(Agencias/InfoCatólica) En concreto, el juez Royce Lamberth, de la Corte de Columbia, ha admitido la apelación del grupo 'Nightlight Christian Adoptions', argumentando que las iniciativas fomentadas desde la Casa Blanca violan una ley federal (la enmienda Dickey-Wicker) que prohíbe el uso de fondos públicos para “destruir” embriones humanos en experimentos clínicos. En el fallo, el juez Lamberth indica que “no se puede prohibir la financiación federal sólo para la parte de la investigación en la que el embrión es destruido; si la investigación con células madre embrionarias supone destruir un sólo embrión, entonces financiarla supone quebrantar la ley”.
La demanda se basa en la premisa de que financiar este tipo de prácticas “quita fondos a los investigadores que realizan estudios con células madre adultas”. Su acusación se dirige contra los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), principales representantes de la investigación sanitaria pública en Estados Unidos. La demanda fue desestimada en primera instancia y readmitida en apelación por el juez Lamberth.
Clinton, Bush y Obama
En 2001, tres años después de que comenzaran los primeros experimentos, el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush restringió nuevas líneas de investigación con financiación federal que usaran células madre embrionarias, anulado la autorización de Bill Clinton. En uno de sus primeros actos públicos después de asumir el poder, Obama revocó la política impuesta por la Administración Bush y los NIH establecieron un proceso para decidir qué partes de las células madres embrionarias pueden ser usadas por investigadores con fondos federales. Las nuevas líneas no autorizan el uso de esta financiación para crear las células madre, pero permiten que los investigadores trabajen con ellas si son creadas por otro laboratorio.
Los grupos pro-vida aplauden la decisión judicial
El asesor del Alliance Defense Fund ha afirmado que “la corte simplemente está reconociendo la existencia de una ley aprobada por el Congreso que impide que los estadounidenses paguen por la experimentación con embriones humanos” y que “los estadounidenses no pueden estar obligados a pagar por experimentos –prohibidos por una ley federal– que destruyen la vida humana”.
Por su parte el presidente del Family Research Council, Tony Perkins, resaltó que la decisión del juez Lamberth “es un claro rechazo al intento de la administración Obama de ignorar una ley que claramente prohíbe la financiación de la investigación que involucra la destrucción de embriones humanos”. “En vez de concentrarse en la investigación que destruye embriones, el gobierno debería concentrar sus recursos en las células estaminales adultas que ya están mejorando la salud y salvando la vida de pacientes con cáncer, enfermedades del corazón, diabetes, lesiones a la médula espinal y muchas otras dolencias”, explicó.
“El Gobierno de Obama intentó esquivar la ley al sostener que sólo financiaba la investigación después de que los embriones son destruidos”, comentó el jefe de la asociación Americans United for Life, Charmaine Yoest. Así, “la sensata decisión del juez Lamberth confirma lo que ya se sabía, que la política del Gobierno viola la ley”, agregó.
