(Agencias/InfoCatólica) “No se trata de desaparecer, sino de no financiar este tipo de colegio”, sostuvo Pajín. “En ningún caso vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa ni moral conforme a sus convicciones, y en ningún caso vulnera la libertad de educación”, resaltó Pajín, quien también aclaró que no afecta a la creación de nuevos centros escolares.
Los argumentos de la ministra podrían servir igualmente para retirar el concierto de la totalidad de la escuela privada en España.
CiU se opone
La portavoz de CiU en la Comisión de Igualdad del Congreso, Merce Pigem, ha señalado que la supresión de subvenciones a colegios de educación diferenciada, que contempla la aprobación del proyecto de ley de Igualdad de Trato en el Consejo de Ministros este viernes, vulnera competencias autonómicas además de ser “discriminatorio” al limitar el acceso a este tipo de educación a las familias económicamente acomodadas, excluyendo de esta opción a las clases medias.
“Hay que respetar lo que dicen los padres de clases medias porque sus impuestos son igual de válidos que los de otros. El informe de Consejo de Estado dice que no es discriminatoria la educación diferenciada. Si el Gobierno así lo ha decidido en la ley es una opción ideológica con la que no estamos de acuerdo”
En caso de que CiU y el PNV se opongan a la ley, la misma no podría ser aprobada en el Congreso.
Rechazo de la FERE-CECA
En noviembre pasado, el director de servicios de Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas (FERE-CECA), Luis Centeno, ya se manifestó en contra de la iniciativa propuesta por el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Ley de Igualdad de Trato, por considerar que “atenta contra la libertad de enseñanza” ya que limita las opciones de los padres a la hora de seleccionar el tipo de educación que quieren para sus hijos, porque, según ha indicado, sin conciertos económicos sólo las personas de cierto poder adquisitivo podrían seleccionar la educación diferenciada.
En declaraciones a Europa Press, Centeno dijo: “Esa es la trampa. Si la educación diferenciada es legal, por qué no se puede sostener con fondos públicos y, si resulta ser ilegal, por qué no se prohíbe toda, esté concertada o no”. A su juicio, la educación diferenciada nunca será discriminatoria mientras cumpla los requisitos de la Convención de la UNESCO sobre la materia, es decir, la obligatoriedad de que el currículo sea el mismo para niños y niñas, los profesores tengan la misma formación, las titulaciones resultantes sean equivalentes y los centros dispongan de similares instalaciones y equipamientos.