inexplicable e inaudita y nunca se ha visto en la universidad. La Universidad defiende valores y principios de sus fundadores y es una obra de católicos, no sujeta al capricho de jerarcas de la Iglesia peruana”, dijo.
El sociólogo y ex congresista, señaló que el título de Pontificia fue otorgado a este centro al cumplir sus 25 años, en 1942 y que ahora se quiere utilizar esta denominación católica para ejercer su control.
El rector Rubio admitió que la universidad podría perder el título de Pontificia y Católica y en ese caso, debería cambiar de nombre. “Sin embargo, el nombre de Pontificia Universidad Católica del Perú nos pertenece, de acuerdo a la legislación peruana”.
Claves
José de la Riva Agüero y Osma fijó en su testamento de 1938 una junta para administrar sus bienes con participación cardenalicia. El principal beneficiado fue la U. Católica, que en 1964 se convirtió en propietario del campus de 43 hs y del centro Plaza San Miguel.
En abril del 2010 el Tribunal Constitucional rechazó un amparo de la PUCP para que el Arzobispado no participe en la administración de sus bienes.
