(kath.net/InfoCatólica) Diputados de la Asamblea de Irlanda del Norte, el Parlamento autonómico de Stormont, han advertido contra la prohibición de las llamadas terapias de conversión que se tramita en la cámara. El proyecto de ley presenta muchas deficiencias y es potencialmente peligroso, sostienen los parlamentarios, que temen que una charla privada en familia pueda acabar con los padres en un interrogatorio policial.
La iniciativa, denominada proyecto de ley de Prácticas de Conversión (Penalización), es una proposición de ley presentada a título individual por Eóin Tennyson, vicepresidente del Partido de la Alianza. Según su texto, quien sea declarado culpable de intentar cambiar o reprimir la orientación sexual o la llamada identidad de género de otra persona podrá ser condenado a hasta dos años de cárcel. La Asamblea debatió la proposición en segunda lectura el pasado 15 de septiembre.
Las prohibiciones de unas supuestas terapias de conversión abusivas llevan tiempo discutiéndose en el Reino Unido. Grupos cristianos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión han advertido de que las leyes de este tipo encierran grandes riesgos, también para los padres y para las iglesias. Los abusos en el ámbito terapéutico ya están prohibidos, recuerdan; una ley específica contra las terapias de conversión podría criminalizar a los padres que no aprueban la llamada identidad de género de sus hijos o a los pastores que rezan por los miembros de su comunidad.
«La fe no es solo un bonito sentimiento interior»
En el primer debate sobre el proyecto, la diputada Diane Dodds, del Partido Unionista Democrático (DUP), advirtió de que la ley podría tener efectos «particulares» sobre las iglesias. «La fe no es solo un bonito sentimiento interior, sino que marca el rumbo y nos exige vivir de una manera determinada», afirmó.
Deborah Erskine, también diputada del DUP, señaló que el proyecto no contempla ninguna excepción para los padres que hablan con sus hijos. Quienes no se ajusten a lo dispuesto en la ley podrían enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión.
Su compañero de partido Phillip Brett puso en duda el argumento principal de Tennyson, según el cual la ley castigaría conductas que hoy no son delito. «Ha dicho que el proyecto se ocupará de cuestiones que no han sido tipificadas como delito», explicó ante la cámara. «Ha descrito prácticas vergonzosas, como amenazas de violación, encerrar a personas en armarios y violencia física. Evidentemente, esas cosas ya son, con razón, delitos. Está claro que amenazar con violar a alguien ya figura en el código penal. Encerrar a alguien en un armario es claramente una detención ilegal. Esas cosas ya están, con razón, en la legislación».
«Esta ley convierte la buena crianza en un riesgo»
Jon Burrows, líder del Partido Unionista del Ulster (UUP), sostuvo que la ley tiene «muchas deficiencias» y advirtió de que puede llevar a criminalizar a los padres que aconsejan y apoyan a sus hijos. A su juicio, los padres podrían sentir la necesidad de grabar las conversaciones con sus hijos por si acaban ante un tribunal, como si necesitaran un abogado sentado a la mesa de la cocina antes de hablar con ellos.
«Quienes han perseguido, acosado e intimidado a personas por su orientación sexual se equivocan. No hay lugar para eso. No tengo lugar para los delitos de odio de ninguna clase», dijo Burrows. «Pero este proyecto no es la respuesta. Este proyecto convierte la buena crianza en un riesgo. Hace peligrosa la libertad de expresión, y de hecho instaría a todos a votar en contra en esta fase».
James Kennedy, del Christian Institute, se opone igualmente a la iniciativa, que considera inmadura y mal redactada. El proyecto, explica, recurre a términos vagos como represión e identidad de género sin definirlos en absoluto, y no contiene ninguna disposición que proteja la vida familiar privada. Una simple conversación en familia, advierte Kennedy, podría acabar en un interrogatorio en comisaría.
Los argumentos del promotor
Tennyson, que se emocionó al abrir el debate leyendo testimonios de personas que dicen haber sido sometidas a estas prácticas, aseguró que la ley atajaría una «forma específica y perniciosa de abuso». Según el diputado, las llamadas prácticas de conversión nacen de la creencia de que las personas homosexuales o con disforia de género están enfermas y necesitan una cura.
Ante el Parlamento autonómico se concentraron activistas favorables a la ley, entre ellos representantes del lobby LGTB Rainbow Project. Al término del debate, la cámara debía votar si el proyecto pasaba a la fase de comisión. Los diputados contrarios todavía podrían recurrir en fases posteriores a la llamada petición de preocupación, un mecanismo de la Asamblea que en la práctica permite bloquear una ley.
