(Meritxell Mir/El Mundo) Un reciente estudio la Universidad de Zúrich revela que, aunque una inmensa mayoría de los suizos está a favor de poder decidir sobre el final de su vida, un tercio se opone al “turismo de suicidios”. Se trata especialmente de extranjeros llegados de Alemania y del Reino Unido, donde imperan las leyes más estrictas del continente.
La legislación helvética permite el suicidio asistido, aunque no la eutanasia, de manera que es el propio paciente el que se administra la dosis letal proporcionada por un médico. Existen dos organizaciones sin ánimo de lucro que lo practican, Exit y Dignitas. De las dos entidades, sólo Dignitas acepta a extranjeros, que representan alrededor de un 85% del total anual, que se sitúa en torno al centenar de personas. Además, esta organización sólo opera en Zúrich.
Dos iniciativas
Aunque tanto el Partido Evangélico como la Unión Democrática Federal han hecho la campaña de la iniciativa con el “turismo de suicidios”, lo cierto es que la redacción de la votación se refiere a cualquier ciudadano que viva fuera del cantón de Zúrich. “En realidad, lo que quieren es restringir el acceso al suicidio de los suizos que habitan en los otros 25 cantones del país; los extranjeros les importan más bien poco”, asegura Bernard Sutter, vicepresidente de Dignitas. No obstante, subraya que la ley sería inconstitucional porque violaría el principio de no discriminación entre ciudadanos.
De hecho, la primera iniciativa es sólo una variante menos restrictiva de la segunda, que también se vota este domingo y que no pretende prohibir sólo el “turismo de suicidios” sino el suicidio asistido en todo el país. “Esa iniciativa está fuera de la ley, porque asistir a alguien para que haga algo que es legal nunca puede ser ilegal, y el suicidio es legal”, explica Sutter, quien recuerda que en 2006 el Tribunal Federal ya confirmó el derecho a la autodeterminación para la muerte.
Aunque el 'no' en esta segunda votación se da casi por sentado, el resultado es importante porque servirá a la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, para tomar el pulso a la sociedad con vistas a la nueva ley que prepara para este verano. Tras años de polémicas en torno a las organizaciones que ayudan al suicidio (algunas basadas en hechos y otras, en especulaciones), el Gobierno suizo ha decidido regularizar dicha práctica.
