(InfoCatólica) Bélgica se encuentra ante un debate constitucional que puede modificar profundamente el modo en que su legislación aborda el aborto. Desde 2024 se han presentado múltiples iniciativas parlamentarias destinadas a introducir, de una u otra forma, el aborto en la Constitución belga.
La cuestión no consiste simplemente en modificar los plazos establecidos por la legislación actual. El objetivo de las propuestas es dar al aborto una protección constitucional, de manera que resulte mucho más difícil modificar posteriormente su régimen mediante una simple reforma legal.
A ese respecto, no se puede olvidar el precedente francés. En marzo de 2024 Francia modificó su Constitución para introducir en su artículo 34 que la libertad garantizada a la mujer de recurrir a una «interrupción voluntaria del embarazo». En ese sentido, Bélgica no hace más que seguir los pasos de su vecina.
En Bélgica, partidos de todo el espectro político han propuesto diferentes fórmulas que muestran que la justificación es lo de menos y solo importa acabar libremente con los no nacidos. El Partido Socialista (PS) propone crear un artículo 23bis que reconozca los llamados «derechos sexuales y reproductivos» (además ampliar el marco legal hasta al menos 18 semanas después de la concepción). El partido Anders (liberal conservador) quiere introducir en la constitución un «derecho a la autodeterminación» del que derivarían, entre otros, el aborto y la eutanasia. El Movimiento Reformador (liberal de derechas) propone un derecho a «disponer del propio cuerpo», mientras que Ecolo-Groen (ecologista) planteó incluir expresamente el derecho al aborto dentro del artículo 22 relativo a la vida privada y Les Engagés (democratacristiano) sugiere incluir específicamente en la Constitución el «derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».
El Instituto Europeo de Bioética (IEB) ha advertido que, detrás de lo que podría parecer un cambio meramente jurídico, se encuentra una cuestión con un gran alcance: qué principios quiere reconocer como fundamentales la sociedad belga y qué lugar ocupa la protección de la vida humana en el ordenamiento jurídico. La Constitución, como norma fundamental, tiene un enorme significado simbólico y, al menos teóricamente, lo que se reconoce en ella como «derecho» se sitúa por encima de las luchas políticas ordinarias.
El IEB también señala que partir del «derecho» a disponer del propio cuerpo o de la «autodeterminación» afectaría a multitud de cuestiones, como la reproducción médicamente asistida, la gestación subrogada o incluso la comercialización de partes del cuerpo humano. Además, el aborto no puede considerarse como una cuestión de autonomía individual, porque está implicada también la vida de otro ser humano.
Conviene señalar que, si el aborto pasa a definirse como un derecho individual, de pronto queda en segundo plano (o desaparece por completo) la urgencia de combatir las circunstancias que llevan a muchas mujeres a abortar. Las presiones económicas, familiares o sociales para abortar dejarían de ser algo negativo y, casi inevitablemente, el Estado renunciaría a ofrecer alternativas reales para el aborto a las mujeres con dificultades.
