(LifeNews/InfoCatólica) El Instituto Guttmacher, antiguo brazo investigador de Planned Parenthood, la mayor promotora del aborto de Estados Unidos, ha dejado claro que la enmienda constitucional sobre el aborto que se vota en Virginia no es más que el primer paso para eliminar todas las leyes estatales que todavía regulan el aborto en ese estado.
Durante la tramitación, los miembros de la Asamblea General contrarios a la enmienda ya subrayaron que su redacción, abierta y vaga, abría con suma facilidad un camino para anular la ley de consentimiento paterno de Virginia. Cualquier otra norma sanitaria y de seguridad de sentido común que aún quede en vigor correría igualmente peligro. En la audiencia celebrada en comisión, el propio letrado de la Cámara de Delegados reconoció que la falta de claridad del texto abriría la puerta a recursos judiciales. Ahora se comprueba que esa es precisamente la estrategia que los grupos abortistas han defendido en otros estados y que piensan aplicar también en Virginia.
La estrategia, por escrito
Un comunicado reciente del Instituto Guttmacher expone esa estrategia con toda claridad: «Desde las victorias en las consultas de 2024, los activistas de los estados con restricciones al aborto han utilizado estas nuevas protecciones como base legal para ampliar el acceso al aborto».
En el mapa interactivo de Guttmacher, la legislación de Virginia figura en la categoría de «algunas restricciones o protecciones», por normas como la prohibición del aborto en el tercer trimestre, la exclusión de su cobertura por el Medicaid estatal y las leyes de implicación de los padres, que limitan el acceso de las menores al aborto. Ahora bien, la supuesta prohibición en el tercer trimestre no es tal: en Virginia el aborto es legal en el tercer trimestre si tres médicos coinciden en que es necesario.
El comunicado de Guttmacher añade: «Aunque las medidas que añaden protecciones constitucionales o legales al aborto son vitales, no derogan automáticamente las restricciones, y con frecuencia es necesario litigar para anularlas».
Missouri y Arizona, el precedente
El instituto recuerda cómo, tras las consultas de 2024, el litigio y las sentencias posteriores derogaron ese mismo año las restricciones al aborto en Missouri.
Del mismo modo, en Arizona los votantes blindaron el supuesto derecho al aborto mediante una consulta en noviembre de 2024, lo que proporcionó una vía legal para tumbar ese mismo año la prohibición del aborto a partir de la semana 15. El litigio posterior levantó en febrero de 2026 nuevas restricciones: anuló las prohibiciones de la telemedicina y del envío postal de píldoras abortivas, y suprimió la obligación del asesoramiento previo, que Guttmacher tacha de sesgado, de las ecografías, que califica de médicamente innecesarias, y de los periodos de espera, que considera punitivos y que dificultaban el aborto en Arizona.
Un 114 % más de abortos en cinco años
De ese mismo comunicado de octubre de 2026 se desprende también la satisfacción del instituto por el aumento de los abortos en Virginia, fruto de unas leyes tan permisivas que permiten abortar durante los seis primeros meses de embarazo. La enmienda garantizaría que esa situación se mantenga, y lo más probable es que las cifras sigan creciendo. Desde 2022 se han abierto en la Commonwealth cinco nuevos centros abortistas.
Los datos que aporta el informe de Guttmacher son elocuentes. El número de abortos practicados en Virginia aumentó casi un 114 % entre 2020 y 2025, en parte porque el estado se convirtió en un punto clave de acceso para quienes llegaban de fuera. El 66 % de los abortos realizados por profesionales sanitarios en Virginia en 2023 fueron abortos químicos.
Aunque algunas mujeres de Virginia acudieron a otros estados en 2025 para abortar, el estado funcionó a la vez como un punto de acceso decisivo para quienes buscaban abortar en el sudeste del país. Más de 8.500 personas viajaron a Virginia en 2025 para abortar, la mayoría procedentes de estados con leyes más restrictivas. El mayor número llegó de Carolina del Norte (2.180), Florida (1.770) y Georgia (1.240).
«No queremos ser el destino abortista del Sur»
Olivia Gans Turner, directora de la Sociedad de Virginia por la Vida Humana, advierte de que los ciudadanos de Virginia no deben tomarse esto a la ligera: «No queremos que se nos conozca como el destino abortista del Sur. Queremos preservar las leyes que respetan el derecho de los padres a proteger y orientar a sus hijas menores ante cualquier decisión crítica sobre un embarazo. Necesitamos asegurarnos de que las mujeres reciben la atención durante el embarazo de médicos y profesionales sanitarios con licencia en Virginia».
Y concluye: «Por último, no necesitamos ver leyes de Virginia hechas por jueces y no por nuestros propios representantes electos. El uso de esta enmienda como trampolín para un litigio sin fin que elimine las leyes vigentes pone en una situación peligrosa el bienestar de las mujeres, de las niñas y de sus hijos. La Pregunta 1 de la papeleta es simplemente otro ejemplo de cómo se antepone la política a la seguridad de las mujeres. La redacción engañosa de la pregunta no hace más que confirmarlo».
Su llamamiento final es inequívoco: «Votad no y detened el abuso codicioso de quienes no respetan nuestro derecho a gobernarnos a nosotros mismos».
