(Premier Christian News/InfoCatólica) El proyecto de ley laborista que pretende prohibir las llamadas prácticas de conversión en Inglaterra y Gales se enfrenta a una oposición creciente. Varios diputados han pedido que el texto se retire de inmediato ante las advertencias de que los padres que intenten convencer a sus hijos de que no son transexuales podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión.
Los grupos cristianos advierten de que incluso las conversaciones pastorales podrían acabar en procesos judiciales y en condenas de cárcel de hasta cinco años si se aprueba el proyecto, conocido como Conversion Practices Bill. El Gobierno sostiene que su intención es prohibir que se intente suprimir o cambiar la identidad sexual o la orientación sexual de una persona, para protegerla de la «coerción o el abuso». Los ministros insisten en que la ley no se dirigirá contra la educación normal de los hijos ni contra los grupos religiosos.
La Oficina para la Igualdad y la Oportunidad ya había afirmado que no se procesaría a los padres que impidan a sus hijos someterse a operaciones irreversibles de cambio de sexo. Pero la ley se aplicaría a cualquiera que intente suprimir o cambiar la orientación sexual o la llamada identidad de género de una persona, y no contempla ninguna excepción para los padres.
Badenoch y Farage: hay que retirar la ley
La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha calificado el proyecto de inviable y de pérdida de tiempo. «Este Gobierno laborista es un Gobierno de sindicato de estudiantes. Esto va a significar que los padres empiecen a ser detenidos por educar a sus hijos», declaró. «Ya tenemos leyes que protegen a las personas del abuso y la discriminación. Estudié esto cuando estábamos en el Gobierno y concluí que el proyecto era inviable. Los padres deberían poder hablar con sus hijos sin temer que una conversación corriente los lleve a los tribunales», añadió.
El líder de Reform UK, Nigel Farage, fue igual de tajante: «Este proyecto tiene que retirarse de inmediato; los padres nunca deberían ser criminalizados simplemente por hablar con sus hijos sobre su sexo». También la diputada Rosie Duffield, que abandonó el Partido Laborista, se ha sumado a las críticas.
El apoyo se desploma cuando se conocen los efectos
Una encuesta de Whitestone Insight para el Christian Institute, realizada a más de 4.200 adultos del Reino Unido, muestra que casi tres de cada cuatro votantes, el 73 %, consideran que las personas deben poder expresar opiniones religiosas no coercitivas sin miedo a ser procesadas.
El apoyo al proyecto entre el conjunto de los adultos cae del 51 % al 3 % cuando se presentan a los encuestados situaciones que los juristas de la organización consideran posibles bajo la nueva ley, como el caso de «alguien que se arrepiente de su cirugía transexual y disuade a otros de seguir el mismo camino» o el de «una persona con atracción por el mismo sexo que defiende el celibato».
El respaldo se reduce a menos de la mitad si los padres no quedan protegidos de cargos penales por negarse a usar con su hijo los pronombres del sexo opuesto o por negar su consentimiento a que se someta a una transición médica.
Ciaran Kelly, director del Christian Institute, declaró a Premier Christian News: «El proyecto, tal como está redactado, pisotea derechos humanos bien asentados, la vida familiar privada, la libertad religiosa y la libertad de expresión. Es un proyecto espantoso, espantoso. Y que nadie les engañe diciendo que esto trata de hacer frente al abuso y que necesitamos hacer frente al abuso. Lo que es abusivo ya es ilegal».
Kelly puso como ejemplo el estado australiano de Victoria, presentado a menudo como modelo por los partidarios de la prohibición, donde las nuevas leyes han indicado a los responsables de las iglesias que deben afirmar a las personas como «perfectas» tal como son.
La comisión parlamentaria, abierta a alegaciones
En una audiencia parlamentaria celebrada el lunes para examinar el proyecto, la activista Jane Ozanne, fundadora de la Stop Conversion Therapy Coalition, defendió las medidas: «La oración está en el centro de esto. Hablo como cristiana; hablo como alguien que ama profundamente la oración. Pero no toda oración es sana o buena».
La comisión mixta que estudia el proyecto ha abierto un periodo de alegaciones por escrito que se cierra a las cinco de la tarde del lunes 16 de noviembre.
