(ACI Prensa/InfoCatólica) La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) ha vuelto a expresar su preocupación ante la posibilidad de que la Unión Europea obligue a la Iglesia a borrar de sus registros los nombres de las personas que, tras abandonar el catolicismo, piden la eliminación de sus datos personales.
La reacción de la COMECE responde a las conclusiones de Laila Medina, abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que respaldó la postura de un ciudadano belga que había exigido a la diócesis de Gante la eliminación de su partida de bautismo.
El pasado 20 de noviembre, los obispos europeos publicaron un documento de posición sobre el caso, elaborado con el apoyo de su comisión de asuntos jurídicos.
Un hecho sacramental, no una declaración de creencias
En el texto, la COMECE aclara que una partida de bautismo no revela necesariamente las creencias, convicciones o pertenencia religiosa actuales de una persona, sino que documenta un acontecimiento sacramental: la administración del bautismo.
Los obispos sostienen además que «la dimensión individual de la libertad religiosa debe situarse en pie de igualdad con las dimensiones colectiva e institucional de este derecho fundamental».
Al ponderar los intereses en juego, la COMECE insiste en que «la resolución concede un peso desproporcionado a la falta de consentimiento de la persona bautizada».
La puerta de los demás sacramentos
Los obispos explican también que la conservación de esos datos es necesaria para la vida de la Iglesia y que las propuestas para eliminarlos no están suficientemente fundadas.
Recuerdan, asimismo, que el bautismo es el requisito previo para recibir los demás sacramentos, de modo que cualquier alteración del registro afectaría al funcionamiento de toda la vida sacramental.
En el documento, los obispos instan a los tribunales europeos a no interpretar las normas canónicas de manera aislada ni a atribuirles significados contrarios a la interpretación autorizada por la Iglesia católica.
La COMECE confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establezca criterios que garanticen que estos registros quedan protegidos frente a su eliminación y que se mantenga el equilibrio entre la Iglesia y el Estado.








