(Agencias/InfoCatólica) Por un lado, en la denuncia contra los religiosos, por propinar un par de bofetadas a un interno, al parecer bastante conflictivo, la Fiscalía, que lleva este caso por el artículo 153 del Código Penal, referente a la violencia familiar, ya que entiende que los pacientes sufren una dependencia y viven allí, considera que se trataría de hechos puntuales, ya que los testigos han asegurado afirman que su trato a los internos es bueno.
En cambio, en el caso de los otros imputados el Ministerio Público entiende que dieron un trato inadecuado, concretamente a cuatro de los 33 internos, que presentaban lesiones. Presuntamente se les insultó y se les propinaron empujones, así como trato vejatorio, como darles duchas frías, dejarles sin cenar o acostarles en la siesta antes que a los demás.
“Pero hay que ver si son conflictivos, si son violentos, si las lesiones se las han hecho ellos mismos, y tendremos que ver el ambiente de la residencia”, destacó el fiscal, quien estudia ahora si los imputados tenían intención de maltratar a los pacientes o, en cambio, su conducta se debe a una falta de preparación. La situación sería muy distinta, ya que aunque el director de la residencia no está imputado y los testigos hablan muy bien de su labor, en el caso de que el equipo no estuviera debidamente cualificado, “podría incurrir en algún tipo de responsabilidad”, y puede haber “más imputados”.
El gobierno andaluz advirtió de la presencia de irregularidades
Fue la propia Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía la que, en diciembre del pasado año 2009, puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de supuestas irregularidades cometidas en la gestión de este centro, que cuenta con 30 plazas para discapacitados intelectuales, todas ellas concertadas con la Administración autonómica.
En esta línea, la consejera Micaela Navarro informó de que, en septiembre de 2009, la Junta había abierto un expediente administrativo por incidencias de “menos gravedad” detectadas en el transcurso de un inspección, relacionadas con la existencia de algunos lotes de alimentos caducados o irregularidades en las instalaciones de carácter leve. Navarro aseguró entonces que la Administración autonómica había denunciado las supuestas irregularidades a la Fiscalía “de modo inmediato en cuanto tuvo conocimiento de los hechos”.
La consejera subrayó entonces que la Junta de Andalucía mantiene un servicio de inspección activo durante todo el año y a lo largo de toda Andalucía en centros públicos, privados y concertados que prestan atención a menores, mayores o discapacitados y defendió la “profesionalidad” de los trabajadores de este servicio, que “velan constantemente para garantizar la seguridad de las personas afectadas y las familias”.
