(InfoCatólica) A dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo garantiza que el aborto seguirá pagándose con dinero público aunque el Partido Popular gobierne con Vox, y Vox ha dejado de prometer en su programa que derogará la ley, y solo hay un deja vu de un genérico «defensa del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y fin de la cultura de la muerte». En Suecia, la derecha recorrió ese camino hace años, y el miércoles el Parlamento elevó el aborto a rango constitucional sin un solo partido en contra. Olof Brunninge explica en la revista digital alemana Corrigenda cómo se ha llegado hasta ahí.
El Riksdag aprobó un paquete de reformas que consagra el aborto en la Constitución sueca a partir del 1 de enero. Lo apoyan los ocho partidos de la Cámara, desde los nacionalistas Demócratas de Suecia hasta la Izquierda poscomunista, pasando por los Cristianodemócratas y los Socialdemócratas. Si la votación no fue unánime, se debe solo a que el paquete incluía otras dos reformas, que los Verdes y la Izquierda rechazaron.
En Suecia, toda reforma constitucional exige dos votaciones con unas elecciones de por medio, lo que en teoría permite a los votantes frenarla. Por eso el Gobierno liberal-conservador de Ulf Kristersson buscó un apoyo amplio ya en la legislatura anterior, con el objetivo expreso de que el asunto no entrara en la campaña. La primera votación se celebró en mayo, antes de las elecciones, y la segunda acaba de confirmarla.
Una fórmula breve que remite a la ley
El nuevo precepto dice así: «Quien está embarazado tiene derecho a interrumpir su embarazo. Los detalles los regula una ley». La redacción evita a propósito distinguir entre hombres y mujeres. Desde 2025 los suecos pueden cambiar sin apenas trámites la mención de sexo en el registro, y se quiere amparar también a los «hombres» embarazados.
En la práctica, nada cambia de momento. La Constitución garantiza el principio y remite a la ley vigente, que puede modificarse, de modo que en teoría cabría acortar los plazos, aunque no existe mayoría política para hacerlo. Esa remisión ha decepcionado precisamente a los partidarios de una regulación más permisiva, que querían que la Constitución garantizara el aborto hasta el momento más avanzado posible del embarazo.
34.000 abortos en un año
Suecia aplica una ley de plazos. Se puede abortar sin alegar motivos hasta la semana 16 de gestación y, con autorización del consejo ético de la autoridad sanitaria y en caso de grave necesidad, hasta la semana 21. Ese límite pretende impedir que se aborte a niños viables, pero los avances en la atención a los prematuros hacen que ambos márgenes ya se solapen. El 90 % de los abortos se practica antes de la décima semana, normalmente con fármacos y en casa. En 2025 se abortó a unos 34.000 niños, cifra que en un país con la población de Alemania equivaldría a unos 268.000.
Con políticas provida no se ganan elecciones
¿Por qué la defensa de la vida carece de apoyo parlamentario en Suecia? Los Socialdemócratas, que gobernaron el país durante cuatro décadas, impusieron la ley de plazos en 1975 con el voto en contra de los Moderados y de una parte del Partido de Centro y de los Liberales. Aunque ya no gobiernan de forma permanente, a juicio del autor lograron desplazar hacia la izquierda los valores de la sociedad sueca en familia, sexualidad y aborto. Según una encuesta de la Universidad de Gotemburgo de 2022, solo el 7 % de los suecos quiere restringir la ley actual.
La conclusión de los partidos fue pragmática. Los Cristianodemócratas abandonaron su oposición al aborto en los años noventa y los Demócratas de Suecia en 2019. Hoy, sostiene Brunninge, un antiabortista convencido no obtendría un buen puesto en las listas de ningún partido.
«En la práctica, nada cambia»
Mikael Oscarsson es probablemente el nombre más asociado a la causa provida en la política sueca. En 1991 fundó la organización Ja till Livet («Sí a la vida») y la presidió durante años, hasta que en 1998 entró en el Riksdag gracias al voto preferencial de los electores de Uppsala. El entonces líder cristianodemócrata, Alf Svensson, le obligó a elegir entre el escaño y la presidencia del movimiento, y Oscarsson se quedó con el escaño. Desde entonces ha seguido defendiendo la causa en el Parlamento, a veces contra la línea de su propio partido. En 2006 propuso rebajar a doce semanas el plazo del aborto libre, y a lo largo de casi tres décadas ha presentado iniciativas para prevenir el aborto, garantizar la objeción de conciencia del personal sanitario y frenar el diagnóstico prenatal con fines selectivos.
Oscarsson ha votado ahora a favor de la reforma. Ya en el debate de mayo, en la primera votación, advirtió de que «el aborto no tiene cabida en la Constitución», pero anunció su apoyo porque la alternativa del Partido de Centro iba más lejos. En Facebook ha vuelto a justificarlo alegando que la redacción podría haber sido peor y que la situación legal apenas cambia.
El articulista le da la razón en lo segundo, porque el nuevo derecho no puede reclamarse ante los tribunales y es sobre todo un gesto simbólico. Pero advierte de que ese simbolismo no debe subestimarse, porque cuestionar el aborto en público podría volverse aún más difícil. Sara Arvidsson, editorialista del diario cristiano Världen idag, lo resume así: «Los políticos se han dejado convencer de que el aborto es algo bueno, y quien no comparte esa opinión no se atreve a abrir la boca».
El razonamiento de Oscarsson tiene un eco reconocible en España. «Sobre la Ley del Aborto yo no voy a hacer enmiendas. Es que esa ley está aprobada», dijo Feijóo el miércoles en El Hormiguero. En Suecia, esa misma lógica hizo primero intocable la ley y después la llevó a la Constitución.








