(LifeNews/InfoCatólica) Una coalición de 128 legisladores republicanos presiona al Gobierno federal de Estados Unidos para que examine la financiación pública que recibe Planned Parenthood y determine si la mayor multinacional del aborto del país y sus filiales han hecho un uso indebido del dinero federal. La petición llega después de que la organización haya incurrido en fraude en otras ocasiones.
El representante Chris Smith, republicano por Nueva Jersey, y el senador James Lankford, republicano por Oklahoma, encabezan la carta conjunta de ambas cámaras dirigida al inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos, T. March Bell. En ella le piden que su oficina revise la actividad de Planned Parenthood Federation of America y de sus filiales y que, si procede, abra una investigación formal.
«Le escribimos para solicitar que la Oficina del Inspector General revise y, si procede, inicie una investigación sobre las actividades de Planned Parenthood Federation of America, Inc. y de las filiales de la organización», escriben los legisladores.
Todo el dinero federal bajo la lupa
Los firmantes quieren que el inspector general examine los fondos que llegan a la organización a través de los programas, subvenciones, contratos y subcontratos del Departamento de Salud, y que determine si hay indicios de fraude, despilfarro, abuso, falseamiento u otras infracciones de los programas federales de salud. Si se constatan irregularidades, piden que el organismo de control estudie la aplicación de sanciones administrativas, la suspensión, la exclusión de los programas federales de atención sanitaria o la remisión del caso a otras autoridades.
Solicitan asimismo que la oficina se coordine con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y con la Oficina de Gestión y Presupuesto para llevar a cabo una «revisión exhaustiva».
«Planned Parenthood y sus filiales se han enfrentado a graves acusaciones relacionadas con el uso de fondos federales y el cumplimiento de la ley federal. Esas acusaciones merecen una revisión a fondo», declaró Lankford. «El inspector general del Departamento de Salud debe seguir los hechos, determinar si se han infringido las leyes federales y los requisitos de financiación, y pedir cuentas a cualquiera que haya hecho un mal uso del dinero de los contribuyentes».
Smith, copresidente del Grupo Provida del Congreso, afirmó que esta investigación llega tarde. El congresista citó acusaciones relacionadas con la financiación federal, las obligaciones de información, la explotación sexual y el tejido de niños abortados. «Hace mucho tiempo que debería haberse hecho una investigación y una revisión exhaustivas, e insto a la Oficina del Inspector General a examinar con atención si ha incumplido las normas federales que rigen para quienes reciben fondos federales», dijo.
Abusos a menores sin denunciar
La carta señala también informaciones según las cuales algunas filiales de Planned Parenthood no cumplieron con la obligación de denunciar sospechas de abuso o abandono de menores. Esas acusaciones no han sido establecidas todavía como conclusiones por el inspector general. Los legisladores escriben que, «dados los importantes recursos de los contribuyentes que circulan a través de los programas federales de salud y servicios humanos, es fundamental que las organizaciones beneficiarias actúen con transparencia, integridad y pleno cumplimiento de las normas federales».
La Oficina del Inspector General indicó el miércoles por la noche que aún no había recibido la carta. «No hemos recibido la carta y la revisaremos para tomar las medidas oportunas en cuanto la recibamos», señaló.
88 millones en préstamos de la pandemia
La iniciativa coincide con la revisión que lleva a cabo por separado la Administración de Pequeñas Empresas, conocida como SBA, sobre los más de 88 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Nóminas que recibieron durante la pandemia 38 filiales de Planned Parenthood. Los legisladores describen esa revisión como una investigación sobre si las filiales «recibieron ilegalmente 88 millones de dólares» en préstamos. La SBA, por su parte, la presenta como una revisión de si las filiales cumplían los requisitos, y no todavía como una conclusión de que hayan infringido la ley.
La administradora de la SBA, Kelly Loeffler, ha sido tajante sobre la postura del organismo. «En plena pandemia, las filiales de Planned Parenthood se llevaron 88 millones de dólares del dinero de los contribuyentes para financiar su agenda de aborto a demanda, y la administración Biden se aseguró de que se les condonara casi hasta el último centavo, incluso después de las protestas de la primera administración Trump», afirmó. «Seis años después, la SBA de Trump mantiene la misma convicción: Planned Parenthood Federation of America nunca tuvo derecho a recibir ni un centavo de las ayudas de la pandemia pagadas por los contribuyentes».
«Como parte de la revisión en curso, no solo vamos a sacar a la luz a las filiales de Planned Parenthood que se aprovecharon del pueblo estadounidense, sino que daremos todos los pasos necesarios para obligar a todos los infractores a devolverlo», añadió Loeffler.
La administración Biden condonó 34 de esos préstamos. Las filiales alegaron que eran entidades independientes con menos de 500 empleados. El Gobierno de Trump sostiene, en cambio, que su vinculación con la organización nacional las situaba por encima de ese límite y las dejaba sin derecho a las ayudas.
La senadora Joni Ernst, republicana por Iowa, explicó que los legisladores pidieron «respuestas sobre cómo se aprobó la financiación y se condonaron los préstamos pese a que Planned Parenthood Federation of America no tenía derecho a recibir fondos del programa, pero la administración Biden nos dio largas en todo momento». El senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, recordó que «las solicitudes de préstamo fraudulentas pueden acarrear sanciones tanto civiles como penales».
Cobros a Medicaid tras ser expulsada
La petición llega también después del litigio sobre Medicaid en el que un juez federal dictaminó que las filiales de Planned Parenthood estaban obligadas a devolver los pagos indebidos.
Las filiales presentaron 144.411 reclamaciones a Medicaid por un total de unos 17 millones de dólares en Texas y Luisiana después de que ambos estados las expulsaran del programa, y siguieron facturando mientras se libraba la batalla judicial. Los pagos indebidos de Medicaid deben declararse y devolverse en un plazo de 60 días. El caso podría obligar a Planned Parenthood a pagar 1.800 millones de dólares, y la organización nacional habría ayudado presuntamente a urdir la estrategia que permitió a las filiales locales seguir presentando reclamaciones.
Ese conflicto tiene su origen en las grabaciones con cámara oculta de David Daleiden y Sandra Merritt, en las que responsables de Planned Parenthood hablaban de extraer corazones, pulmones, hígados y cerebros de niños abortados. Una de ellas llegó a presumir de que quería comprarse un Lamborghini con lo obtenido. Texas investigó los hechos y expulsó a las filiales de Medicaid, y Luisiana siguió el mismo camino. Planned Parenthood batalló en los tribunales para ser readmitida en el programa.
Smith y Lankford piden ahora al inspector general que mire más allá de los préstamos de la pandemia y examine todo el flujo de dinero federal para la salud que sigue llegando a la multinacional del aborto.
