La Signatura Apostólica estudia el recurso del «caso Satué»
Mons. José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín

Retroactividad, pena sin ley y prueba inadmitida, lo que Roma tendrá que juzgar del proceso Satué

La Signatura Apostólica estudia el recurso del «caso Satué»

Francisco reabrió el caso tras un documental y Mons. Satué lo juzgó con normas creadas a mitad del proceso y muchas otras irregularidades por parte del ahora obispo de Málaga. Ahora el tribunal renovado por León XIV revisa ese decreto, mientras un juzgado de Pamplona decide sobre el obispo.

(InfoCatólica) El caso Gaztelueta ha vuelto a Roma. El Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica estudia el recurso de José María Martínez, ex profesor del Colegio Gaztelueta, contra el decreto penal canónico con el que Mons. José Antonio Satué, hoy Obispo de Málaga, ordenó su expulsión del Opus Dei. El tribunal deberá decidir si lo ratifica o lo revoca. Mientras tanto, un juzgado de Pamplona tiene pendiente la sentencia de la demanda civil que el propio Martínez interpuso contra el obispo.

Según fuentes conocedoras del proceso citadas por Javier Arias en Religión Confidencial, Martínez y su abogada presentaron el recurso el 29 de abril de 2025. El 3 de marzo de 2026 la Signatura respondió con una carta formal en la que daba por concluido el estudio del recurso. Para seguir adelante pedía el pago de las tasas y la acreditación de un abogado rotal. Las mismas fuentes aseguran que ambos pasos se dieron en las semanas siguientes y que el asunto está en estudio.

Qué se recurre

El decreto penal está fechado el 17 de diciembre de 2024 y se comunicó a comienzos de marzo de 2025. Ordenaba expulsar de la Prelatura a Martínez, que era numerario. Él se adelantó pidiendo la salida voluntaria y calificó la resolución de injusta. El 3 de marzo de 2025 escribió en su blog que estaba «valorando el recurso del decreto ante la Signatura Apostólica, el tribunal romano que es la única instancia que puede parar este despropósito». «Nunca ha existido la más mínima posibilidad de defenderme», afirmó al conocer el fallo.

Lo que tendrá que examinar Roma

El análisis jurídico más detallado del decreto lo firma Rafael Palomino, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid. Se titula «El Decreto penal en el caso Cuatrecasas-Martínez. Guía de perplejos» y se publicó en septiembre de 2025 en la revista Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Sostiene que el procedimiento no fue un verdadero proceso penal, sino «un procedimiento disciplinario ad hoc». Las irregularidades que señala coinciden en buena parte con las que alega la defensa.

La primera afecta al tipo penal. La acusación se fijó el 16 de marzo de 2023 sobre el canon 1398 §2, que castiga a «cualquier fiel que goza de alguna dignidad o desempeña un oficio o una función en la Iglesia». Para el catedrático, considerar que un profesor de un colegio desempeña una función en la Iglesia contradice el canon 18, que exige interpretar de forma estricta las leyes penales.

La segunda es la retroactividad. Los hechos se sitúan entre 2008 y 2010, y la reforma del canon 1398 que incluye a los laicos entró en vigor el 8 de diciembre de 2021. «El canon 1313 establece claramente que, si la ley cambia tras la comisión de un delito, se ha de aplicar la más favorable al reo, principio que fue obviado en este caso», señala el estudio.

La tercera es la pena. La expulsión no figura entre las penas que prevé el canon 1336. Para poder imponerla se dictó un decreto el 28 de junio de 2023, posterior al decreto papal que abrió el proceso el 17 de agosto de 2022, que convirtió en derecho penal sustantivo los artículos 30 §1 y 32 de los Estatutos del Opus Dei. «Estamos ante una normativa ad hoc sustantiva y procesalmente desfavorable, promulgada mediante Decreto», concluye Palomino. Añade que esos Estatutos reservan la dimisión de un miembro al Prelado o al Vicario regional, y no a una autoridad externa.

La cuarta se refiere a la prueba. Se inadmitieron siete de las once pruebas de la defensa, entre ellas la investigación de 2015 de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El estudio critica también que el decreto se apoyara en las conclusiones de la jurisdicción española en lugar de valorar los hechos de forma autónoma. Y critica que el testimonio coincidente de diez profesores y trece alumnos se leyera como un intento de exculpar al acusado.

En el fondo late una cuestión mayor. El decreto se ampara en el canon 331, que recoge la potestad suprema del Romano Pontífice. «¿Puede el Papa en virtud de su potestad plena dispensarse de exigencias jurídicas dictadas por los derechos humanos?», se pregunta el catedrático.

Del archivo de 2015 al proceso Satué

Entre 2008 y 2010 Martínez fue profesor y tutor de Juan Cuatrecasas en Gaztelueta. En 2014 se presentó una denuncia ante la Santa Sede y la Congregación para la Doctrina de la Fe investigó el caso. El 9 de octubre de 2015 el Cardenal Luis Ladaria comunicó al colegio que «los delitos no han sido probados» y que debía restablecerse el buen nombre del acusado.

La vía penal española siguió otro curso. La Audiencia Provincial de Vizcaya condenó a Martínez el 13 de noviembre de 2018 a once años de prisión por un delito continuado de abuso sexual. El 21 de septiembre de 2020 el Tribunal Supremo rebajó la pena a dos años. En las acusaciones más graves apreció «una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo que no podemos avalar», pero mantuvo la culpabilidad por tocamientos y comportamientos inapropiados. El Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo en mayo de 2021.

En junio de 2022 Cuatrecasas conoció al Papa Francisco durante la grabación del documental Amén, Francisco responde, de Jordi Évole, que se emitió a comienzos de 2023. El Papa decidió reabrir la vía canónica. En septiembre de 2022 se anunció el nuevo proceso y se nombró delegado a Mons. Satué, entonces Obispo de Teruel y Albarracín. Martínez intentó, sin conseguirlo, exponer su versión ante el Pontífice.

En noviembre de 2023 el procedimiento dio un giro. Según relató Martínez, el delegado le comunicó que ya no se juzgaba su culpabilidad, sino si la Prelatura debía expulsarle. El ex profesor atribuyó el cambio a lo establecido por la propia Signatura. Denunció además que no se le entregó el decreto papal que abría el proceso y que su abogada tuvo que copiarlo a mano.

Críticas al procedimiento

Martínez ha resumido sus objeciones en varias ocasiones. Sostiene que se le juzgó dos veces por los mismos hechos y que se le aplicó una ley posterior a ellos. Afirma también que «el juez en su primera comunicación escrita me instó a declararme culpable».

El ex secretario de Estado Benigno Blanco escribió en una Tercera de ABC que el proceso vulneraba principios básicos del derecho. Se refería a la inadmisión de la mayoría de las pruebas de la defensa, a que no se dejara al acusado elegir abogado y a que el Papa recibiera al denunciante y no al acusado. «Si esto lo hiciera un Estado contemporáneo, no dudaría en calificarlo de totalitario e incompatible con los derechos humanos», advertía. El jurista Bruno Rodríguez-Rosado señaló por su parte que «lo que está en juego no es ya sólo la dignidad de este profesor, sino la del entero Derecho canónico».

El tribunal de León XIV

Preside la Signatura el Cardenal Dominique Mamberti. En julio de 2026 el Papa León XIV, doctor en Derecho Canónico, renovó parte del tribunal con nombramientos quinquenales. Entre los nuevos miembros están los obispos Salvatore Cordileone, Edward M. Lohse y Juan Ignacio Arrieta, este último ex secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, y los canonistas Eduardo Baura, Krzysztof Nitkiewicz, Gianpaolo Montini y Ulrich Rhode.

Hay un precedente reciente en la justicia vaticana. El 17 de marzo de 2026 la Corte de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano declaró la «nulidad relativa» del juicio de primera instancia contra el Cardenal Giovanni Angelo Becciu y otros nueve acusados, y ordenó repetir el debate oral. Lo hizo por dos motivos. El Promotor de Justicia no había entregado a las defensas la documentación completa del expediente, y cuatro rescriptos de Francisco que ampliaban sus poderes no se habían publicado. La Corte invocó el canon 1598, que obliga al juez a dar acceso a las partes a la documentación del proceso, y lo consideró un principio «profundamente arraigado» en el ordenamiento canónico. Rechazó en cambio las alegaciones basadas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que el Vaticano no ha incorporado. Pocos días antes, el Papa había vinculado la estabilidad institucional del Vaticano al respeto de las garantías procesales.

En el Jubileo de los Juristas, León XIV había afirmado que «el mal no sólo debe sancionarse, sino también repararse, y para ello es necesaria una mirada profunda hacia el bien de las personas y el bien común».

La demanda de Pamplona

El otro frente abierto es civil. Martínez presentó el 17 de abril de 2024 una demanda contra Mons. Satué por intromisión ilegítima en su derecho al honor. El Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Pamplona la admitió a trámite el 2 de mayo. En aquel auto, el juez apreció prima facie una «apariencia de buen derecho» y una posible vulneración de derechos de defensa elementales, como el acceso a todo el expediente, la elección de abogado o la práctica de la prueba. Se trataba de una valoración preliminar, no de un fallo. Era la primera vez que en España se demandaba a un obispo que actuaba como delegado papal, el frente que este medio llamó entonces el «caso Satué».

El juicio quedó visto para sentencia el 5 de mayo de 2026 y todavía no hay fallo.

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