(EP/InfoCatólica) Anprodefa lleva varios meses en gestación, y su delegado en Cataluña la ha dado a conocer después de que el Tribunal Supremo condenase a la Generalitat a pagar un millón de euros a un matrimonio que fue separado de su hijo por las autoridades, por ser drogodependientes habiéndolo dado en adopción, sin tener en cuenta la recuperación de la pareja en un centro de desintoxicación.
En declaraciones a Europa Press, el delegado de Anprodefa en Cataluña, Francisco Cárdenas, explicó que hay centenares de familias a quienes se ha separado de sus hijos –biológicos o en acogida preadoptiva– para internarlos en centros o transferirlos a otras familias “sin motivos fundados y causando un grave prejuicio”.
Francisco Cárdenas destacó que hay “demasiadas” administraciones implicadas en la protección de los menores y que los criterios de actuación de los técnicos están marcados por “un miedo excesivo”, por lo que reclamó renovar estructuras y procedimientos “obsoletos” y reducir la burocracia.
El caso de Francisco Cárdenas
Cárdenas lamentó que en su caso le “arrebatasen de repente y para siempre” a la niña de tres años y medio que tenía en acogida preadoptiva –paso previo a la adopción– desde hacía tres años. “La Administración fue inhumana y las familias nos sentimos humilladas y maltratadas”, remarcó, y señaló que el proceso judicial para recuperar a la niña es “perverso” por su lentitud.
El delegado catalán de la Asociación ha solicitado una entrevista con la consellera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat, Carme Capdevila, para tratar la cuestión e iniciar una dinámica de colaboración.
