(La Nuova Bussola Quotidiana/InfoCatólica) La Corte Constitucional italiana ha asestado a la familia dos golpes en un solo día. El jueves 12 de noviembre depositó dos sentencias sobre la llamada homoparentalidad: con la primera rechaza el recurso de una pareja homosexual en materia de adopción internacional, pero invita al Parlamento a modificar la ley; con la segunda da la razón a una pareja unida civilmente que pretende adoptar a un mayor de edad. El jurista Tommaso Scandroglio las compara con un uno-dos de boxeo con el que la Consulta deja a la familia fuera de combate.
La sentencia 194: no, pero sí
En el primer caso, una pareja homosexual unida civilmente quería adoptar a un menor extranjero. La ley 184 de 1983, que regula la adopción, no lo permite, porque solo contempla la adopción por parte de parejas casadas y, por tanto, heterosexuales. El Tribunal de Menores de Venecia planteó entonces una cuestión de constitucionalidad por un supuesto trato discriminatorio hacia las parejas del mismo sexo.
La Consulta ha declarado inadmisible el recurso por un motivo concreto: habría que reformar un conjunto de normas con repercusiones también en el ámbito internacional, y esa tarea no corresponde a la Corte Constitucional, sino al Parlamento. Los jueces explican que los casos de homoparentalidad admitidos en el pasado por la jurisprudencia se referían a relaciones ya existentes entre un menor y un adulto, de modo que venían a confirmar una situación de vida que, siempre según los jueces, era favorable al menor. Abrir la adopción internacional a las parejas unidas civilmente, en cambio, supondría introducir un nuevo modelo de familia, y eso compete al legislador.
Precisamente por eso, la Consulta invita al Parlamento a legislar para permitir la adopción internacional a las parejas unidas civilmente. Los jueces argumentan, y por desgracia no se les puede contradecir, que todas las premisas jurídicas para llegar a esa conclusión ya existen: los tribunales ya han dado por buena, de derecho, la doble paternidad o maternidad de las parejas homosexuales, y por tanto no se entiende por qué no podrían acceder a la adopción internacional.
La propia Corte enumera esas premisas. En primer lugar, la llamada adopción del hijo del conviviente, por la que un miembro de la pareja homosexual puede adoptar al hijo de su compañero; para permitirla, señala Scandroglio, los jueces pervirtieron y desfiguraron la figura de la adopción en casos especiales prevista en el artículo 44 de la ley 184. En segundo lugar, los tribunales han reconocido no solo adopciones realizadas en el extranjero, sino también la condición de hijo legítimo de una pareja homosexual adquirida fuera de Italia. En tercer lugar, recuerda la Corte, el Tribunal Supremo ha ofrecido «al progenitor intencional de una pareja homoafectiva que haya recurrido en el extranjero a técnicas de procreación médicamente asistida, una fuente constitutiva del vínculo parental».
En esa misma línea se ha situado la propia Consulta. En su sentencia 68 de 2025 reconoció como progenitora a todos los efectos a la mujer que no era madre biológica de un niño concebido por fecundación artificial heteróloga en el extranjero por una pareja de lesbianas.
Los jueces recuerdan así, por un lado, que las parejas homosexuales ya pueden convertirse en progenitores gracias a la intervención de los tribunales y, por otro, que la filiación ha dejado de ser patrimonio exclusivo de las parejas casadas y, por tanto, heterosexuales. A ello se suma, según la sentencia, la reforma de la filiación de 2012 y 2013, que «hizo innecesario referirse al vínculo matrimonial entre los progenitores para garantizar al adoptado la condición de hijo con la más plena tutela». Y está la ley del divorcio: la idea de que un niño solo puede ser educado adecuadamente dentro del matrimonio, por ser una institución sólida y estable, ha quedado atrás, de modo que decir matrimonio ya no garantiza estabilidad. También una pareja unida civilmente, sostienen los jueces, puede ser estable. Y la ley Cirinnà sobre las uniones civiles las ha equiparado prácticamente al matrimonio, así que, se preguntan, ¿por qué excluir que los miembros de una pareja homosexual puedan llegar a ser padres?
La sentencia 195: luz verde a la adopción de un adulto
En el segundo caso, una pareja unida civilmente quería adoptar al sobrino mayor de edad de uno de sus miembros. Lo impide el artículo 294 del Código Civil, que solo permite adoptar a un mayor de edad a las parejas casadas y, por tanto, heterosexuales. El Tribunal de Milán planteó la cuestión de constitucionalidad de ese artículo por considerarlo, también en este caso, discriminatorio para las parejas homosexuales unidas civilmente.
Esta vez la Corte ha dado la razón a los recurrentes y ha declarado inconstitucional el artículo 294 en la parte en que no permite la adopción de un mayor de edad por parte de parejas unidas civilmente. Los jueces explican por qué esta vez sí han decidido modificar el alcance de la norma: «No están en juego valoraciones discrecionales complejas y amplias, entrelazadas con posibles intervenciones de sistema; no se abren escenarios radicalmente innovadores que afecten a las formas de nacer; no surgen razones de cautela». A diferencia de lo que ocurre con la adopción internacional, la Corte no tendría que trastocar ningún marco normativo ni inventar nada, sino simplemente sacar las conclusiones de las premisas normativas ya existentes. De ahí que se considere legitimada para dictar una sentencia aditiva.
Los jueces razonan después por qué dan la razón a los recurrentes. En primer lugar, la pareja unida civilmente puede considerarse a todos los efectos una familia: la Corte enumera los derechos y deberes previstos en la ley Cirinnà, casi todos idénticos a los del matrimonio. Si del matrimonio nace una familia, concluyen, también de la unión civil puede nacer una familia, y si la pareja unida civilmente es una familia, no se ve por qué no podría equipararse a la pareja casada que pide adoptar a un mayor de edad.
El obstáculo podría ser la propia ley Cirinnà, que equipara uniones civiles y matrimonio en todo salvo en materia de filiación. Pero la Consulta recuerda todos los casos en los que los tribunales, y ella misma, ya han legitimado la doble paternidad o maternidad de parejas del mismo sexo. Si en otros casos los miembros de una pareja homosexual ya fueron considerados progenitores, razonan, ¿por qué prohibirles adoptar a una persona mayor de edad?
Sentencias contra la ley
Scandroglio cierra su análisis con dos consideraciones. La primera es de orden jurídico: el ordenamiento italiano prohíbe la homoparentalidad, y así se desprende del artículo 5 de la ley 40 de 2004 y de numerosos artículos del Código Civil. Si los progenitores son dos, deben ser de distinto sexo, y así lo afirma incluso la ley Cirinnà, como recuerda la propia Corte. Por tanto, sostiene el jurista, los jueces, incluidos los del tribunal constitucional, han dictado sentencias contra la ley.
Es cierto que la ley Cirinnà, pese a prohibir la homoparentalidad, establece que «queda a salvo lo previsto y permitido en materia de adopción por las normas vigentes». Pero, responde Scandroglio, ninguna de las leyes vigentes, ni siquiera las que regulan la adopción en casos especiales, puede interpretarse a favor de la homoparentalidad. Y además la ley Cirinnà se refiere solo a las normas sobre adopción, mientras que los jueces han permitido la filiación a parejas homosexuales mediante la fecundación artificial o mediante el reconocimiento de actas de nacimiento extranjeras que no derivan de ninguna adopción.
Un desorden que no puede llamarse familia
La segunda consideración es de carácter moral, antropológico y pedagógico, y es la que debería fundamentar la prohibición jurídica. Para la Consulta, la homoparentalidad es legítima porque «la orientación sexual de la pareja no incide en la idoneidad para asumir la responsabilidad parental» y porque «no hay certezas científicas ni datos de experiencia sobre el hecho de que la inserción del hijo en una familia formada por una pareja homosexual tenga repercusiones negativas en el plano educativo y del desarrollo de la personalidad del menor».
Las cosas no son así, responde Scandroglio. La homosexualidad es una condición desordenada, es decir, no ordenada al auténtico bien de las personas, y por eso también las relaciones homosexuales son desordenadas, de ahí la imposibilidad de llamarlas familia. Introducir a un menor en esas relaciones lo expone a ese desorden moral y, por tanto, pedagógico, y muchos estudios científicos, asegura, respaldan esa conclusión.
Pero, en la mayoría de los casos, concluye el jurista, los jueces de todas las instancias no miran ni a los datos científicos ni a los principios de la moral natural. Solo atienden a la evolución de las costumbres, que según ellos el derecho debe incorporar en nombre de las teorías de la jurisprudencia evolutiva y del derecho viviente. Así lo dice la sentencia 194: corresponde al legislador, «en el proceso de evolución gradual del derecho de familia, ponderar el impacto de los cambios sociales producidos en la valoración del mejor interés del menor». En esa perspectiva, es la práctica, avalada incluso contra la ley por los jueces, la que dice qué es justo o injusto, y no la ley natural. Y por encima de esa práctica, dictando leyes y sentencias, está la ideología LGBT, que orienta las conductas y que, mucho antes de que la asimilara la conciencia colectiva, ya formaba parte del patrimonio cultural de los jueces.
