(Agencias/InfoCatólica) El informe fue presentado en una rueda de prensa, celebrada este viernes en Lovaina, por el profesor Peter Adriaenssens, presidente de la Comisión para el Tratamiento de Denuncias por Abusos Sexuales en una Relación Pastoral (enero- junio 2010).
El psiquiatra infantil encargado de dirigir la comisión, Peter Adriaenssens, que ha preferido referirse a los afectados como "supervivientes" en lugar de como víctimas, ha explicado que recibieron más de 475 quejas, y que el informe recoge el testimonio de 124 de estos denunciantes, en su mayoría personas mayores de 50 años.
Los miembros de la Comisión dimitieron en pleno después del polémico registro policial del 24 de junio de la sede del arzobispado de Malinas-Bruselas, en el que se secuestraron sus archivos. Este registro fue declarado ilegal este jueves por la justicia belga.
La comisión 'Adriaenssens' recibió estas denuncias de personas que sufrieron los abusos cuando tenían, la mayoría, entre doce y quince años de edad. "La realidad es sin duda peor de lo que pensamos", ha admitido el psiquiatra al referirse a los casos de suicidios de los que le informaron durante los seis meses que ha estado en marcha esta investigación. Al menos 13 de los niños que fueron víctimas de estas agresiones se quitaron la vida y otros seis lo intentaron.
El contenido del informe está disponible en una página web (www.commissiemisbruik.be) y mantiene todas las declaraciones de las víctimas protegidas bajo el anonimato.
Peter Adriaenssens ha explicado que en torno a la mitad de los autores de las agresiones sexuales han fallecido ya, lo que en su opinión indica que las víctimas no se sienten aliviadas con la muerte de su abusado, sino que esperan "la corrección de una mentira histórica". Además, ha detallado que muy pocos casos podrán ser juzgados en vía penal, por haber transcurrido el plazo de prescripción de 10 años que la ley establece para estos delitos. En efecto, de los 124 testimonios de abusos sexuales recogidos, cometidos por por sacerdotes, religiosos y profesores o monitores, la mayor parte tuvieron lugar en las décadas de los 50-70, y muy pocos son posteriores a la década de los 90.
La comisión explica haber recibido un gran número de los testimonios tras la dimisión forzada, el pasado 23 de abril, del obispo de Brujas, Roger Vangheluwe, que reconoció haber abusado sexualmente de su sobrino entre 1973 y 1986. La comisión recibió 327 denuncias de hombres y 161 de mujeres. Entre los testimonios más conmovedores, el documento, de 200 páginas, revela que 13 víctimas se suicidaron por trastornos relacionados con "los abusos sexuales de un sacerdote". Otras seis personas que vivieron semejante experiencia durante su infancia cometieron tentativas de suicidio, revela el informe.
El informe subraya que los abusos sexuales a la mayoría de las víctimas se inició a los 12 años, pero que también hay casos de niños que sufrieron vejaciones a los 2, 4, 5 y 7 años. La descripción que hacen las víctimas de los autores de los abusos es generalmente imprecisa, debido a los años que han transcurrido desde que ocurrieron los hechos, pero, tras las verificaciones pertinentes, la comisión determinó que 102 de los 124 eran miembros de una congregación religiosa. "Se puede decir que ninguna congregación queda al margen de los abusos sexuales a menores por parte de uno o varios de sus miembros", detalla el informe.
En sus recomendaciones, los miembros de la Comisión afirman: "Las víctimas esperan y merecen una Iglesia valiente, que no tenga miedo de afrontar su vulnerabilidad, de reconocerla, de cooperar en la búsqueda de respuestas equitativas". "La Comisión aconseja a la Iglesia que dé un verdadero lugar a las víctimas. Se han presentado varias propuestas: una jornada de víctimas de la Iglesia, un lugar de recuerdo y oración. La Iglesia debería dar un lugar a este tema en sus propios ritos".
La Comisión propone crear "un fondo de solidaridad por las víctimas: la Comisión aboga a favor de una responsabilización de los autores de abusos haciéndoles contribuir entre otras cosas en un fondo que sirva para ofrecer terapia u otros tratamientos a las víctimas para las que sea necesario".
La Comisión constata que en la Iglesia en Bélgica no existe una iniciativa específica para el tratamiento de autores de estos hechos. "Es una falta grave. La colaboración con otros países puede ayudar a elaborar una respuesta a esta ausencia". "La Iglesia debe afrontar expresamente los mecanismos internos que aumentan el riesgo de abusos de posición de fuerza, la manera en que puede intervenir de manera preventiva, asegurar transparencia y reforzar la competencia y la empatía de los religiosos", añade el informe.
