(InfoCatólica) El suicidio asistido no llegará, al menos por ahora, a Inglaterra y Gales. La Cámara de los Comunes rechazó el pasado 11 de septiembre, por 286 votos contra 270 y en segunda lectura, el proyecto de ley que pretendía legalizarlo. Para el movimiento provida británico es una de sus mayores victorias de los tiempos recientes, lograda además en un Parlamento que parecía favorable a la medida.
El periodista Edward Pentin analiza en el National Catholic Register las claves de esta derrota. Explica el resultado por varios factores combinados, entre ellos el escrutinio parlamentario sostenido, la preocupación por la falta de salvaguardas, una amplia campaña ciudadana, las advertencias de médicos y de asociaciones de personas con discapacidad, la atención renovada a las carencias de los cuidados paliativos y sociales y, según subrayan los obispos, la oración. Pentin sostiene también que la oposición al suicidio asistido ha sido capaz de unir a personas de distintas sensibilidades políticas, profesionales y religiosas.
Un proyecto que no resistió el examen parlamentario
La iniciativa, presentada por la diputada laborista Lauren Edwards, habría permitido a los adultos mentalmente capaces de Inglaterra y Gales con una esperanza de vida de seis meses o menos solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, con la aprobación de dos médicos y de un panel de expertos. Habría modificado así la legislación vigente, que castiga con hasta catorce años de prisión a quien anime o ayude deliberadamente a otra persona a suicidarse.
El texto era casi idéntico al que la también laborista Kim Leadbeater presentó en 2024. Aquel proyecto superó sus principales trámites en los Comunes en 2025, pero en abril se quedó sin tiempo en la Cámara de los Lores, donde se habían registrado alrededor de 1.200 enmiendas. Sus críticos sostenían que carecía de salvaguardas suficientes para proteger a las personas vulnerables frente a presiones o coacciones, a las personas con discapacidad y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Sus defensores acusaron a algunos lores de utilizar las enmiendas como táctica dilatoria, y Edwards explicó que volvía a presentarlo para «terminar el trabajo».
Según las fuentes consultadas por Pentin, el factor más decisivo fue que el proyecto no resistió un examen detallado. «Las leyes de suicidio asistido sencillamente no soportan un escrutinio sostenido», afirma Alisdair Hungerford-Morgan, director ejecutivo de Right To Life UK, organización que encabezó la campaña contra la ley. A su juicio, el apoyo al proyecto fue cayendo a medida que avanzaba el debate, igual que ocurrió en marzo en el Parlamento escocés, porque el análisis parlamentario y los testimonios expertos demostraron que no es posible una ley de este tipo que proteja a los vulnerables, «especialmente dado el estado actual de los servicios sanitarios, paliativos y sociales».
Peter Kearney, responsable de comunicación de la Society for the Protection of Unborn Children (SPUC), coincide en que ese escrutinio fue clave para sacar a la luz los «peligros inherentes» de estas leyes, y reconoce la labor de personas procedentes del ámbito de la discapacidad, el trabajo social, la violencia doméstica, los cuidados paliativos y la medicina, además de los grupos provida.
Una movilización que dio la vuelta a los pronósticos
Lord David Alton, veterano político católico y patrono de Right To Life UK, elogia la «brillante labor» de la organización al crear lo que describe como una «alianza formidable» contra la ley. Su campaña Support Not Suicide facilitaba a sus simpatizantes una herramienta para escribir a sus diputados y un mensaje de WhatsApp listo para difundir entre familiares y amigos, y animaba a quienes conocían personalmente a algún parlamentario a pedirle que acudiera a la votación y se opusiera al texto.
El punto de partida no era favorable. Hungerford-Morgan recuerda que la primera ley llegó a «la Cámara de los Comunes más progresista social y políticamente de la historia británica», y que se daba por hecho que se aprobaría con holgura. Contaba además con el respaldo del entonces recién elegido primer ministro, Keir Starmer, y de conocidos personajes públicos.
Con el tiempo, sin embargo, creció el rechazo social. El día de la votación, una encuesta indicaba que el 82 % de los ciudadanos consideraba que el Parlamento debía garantizar primero que nadie se viera empujado al suicidio asistido por no recibir los cuidados necesarios al final de la vida, frente a un 8 % que discrepaba. Hungerford-Morgan habla de un «notable vuelco» que «no habría sido posible sin las muchas personas que alzaron la voz».
La aportación de la Iglesia y la oración
Stephanie MacGillivray, portavoz de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, explica que fueron tantos los católicos y las entidades que trabajaron juntos que no es posible atribuir el éxito «a ninguna intervención concreta». Destaca la contribución de expertos laicos y de organismos como la Catholic Medical Association, las dos jornadas Days for Life de 2024 y 2025, y el trabajo de obispos y capellanes con residencias y centros de cuidados paliativos, cuyo futuro podía verse amenazado por una ley con cláusulas de conciencia ineficaces y sin exenciones para las instituciones.
«Además de esta acción coordinada, atribuimos también el resultado a la Divina Providencia, gracias a las iniciativas de oración sostenidas por católicos y otros cristianos», afirma MacGillivray. Los obispos celebraron Horas Santas durante sus asambleas plenarias de 2024 y 2026, acompañados desde parroquias y hogares, y grupos como Voice of the Family promovieron una cruzada del Rosario contra la ley. El Cardenal Vincent Nichols, entonces arzobispo de Westminster, ya advirtió contra la iniciativa cuando se presentó el proyecto Leadbeater en 2024. La Iglesia, subraya la portavoz, seguirá defendiendo «la dignidad de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural».
Fuentes del movimiento provida califican en privado de «fantástica» la aportación eclesial, en especial las cartas pastorales que movilizaron a los fieles para escribir a sus diputados. Lord Alton, por su parte, advirtió a los lores de que la ley convertiría el suicidio en «una parte legal de la asistencia sanitaria» y alteraría «el paisaje moral de la nación». Isabel Vaughan-Spruce, fundadora de March for Life U.K., ve en el resultado un recordatorio de la perseverancia necesaria en esta «implacable batalla espiritual».
Los cuidados paliativos, en primer plano
Otro factor determinante, según Pentin, fue la posición del nuevo primer ministro, Andy Burnham, a quien describe como católico de origen aunque hoy disidente, y cuyo padre recibía cuidados paliativos en el momento de la votación. Burnham defendió públicamente que la financiación de los cuidados paliativos y sociales debía tener prioridad sobre esta legislación, a diferencia de su predecesor, que apoyó y votó a favor del suicidio asistido. Sus palabras llegaron cuando el sector de cuidados paliativos en Inglaterra acumula un déficit de más de 70 millones de libras (unos 80 millones de euros), lo que ha llevado a casi el 60 % de las entidades a aplicar o estudiar recortes, según Hospice UK.
Aunque Burnham se abstuvo, Hungerford-Morgan considera que situó esa necesidad «en un primer plano mucho más nítido». Matthew Schellhorn, que hace campaña contra el suicidio asistido desde la muerte de su madre en 2014, sostiene que la derrota supone el rechazo a la idea de que la respuesta al sufrimiento, la dependencia o un diagnóstico terminal «deba ser ofrecer a alguien la muerte». Destaca la intervención de la exministra laborista Ashley Dalton, que padece un cáncer de mama metastásico incurable y defendió que el acceso universal a unos cuidados paliativos de calidad debe ir primero. Dalton denunció además que los partidarios de la ley la habían «aterrorizado» a ella y a otros con una falsa disyuntiva entre apoyar el suicidio asistido o condenar a otros a un sufrimiento insoportable.
Una coalición por encima de los partidos
Schellhorn añade que algunos diputados vieron en la insistencia de los promotores un «insulto» al sistema bicameral, y recuerda que Starmer, que dejó su escaño el 1 de septiembre, pareció desentenderse del proyecto. Anthony McCarthy, director del centro de bioética Bios Centre, cree que los defensores de la ley se mostraron cada vez más abiertos al admitir que no debía disuadirse a quienes se consideran una carga por su enfermedad o su pobreza. En el debate del proyecto anterior, Lord Charles Falconer, uno de sus principales defensores, llegó a afirmar que «el embarazo no debería ser un impedimento» para el suicidio asistido.
Esa lógica, según McCarthy, unió en contra del texto a diputados y profesionales sanitarios de izquierda y derecha. Muestra de ello es el artículo conjunto de dos de los diputados más veteranos de los Comunes, la laborista Diane Abbott y el conservador católico Sir Edward Leigh, pidiendo mejorar los cuidados paliativos y rechazar la ley. «Nunca hay un "momento adecuado" para una ley así, porque supone respaldar un mal grave», concluye McCarthy.
Un debate que volverá
Hungerford-Morgan afirmó tras la votación que el asunto quedaba «zanjado para una generación». Pentin advierte, no obstante, que la campaña probablemente regresará bajo otra forma, dado que el lobby de la eutanasia cuenta con abundantes recursos y una sofisticada estrategia de comunicación. «La lucha por la vida es una lucha que tendremos que repetir», resume Schellhorn, «porque las personas que más necesitan nuestra protección no pueden permitirse que nos detengamos».
