(Fides/InfoCatólica) Protección para los pequeños ahorradores más vulnerables, máxima transparencia sobre los fondos públicos depositados en las entidades afectadas, investigaciones independientes y vigilancia de la sociedad civil sobre la actuación de las autoridades. Son los puntos centrales de la declaración que la Conferencia Episcopal Paraguaya hizo pública el 4 de noviembre ante la crisis bancaria que sacude al país, y que al día siguiente se cobró la presidencia de Santiago Peña.
El origen de la crisis está en la intervención de Ueno Bank, el mayor banco digital del país, por parte del Banco Central del Paraguay, después de que su coeficiente de solvencia cayera por debajo de la mitad del mínimo exigido por la ley. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, dimitió a petición del jefe del Estado. Carvallo había dirigido antes la entidad financiera que después se transformó en Ueno Bank, una circunstancia que ha desatado duras críticas por presuntas deficiencias normativas y posibles conflictos de intereses.
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción ha ordenado la detención de ocho personas, entre ellas altos directivos y otras figuras vinculadas al banco. Entre los detenidos figuran el fundador y accionista mayoritario, Miguel Vázquez, y el presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale.
Tres millones de personas sin acceso a sus ahorros
La intervención del Banco Central bloqueó la aplicación digital, las tarjetas de crédito y los servicios de transferencias de Ueno Bank. Cerca de tres millones de usuarios, aproximadamente el 60 % de la población adulta de Paraguay, se han quedado así sin acceso a los ahorros que tenían depositados en el banco. Exasperados, los ahorradores han salido a las calles de Asunción y se han concentrado ante las sucursales cerradas para reclamar su dinero, acusando a políticos y a representantes de las instituciones de ser corresponsables de lo sucedido.
En la declaración, difundida con motivo de su 250.ª Asamblea General Ordinaria, los obispos piden ante todo que las indemnizaciones den prioridad a las personas más vulnerables. Reclaman que se devuelvan cuanto antes los depósitos de pensionistas, trabajadores, pequeños ahorradores y empresarios, sin trabas burocráticas innecesarias y con especial atención a las personas mayores.
Los prelados exigen también la máxima transparencia sobre el volumen de los fondos del Instituto de Previsión Social y del Estado depositados en Ueno Bank, así como sobre los procedimientos y los plazos previstos para recuperarlos.
La Conferencia Episcopal reclama además investigaciones exhaustivas del Congreso, del poder judicial, de la Contraloría General de la República y del propio Banco Central, de modo que se esclarezcan todas las responsabilidades, «independientemente del cargo que se ocupe o de la cercanía al poder».
Por último, los obispos invitan a las parroquias a acompañar a las familias afectadas y a ayudarlas en los trámites necesarios para recuperar sus ahorros. Les advierten también del riesgo de estafas y recomiendan a los titulares de cuentas que no faciliten sus contraseñas a nadie que les prometa ayudarles a «recuperar» su dinero.
Castigo ejemplar para los responsables
La postura de la Conferencia Episcopal había estado precedida, el día anterior, por las declaraciones del obispo auxiliar de Asunción, Mons. Gabriele Escobar, que reclamó un castigo ejemplar para los responsables de Ueno Bank. El prelado recordó la frase de un pensador según la cual la corrupción no es solo el robo del dinero público, sino también el robo de la esperanza del pueblo.
Mons. Escobar expresó su deseo de que el escándalo no termine «con un encubrimiento, porque nada debe esconderse debajo de la alfombra. Los responsables deben ser castigados de manera ejemplar, porque no se puede jugar con el dinero de los pobres».
La dimisión del presidente Peña
El 5 de noviembre, el presidente Santiago Peña anunció su dimisión. En un vídeo difundido en las redes sociales justificó la decisión por la necesidad de proteger «la estabilidad de nuestro país, la paz social y nuestras instituciones democráticas». En la grabación pidió disculpas a la población y aseguró que nunca había querido traicionar la confianza depositada en él. Peña había sido accionista del Grupo Vázquez/Ueno Holding, sociedad vinculada al banco, hasta aproximadamente 2025.
La oposición, junto con algunos diputados del propio Partido Colorado, la formación del presidente dimisionario, lo acusa de conflicto de intereses y de mala gestión. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra Peña, que sigue adelante pese al anuncio de su renuncia, ya que esta debe ser aceptada formalmente por el Congreso. Desde el punto de vista institucional, Peña permanece en el cargo hasta que concluya el procedimiento o el Congreso formalice su dimisión.
La crisis bancaria se ha convertido en una grave crisis social: una amplia parte de la población adulta ha perdido el acceso a su dinero, crece la preocupación por las pensiones, se multiplican las colas ante las sucursales y las protestas, y se erosiona la confianza de los ciudadanos en el sistema bancario.
