(InfoCatólica) El Gobierno de Giorgia Meloni ha dado un nuevo paso en su política de integración y regulación de la inmigración. El Consejo de Ministros italiano aprobó el 24 de septiembre un decreto-ley sobre educación que, entre otras medidas, prohíbe cubrirse el rostro en los centros educativos, una disposición que afecta en la práctica al uso del burka y el nicab (velo que cubre toda la cara menos los ojos).
La prohibición no se dirige contra toda forma de vestimenta islámica, sino contra aquellas prendas que cubren el rostro. El velo o hiyab, que cubre el cabello pero deja visible la cara, queda fuera de la prohibición. El objetivo de la nueva norma es impedir que los alumnos acudan a clase con prendas que hagan imposible el reconocimiento facial.
La norma establece que no se podrá participar en actividades escolares o extraescolares con el rostro cubierto cuando ello impida reconocer a la persona. El incumplimiento puede acarrear multas de entre 200 y 1.000 euros, que, en el caso de menores, recaerán sobre sus padres o tutores.
La primera ministra italiana ha defendido la medida apelando a la necesidad de que la escuela sea un espacio común en el que puedan desarrollarse la educación y la integración. «A la escuela se va con el rostro descubierto», afirmó Meloni al anunciar la iniciativa, defendiendo que ninguna tradición puede imponer a una joven la obligación de ocultar su rostro y subrayando la igualdad entre hombres y mujeres.
Límite del 30 % de alumnos que no hablen italiano
El decreto incluye además otra medida de gran alcance: un límite del 30 % por aula de alumnos que no conozcan suficientemente la lengua italiana. No se trata de limitar el número de alumnos extranjeros por razón de su nacionalidad, sino de aquellos alumnos que no hablan bien el italiano, lo que supone grandes problemas para la comunicación en clase.
La medida pretende, según el Ejecutivo, evitar que determinadas escuelas terminen convirtiéndose en «aulas gueto» y favorecer que los alumnos extranjeros adquieran rápidamente el idioma necesario para desenvolverse en el sistema educativo italiano.
La reforma no se limita a los alumnos. Cuando las dificultades lingüísticas de los padres constituyan un obstáculo para la integración educativa de sus hijos, las familias podrán ser derivadas a programas gratuitos de aprendizaje del italiano. En algunos supuestos, la negativa a participar puede llevar aparejadas multas de entre 200 y 1.000 euros. El Gobierno sostiene que la participación de los padres en la educación de sus hijos constituye un elemento importante para su éxito escolar.
Integrar sin renunciar a las reglas
Meloni ha presentado el conjunto de medidas como una política de integración basada precisamente en la existencia de unas normas comunes. Tras la aprobación del decreto, la primera ministra afirmó que se trata de medidas de «sentido común» para garantizar a todos los alumnos las mismas oportunidades. La posición del Gobierno de Meloni es clara: la integración no significa renunciar a las reglas necesarias para garantizar una educación común.
Italia no es el primer país europeo que restringe el uso de prendas que cubren completamente el rostro, aunque el alcance y la fundamentación jurídica de las diferentes legislaciones nacionales varían considerablemente.
