(Aci/InfoCatólica) El gobernador de Jalisco solicitó al máximo tribunal intervenir en este asunto porque, en su opinión, las autoridades que tuvieron a su cargo las averiguaciones del homicidio, durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, y que, en ese momento, eran encabezadas por el procurador Jorge Carpizo, incurrieron en diversas irregularidades.
Muchos consideraban esta decisión como medular para la justicia en México, para esclarecer algunos aspectos inciertos de la investigación realizada y para no dejar en la impunidad a los autores intelectuales del homicidio del Cardenal Posadas.
Según el analista Carlos Ramírez, "la decisión de invocar el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional para formar una comisión especial de la Corte Suprema para investigar hechos que supongan violaciones graves de derechos humanos sería la penúltima instancia para evitar la impunidad en el asesinato de Posadas".
"Si la Corte mexicana dice que no", como acaba de suceder, "entonces el caso pasaría a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA". Para los promotores de la iniciativa, señala, "la Corte Suprema de México se ha convertido en la última línea de lucha contra el viejo sistema judicial mexicano y sus expresiones de impunidad, corrupción y protección política".
