(EP/InfoCatólica) El feminicidio, entendido como el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, fue definido como tal y por primera vez en México en el año 2006 como "el conjunto de delitos de lesa Humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional".
"Guatemala es un país que viene de 36 años de conflicto armado. Durante la guerra, los cuerpos de las mujeres fueron un territorio en disputa, y toda la mitología se queda corta cuando vemos en las guerras contemporáneas cómo se usan estos cuerpos y cómo se disputan los hombres los cuerpos de las mujeres", aseguró Walda Barrios, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, en la ponencia que ha presentado en el seminario celebrado en la Casa de América en Madrid, y que ha sido organizado por la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española y la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, con el cofinanciamiento de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC).
"En el último informe de Naciones Unidas sobre América Latina se situaba en el triángulo de la violencia a Honduras, Guatemala y El Salvador. Guatemala tenía hace tan solo un año el primer puesto, y esto ha cambiado por el contexto de guerra civil que vive Honduras, pero no disminuye la violencia en Guatemala, éste es el problema y es un problema que afecta a toda la región", prosiguió la representante de las mujeres guatemaltecas.
Barrios indicó que la prolongada situación de guerra en el país ha provocado que se inculque un desprecio no sólo por la vida de la mujer sino por todo tipo de vida. Señaló que desde su organización diferencian dos tipos de asesinatos, el instrumental (los ataques son personalizados, el autor conoce a la víctima y hay una relación personal anterior) y el expresivo (la tortura y destrucción del cuerpo a las mujeres lleva una advertencia al resto de hombres y a la población en general para que asuman que existe ese tipo de violencia).
Impunidad casi total
Esta activista subrayó el grave problema de la impunidad. Así, explicó que en 2006, cuando llegó a Guatemala el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana --creado en 2006 y cuyos objetivos son investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad, recomendar políticas públicas y asesorar a la judicatura-- existía un 99 por ciento de impunidad. En la actualidad, ha disminuido al 97 por ciento.
Destacó igualmente que en un encuentro con la relatora especial de la ONU para la violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo, en el que participaron diez países de la región, se señalaron los puntos en común en todos ellos, que van desde las dotaciones presupuestarias débiles en todas las instituciones que deberían encargarse del problema, hasta los vicios en los procesos penales --desde la recogida de pruebas--, la impunidad y la inoperancia del Estado.
Asimismo, denunció la escalada de crímenes, la tensión entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, ya que las ONG están supliendo el papel que debería realizar el Gobierno, y éste no lo ve como una ayuda.
Respecto a la impunidad, la directora de la organización UDEFEGUA, Claudia Samayoa, afirmó que "la impunidad está en la agenda que se diseñó para los acuerdos de paz. Hace trece años se hicieron políticas públicas para construir el desarrollo, prosiguió, y ligó esta impunidad con la corrupción generalizada que existe en el país".
"El hecho de que en Guatemala no se persiga la corrupción a ninguno de sus niveles ha causado que se pierda el desarrollo y las políticas públicas obtenidas, y se estima que el 60 por ciento del presupuesto se pierde por esta corrupción", añadió. Así, aseguró que el índice de impunidad en materia fiscal, en delitos como robos y asaltos es del cien por cien. "Nuestra impunidad fomenta la resolución violenta de los conflictos y la violencia intrafamiliar", aseveró.
Asimismo, indicó que existe violencia en contra de los activistas y defensores de los Derechos Humanos "no sólo para matar al mensajero, sino para generar miedo tanto entre los activistas como entre las víctimas".
Por su parte, la directora de la organización Mujeres Tierra Viva, Esmeralda Judit Alfaro, desgranó los mitos y las realidades que se viven en el país. Así, detalló que la violencia se ejerce no sólo contra las indígenas o las mujeres más pobres, sino que es un problema que sufren todas las clases sociales. "Las políticas públicas están hechas para una sola población, cuando debería tenerse en cuenta la gran diversidad social", indicó.
Violencia "normal"
Entre los detalles sobre la violencia contra las mujeres, denunció la acusación de que las mujeres provocan la violencia o las agresiones sexuales contra ellas y que desconocen a los autores de la misma. De este modo, afirmó que hay un alto índice de niñas entre los diez y los 14 años que han sufrido agresiones sexuales y resultado de ellas son los embarazos que las obligan a abandonar el sistema educativo.
Sobre los datos, señaló que el 50 por ciento de las víctimas convivía con una pareja, el 39 por ciento eran solteras y el 18 por ciento estaban casadas. Entre los factores que han contribuido a esta violencia se encuentran "la discriminación y el racismo que vivimos en este país y que no permiten que las políticas avancen, las víctimas no denuncian por el tabú existente, y si denuncian, siguen siendo amenazadas". Persiste la visión de que las mujeres son seres inferiores, se asume que las mujeres viven la violencia porque es normal y que para eso hemos sido creadas, denunció Alfaro.
Por último, Thomas Vercruysse, miembro de Oxfam Solidaridad Bélgica, afirmó que hay una falta de estrategia unificada y coordinada entre actores y entidades. "La cooperación internacional contribuye también a esta confusión, cuando conceden presupuestos a organismos distintos", indicó. A nivel de prevención, apuntó a que las mujeres tienen escaso poder sobre sus derechos y tienen un conocimiento muy bajo de la ley.
Cambio en la forma de pensar
Además, subrayó la necesidad de incluir el término feminicidio en el diálogo político entre la UE y Guatemala. Entre los retos a superar, aseguró que hay una falta de pertenencia cultural, el reto de que los guatemaltecos no cambien su forma de pensar, que perciban como normal el hecho de pegar a su mujer.
Entre las recomendaciones al Estado de Guatemala, aseguró que es necesaria una voluntad política para superar el problema, además de articular una estrategia unificada y ratificación del Estatuto de Roma para poder procesar los crímenes contra las mujeres durante el conflicto interno.
A la sociedad civil, recomendó incrementar el papel de difusión de la ley, fiscalizar las acciones de la cooperación internacional y coordinar sus acciones para no doblar las actividades y que algunas de ellas terminen quedando en nada. También recomendó a la Unión Europea invertir de manera estratégica, coordinar y armonizar sus intervenciones y evaluar sus acciones y condicionar sus apoyos a una estrategia efectiva.
