(Agencias/InfoCatólica) Rodríguez Sendín aseguró que los profesionales de la medicina se enfrentan a actos, como el del aborto o el de la reproducción asistida, susceptibles de provocar problemas de conciencia a sus profesionales.
Uno de los reglamentos prevé que las menores vayan a la clínica acompañadas de su padre o de su madre para acreditar que éstos están informados, algo que no se contemplaba inicialmente. Ahora bien, si la menor alega conflicto familiar para no acudir con uno de sus progenitores, el médico determinará si esa oposición está fundada y puede interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno. En ese caso, el facultativo elaborará un informe, pudiendo solicitar, para apoyar su dictamen, la opinión de un psicólogo o trabajador social. “Hay un vacío (legislativo) importante”, subrayó Sendín.
Que intervenga la Fiscalía
Joan Monés, miembro de la comisión de deontología de la OMC, abundó en el mismo asunto. “Hay un problema básico de cómo regular quién hace el trámite administrativo cuando una menor que quiere abortar tiene un conflicto con sus padres. El médico no es el único que tiene que actuar. Que asumamos exclusivamente esta decisión es pedirnos demasiado”, indicó. Es más, Monés consideró necesaria la intervención de la Fiscalía de Menores para resolver estas situaciones.
Por su parte, Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, explicó que España carece de regulación de la objeción de conciencia sanitaria y, por ello, los casos en los que estos profesionales se niegan a practicar una intervención deben resolverse en los tribunales. También resaltó que no debe regularse en la futura ley de libertad religiosa.
