(Efe/InfoCatólica) El pasado 29 de enero el Gobierno de Silvio Berlusconi presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda en la que solicitaba que la sentencia del llamado caso “Lautsi”, que considera que la presencia de crucifijos en las aulas es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, fuese reenviada a la Gran Sala, para ser debatida de nuevo.
Según fuentes del ministerio italiano de Exteriores, el nuevo debate se celebrará en los próximos meses.
El pasado mes de noviembre, la Sala Segunda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, consideró que “la exhibición obligatoria del símbolo de una determinada confesión en instalaciones utilizadas por las autoridades públicas, y especialmente en aulas”, restringe los derechos de los padres a educar a sus hijos “en conformidad con sus convicciones”.
El fallo del Tribunal se produjo después de que Soile Lautsi, una madre italiana residente en Abano Terme (noreste), reclamara en 2002 al instituto público “Vittorino da Feltre” al que acudían sus hijos la retirada del crucifijo de las aulas por ser contrario al principio de laicismo en el que quería educarles.
El crucifijo, signo de amor
Tras conocer la sentencia, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, sj, expresó su “estupor” y “pesar”, a la vez que aseguró que el crucifijo “siempre ha sido un signo de ofrecimiento del amor de Dios, y de unión y acogida para toda la humanidad”. “Lamento que sea considerado como un signo de división, de exclusión o de limitación de la libertad. No es así, y no lo es en el sentir común de nuestra gente”, añadió el padre Lombardi.