(El Universal/InfoCatólica) El sábado coincidirán una marcha “contra la reeelección” que convocó la opositora Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) y una “caminata por la paz” organizada por el gobierno en apoyo a Ortega y su candidatura en los comicios del 6 de noviembre próximo.
Para el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, “es importante que el gobierno garantice que no habrá violencia” de los simpatizantes de Ortega, como ocurrió tras los comicios municipales de 2008 cuando varios opositores fueron agredidos en las calles.
Asimismo, el obispo de Granada, monseñor Bernardo Hombasch, afirmó que tanto oficialistas como opositores “tienen derecho de expresarse porque son nicaragüenses y son hijos de este pueblo”.
“Un gobierno tiene que ser para todos y no meramente para un partido”, agregó el prelado de origen alemán tras solicitar a la Policía “que defienda un poco el profesionalismo que ganó en los años 90 y que no se venda ahora y se ponga al lado de una opinión”. De lo contrario, “estaremos sembrando violencia para el futuro”, advirtió.
La Policía Nacional, a través de su portavoz Vilma Reyes, prometió movilizar a sus efectivos para “brindar seguridad a las familias nicaragüenses y a todas las personas que decidan participar en cualquiera de las dos actividades”. Altos mandos de la Policía pidieron a los líderes de la UCD que modifiquen la ruta de su marcha, pero éstos rechazaron la solicitud señalando que ellos pidieron primero el permiso de movilización y que el gobierno organizó una “contra-marcha”.
La UCD protestará contra la “ilegal e inconstitucional” candidatura de Daniel Ortega, y para exigirle que autorice la presencia de observadores locales y extranjeros en las elecciones.
Daniel Ortega, que gobernó por primera vez de 1985 a 1990, fue inscrito nuevamente como candidato del partido Frente Sandinista, pese a que el artículo 147 de la Constitución prohíbe ocupar el cargo de presidente más de dos veces y en dos períodos consecutivos.
Sus seguidores afirman que su candidatura está respaldada por una sentencia emitida por seis magistrados judiciales afines al partido de gobierno, que declaró inaplicable para Ortega el referido artículo 147 de la Carta Magna.
