(La Opinión de Murcia) Las diligencias penales se abrieron por la demanda presentada por la Asociación preeminencia del Derecho, que preside el abogado José Luis Mazón, el pasado mes de julio y planteaba que el presidente podría haber incurrido en un delito de suspensión ilegítima de una disposición general, que recoge el artículo 524 del Código Penal, “que se comete por la autoridad o funcionario público que careciendo de atribuciones suspendiere una disposición general”, y para el que la normativa contempla una pena de prisión de uno a tres años y la inhabilitación para ostentar un cargo público de seis a doce años.
“Decir que no pensaba aplicar una ley no es un delito, sólo una manifestación de la voluntad”, indicó el fiscal jefe ayer a esta redacción en alusión a su informe. López Bernal matizó que “Valcárcel dijo que no la aplicaría, pero rectificó y no llegó a cumplirlo, ya que si lo hubiera hecho, habría sido otra cosa”. El fiscal jefe concluye su postura respecto a este asunto explicando que «una manifestación no es una prevaricación».
Palabras de Valcárcel
Las declaraciones por las que la asociación presentó su denuncia fueron las que el presidente realizó el pasado 1 de julio, donde manifestó: “De momento no hay razones para acatar la nueva ley del aborto porque aún no se ha resuelto todo y no hay sentencia en firme”.
“Yo no aplico esta ley en tanto no se me aclare si los efectos son o no suspensivos, pero que lo aclaren las instancias judiciales, no las políticas”, dijo Valcárcel.
Una semana más tarde, el presidente rectificó diciendo que la Comunidad iba a acatar y aplicar la nueva ley del aborto tras conocer el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según el cual la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del PP contra la norma no tiene efectos suspensivos. “Si no hay efectos suspensivos, hago lo que siempre he hecho en los 15 años que vengo presidiendo la Región de Murcia, acatar todas las leyes. Unas me gustan mucho, otras me gustan menos, pero se acatan”, afirmó Valcárcel el 7 de julio.
