(Juan Francisco Alonso/La Gaceta) “Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público”. Eso reza el artículo 59 de la Constitución bolivariana de Venezuela. Empero, en los últimos años, el Gobierno de Hugo Chávez ha venido adoptando una serie de medidas que dificultan el ejercicio de este derecho, según denunció la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), al celebrar días atrás su 95 asamblea ordinaria.
En entrevista exclusiva con La Gaceta, el primer vicepresidente del organismo, Mons. Baltazar Porras, se refiere no sólo a las amenazas que, a su juicio de los prelados, se ciernen sobre la institución eclesiástica, sino también sobre el país, a raíz de la aprobación, por parte del anterior Parlamento –adicto al chavismo– de poderes especiales para que el líder bolivariano pueda legislar vía decreto durante año y medio.
–Ustedes afirman que el Gobierno ha tomado medidas para restringir la libertad religiosa, pero en Venezuela nadie ha sido detenido por profesar su fe ni ninguna iglesia ha resultado clausurada. ¿En qué se basa su denuncia?
–Antes que nada, valdría la pena recordar el mensaje del Papa en la reciente jornada mundial de la Paz, en la que destacó que la libertad religiosa es un derecho humano, no un privilegio. En Venezuela el Gobierno ha venido tomando algunas medidas que lejos de garantizar este derecho, lo que han hecho es restringirlo. Por ejemplo, hay una política sostenida que consiste no en negar, pero sí en eternizar los trámites para el ingreso a Venezuela de personal religioso católico, mientras que al de otras denominaciones religiosas es mucho más expedito. Esto no sólo ha traído como consecuencia que menos personal religioso o laico pueda venir, sino que haya una merma en los centros de formación. Venezuela se había convertido en las últimas décadas en un sitio de formación de personal iberoamericano, sobretodo de novicios, pero ha habido que optar por cerrar esos centros y enviar a los venezolanos a otros lugares de América Latina.
–¿Qué otros límites ha impuesto el chavismo a la libertad religiosa?
–Las autoridades también les vienen negando a algunos obispos, sacerdotes y grupos católicos el acceso a las cárceles donde venían trabajando. Hoy por hoy para entrar a las cárceles se necesita del permiso expreso del ministro del Interior. Asimismo hay que recordar que en las distintas propuestas de reforma del currículo escolar presentadas en los últimos tiempos se habla de suprimir la educación religiosa, aún cuando la Constitución la prevé. Y está la permanente campaña de descrédito que contra la Iglesia que se lanza desde los medios públicos. Durante la crisis generada por las recientes lluvias esta campaña volvió y desde todas las televisiones del Estado se acusó a la Iglesia de no estar con los damnificados.
–¿El ataque sólo afecta a la Iglesia católica?
–No, también hemos visto como varias iglesias evangélicas han sido despojadas de sus pertenencias o de sus lugares de culto en Caracas. Es por esto que consideramos que la libertad religiosa está en riesgo en Venezuela.
