(Catholic Herald/InfoCatólica) Las muertes por eutanasia en el estado australiano de Queensland han aumentado un 57,14 % en dos años, hasta alcanzar la cifra récord de 836 personas en el ejercicio 2025-2026. El dato coincide con la petición de la junta oficial que supervisa la ley, la Voluntary Assisted Dying Review Board, de estudiar un cambio en los requisitos de acceso.
Según el informe anual de esa junta de revisión, entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024 se registraron 532 muertes por eutanasia, es decir, por administración de la sustancia letal por parte del médico, que supusieron el 67,09 % de todas las muertes producidas al amparo de la ley. Entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 fueron 836, el 77,26 % del total en el estado.
Más de 2.200 solicitudes evaluadas
El informe, el cuarto que publica la junta desde la entrada en vigor de la ley, detalla que en el último ejercicio 2.256 personas pasaron una primera evaluación para comprobar si cumplían los requisitos para acceder a la eutanasia o al suicidio asistido. A 1.308 se les suministró la sustancia letal, y 1.082 murieron tras su administración.
De ellas, tres de cada cuatro, 836 personas, murieron después de que la sustancia les fuera administrada por un médico, y una de cada cuatro, 246, se la administró a sí misma. En el ejercicio anterior, 2024-2025, las muertes por administración del médico habían sido 779 y las autoadministradas 293, de modo que la eutanasia gana peso año tras año frente al suicidio asistido. El número total de muertes, según la propia junta, es similar al de los doce meses anteriores.
Quienes murieron al amparo de la ley tenían entre 18 y 103 años, con una edad mediana de 75. El 56 % eran varones, el 54 % vivía en zonas regionales, rurales o remotas del estado y el 77 % tenía un diagnóstico de cáncer.
La junta pide revisar los requisitos
En su cuarta recomendación, la junta de revisión pide que, en la revisión de la ley que debe hacer el ministro, haya una amplia consulta con la población y con otras partes interesadas para determinar la conveniencia y la viabilidad de modificar los requisitos de acceso vigentes. La junta menciona en particular la opinión de la sociedad sobre el plazo de muerte previsto que exige la ley, que hoy requiere una enfermedad que se espera que cause la muerte en un plazo de doce meses, y las consecuencias para las personas que viven con demencia y con otras enfermedades.
Según la junta, una consulta amplia ayudaría a garantizar que estas cuestiones se estudien con detenimiento.
