(EP/InfoCatólica) En Asturias, los colegios de Fomento esperan una sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la retirada del concierto. Los colegios de Fomento asturianos, Los Robles (masculino) y Peñamayor (femenino), esperan una inminente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre la retirada del concierto educativo por parte del Principado de Asturias a dichos centros educativos por lo que la Administración regional califica de segregación.
La decisión del alto tribunal asturiano puede ser un argumento judicial ante lo que podría ser una retirada en toda regla de las subvenciones públicas si la ley de Igualdad de Trato que prepara el Gobierno central se aprueba tal cual aparece en el anteproyecto.
Los Robles, primero, y el Peñamayor, después, presentaron en su día un recurso contra la decisión de la Consejería de Educación, todavía presidida por Iglesias Riopedre, y el tribunal asturiano concedió la suspensión de la retirada del concierto hasta que exista una sentencia definitiva, que parece ya muy cercana, según pudo saber este periódico. La retirada del concierto educativo afectaba sólo a los niños que se matricularan en el primer curso de Primaria.
Anteproyecto de Ley de igualdad discriminaría a los colegios de educación diferenciada
Esta semana, el director de servicios de Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas (FERE-CECA), Luis Centeno, ha rechazado la iniciativa propuesta por el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Ley de Igualdad de Trato, por considerar que “atenta contra la libertad de enseñanza” ya que limita las opciones de los padres a la hora de seleccionar el tipo de educación que quieren para sus hijos, porque, según ha indicado, sin conciertos económicos sólo las personas de cierto poder adquisitivo podrían seleccionar la educación diferenciada.
En declaraciones a Europa Press, Centeno dijo: “Esa es la trampa. Si la educación diferenciada es legal, por qué no se puede sostener con fondos públicos y, si resulta ser ilegal, por qué no se prohíbe toda, esté concertada o no”. A su juicio, la educación diferenciada nunca será discriminatoria mientras cumpla los requisitos de la Convención de la UNESCO sobre la materia, es decir, la obligatoriedad de que el currículo sea el mismo para niños y niñas, los profesores tengan la misma formación, las titulaciones resultantes sean equivalentes y los centros dispongan de similares instalaciones y equipamientos.
Escuelas Católicas-FERE y CECE
En esta misma línea, el vicepresidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Valeriano Aldonza, ha subrayado que la educación diferenciada por sexos no es discriminatoria, según algunas sentencias judiciales del Tribunal Supremo y que, a pesar de que este tipo de enseñanza que separa a chicos de chicas parezca “impopular” tiene, a su juicio, “muchísima demanda”.
Aldonza ha asegurado que CECE siempre va a estar a favor del criterio de “libertad de enseñanza” de los padres para elegir el centro al que desean que acudan sus hijos y se ha mostrado sorprendido de que la administración pudiera poner obstáculos a los centros diferenciados, con gran demanda. “Chirría un poco que la administración ponga trabas para que no estén abiertos”, ha precisado.
Por todo ello, ha afirmado que si se retirase la financiación pública de estos colegios les parecería mal porque, según ha apuntado la patronal, tienen derecho a ser financiados con fondos públicos pues ofrecen a las familias “un modelo pedagógico tan válido, legítimo y reconocido por la Constitución como cualquier otro”.
CECE ha afirmado que este anteproyecto de ley incumple la Directiva Europea de 13 de diciembre de 2004 sobre el Principio de Igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y suministros, “que reitera el carácter no discriminador de la educación diferenciada”.
