(Tiempo Libre/InfoCatólica) Así lo alertó el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y arzobispo de Mérida, monseñor Baltazar Porras, quien en conversación telefónica con El Universal, reiteró las críticas de los prelados a la decisión de la anterior Asamblea Nacional de entregarle poderes especiales al presidente Hugo Chávez para legislar vía decreto durante año y medio.
–Usted dice que están en peligro las donaciones que reciben desde el exterior. ¿La Ley de Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, la cual pone obstáculos a las organizaciones civiles para obtener financiamiento desde el extranjero, los puede afectar?
Sí, porque prácticamente se considera como organizaciones no gubernamentales a todas las instituciones por igual y ella establece una restricción bastante grande. Nos informaron en estos días que ya hay una reglamentación al respecto, la cual establece que fuera de lo que es ayuda estrictamente humanitaria, que llega a través de Cáritas, se puede ver impedida ayuda para la Conferencia, para las diócesis y las parroquias. Donaciones de vehículos, por ejemplo, que es una de las más comunes que hacen las agencias católicas de cooperación, o las destinadas a financiar la formación de personal religioso podrían dejar de recibirse.
Si se califica o descalifica a la Iglesia Católica como un partido político, pues cualquier ayuda económica para el funcionamiento de la institución eclesial se puede ver afectada.
–El Gobierno dice que esta ley está ajustada a la Constitución y a los estándares internacionales y recuerda que en otros países hay instrumentos similares.
Esta ley demuestra que la intención del Gobierno es restringir la posibilidad de que las organizaciones civiles venezolanas puedan recibir fondos desde el exterior y pone en evidencia una contradicción más, pues mientras él apoya, colabora y financia a organizaciones y movimientos en otros países, aquí quieren impedir esto. Es inaceptable que lo que es bueno para fuera sea malo para dentro.
–¿De dónde reciben donaciones en estos momentos?
Las agencias católicas de cooperación de España, Alemania e Italia han sido tradicionalmente muy generosas, lo mismo que la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos.
–¿Usted cree que estas acciones contra la Iglesia forman parte del anuncio presidencial de que las relaciones con el Vaticano serían revisadas?
Yo pienso que no es solo una situación que tiene que ver con las relaciones Iglesia-Estado o del deterioro de las relaciones del Estado venezolano con el Vaticano, sino que es parte de una política más general. Hoy por hoy tenemos a una instancia (el Gobierno) que quiere ser el un único protagonista en la vida del venezolano y que hace todo lo posible por desplazar a cualquier institución que tenga o haya tenido injerencia en la vida social, educativa, económica y espiritual. La idea del Gobierno es destruir o minimizar a toda institución que haga sombra: La Iglesia, los medios de comunicación, el empresariado, etc.
–Durante su nonagésima quinta asamblea la CEV criticó la Ley Habilitante y advirtió que la misma pone en riesgo la democracia. ¿En qué sustentan sus señalamientos? ¿Cuál es la diferencia entre esta ley y las tres anteriores?
Nuestro análisis más que legal o constitucional se centra en lo moral. La Habilitante y las demás leyes conceden el ejercicio de casi todos los derechos al Ejecutivo. Hay que recordar que uno de los factores claves para la democracia es la autonomía e independencia de los poderes públicos. ¿Para qué? Para que existan equilibrios y evitar que haya abusos. Esta Habilitante prácticamente anula el mandato popular de un Parlamento al que le toca no solo legislar sino ser el contralor de la labor de los entes públicos y si esto desaparece y se concentra solo en el Poder Ejecutivo, indudablemente que pierde legitimidad y cercena derechos.
–Ustedes solicitaron al presidente que devuelva los poderes especiales. ¿Esto es posible? ¿Creen que es factible que el TSJ deje sin efecto este instrumento?
Las voces que se están alzando dentro y fuera del país deben hacer reflexionar a las autoridades y darles a entender que no se puede ejercer un poder que esté por encima o al margen de la Constitución y de la opinión popular expresada en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Este mensaje debe ser atendido por aquel que debe ser el primer guardián de la Constitución (el TSJ), quien no puede seguir saltándose la talanquera, porque esto lo que trae es mayor conflictividad social, un clima de anomia donde cada quien hace lo que quiere y donde quien tiene más poder o recursos actúa de manera impune, llevándose por delante a los pobres.
