(InfoCatólica) Los obispos de Inglaterra y Gales han pedido al Parlamento británico que abandone un proyecto de ley que tipifica como delito las llamadas prácticas de conversión. Según advierten, la norma podría llevar ante la justicia a quienes acompañan a una persona a reconciliarse con su sexo biológico, incluidos agentes pastorales y padres de familia.
En un comunicado publicado el 10 de noviembre, el Arzobispo de Liverpool, John Sherrington, que preside el Departamento de Justicia Social de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, manifiesta su inquietud por la iniciativa: «Desearía expresar mi seria preocupación por las disposiciones del proyecto de ley sobre prácticas de conversión, que se encuentra en fase de escrutinio prelegislativo antes de debatirse en el Parlamento. El proyecto tiene un alcance muy amplio».
El borrador, remitido a la Cámara para su examen previo, define estas prácticas como una conducta dirigida a alguien con la intención de que «tenga, o no tenga, una determinada orientación sexual o identidad transgénero, o de hacerle creer que tiene o no tiene tal identidad». Una práctica de conversión se considerará «abusiva», y por tanto constitutiva de delito, cuando cause un daño grave a la salud física o mental de la persona o una alarma o angustia serias que afecten sustancialmente a su vida cotidiana.
«La legislación vigente ya contempla tales prácticas»
El prelado subraya que la Iglesia no defiende el maltrato y que la ley actual ya lo persigue: «La Iglesia católica se opone al abuso en todas las circunstancias y, por ello, reconocemos que es importante que los Gobiernos utilicen la legislación adecuada para proteger a las personas del daño y del abuso. Sin embargo, la legislación vigente ya contempla tales prácticas abusivas y las declara ilegales».
El problema, a su juicio, es que la nueva norma va mucho más allá: «Este proyecto de ley propone ampliar la definición legal de prácticas abusivas de maneras que amenazan los derechos fundamentales de la persona, incluidas la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión. La legislación creará también incertidumbre en torno a la atención pastoral lícita de la Iglesia, la vida familiar y las conversaciones abiertas que pueden tener lugar en diversos ámbitos sociales».
Sherrington alerta además de que la ley alcanzaría el ámbito doméstico: «Existen claramente diversos supuestos, con arreglo a la legislación propuesta, en los que podrían emprenderse acciones legales de distinto tipo contra personas u organizaciones, incluidos los padres de niños, que expresen opiniones bien fundadas y realicen afirmaciones bienintencionadas».
La libertad para anunciar la verdad sobre la persona
El arzobispo sitúa en el centro de la cuestión la misión de la Iglesia: «Nos preocupa que esta legislación ponga en entredicho la capacidad de la Iglesia para cumplir su vocación de "proclamar una comprensión auténtica de la persona humana con claridad, sencillez, amor y respeto". Las personas de fe deben seguir siendo libres para expresar sus creencias mediante la palabra y la oración».
El comunicado concluye con una petición directa a la clase política: «Pedimos a los políticos que abandonen este proyecto de ley y se centren, en cambio, en hacer cumplir las protecciones existentes y en ofrecer un apoyo accesible a cualquiera que sufra abuso o coacción».
Un debate que se extiende a otros países
La expresión «terapia de conversión» designó durante años el acompañamiento a personas con atracción homosexual que deseaban orientarse hacia la heterosexualidad, una práctica que los colectivos LGBT consideran imposible y potencialmente dañina. En los últimos años el término se ha ampliado a los servicios terapéuticos que ayudan a una persona a aceptar su sexo biológico en lugar de la identidad sexual que se atribuye, y es este supuesto el que el proyecto británico pretende castigar penalmente.
En Estados Unidos, un litigio similar culminó en marzo con una sentencia del Tribunal Supremo que anuló la prohibición de estas terapias en el estado de Colorado. «La Primera Enmienda se alza como un baluarte frente a cualquier intento de prescribir una ortodoxia de opiniones, reflejo de la convicción de que todo estadounidense goza del derecho inalienable a expresar lo que piensa y de la confianza en el libre mercado de las ideas como el mejor medio para hallar la verdad», señaló el tribunal en su fallo.
