(InfoCatólica) El Parlamento británico ha cerrado la puerta a la legalización del suicidio asistido en Inglaterra y Gales. La proposición de ley Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, presentada por la diputada laborista Lauren Edwards, fue derrotada este 11 de septiembre en segunda lectura por 286 votos en contra frente a 270 a favor, una diferencia de dieciséis. Es la primera vez que los Comunes rechazan un texto de este tipo, después de que una iniciativa prácticamente idéntica lograra el respaldo de la Cámara en la legislatura anterior.
El arzobispo de Liverpool y obispo responsable de Cuestiones de la Vida en la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, John Sherrington, agradeció el resultado y la movilización que lo ha hecho posible. «Nos alegra que los diputados hayan votado en contra de la aprobación del proyecto de ley sobre adultos con enfermedad terminal (final de la vida)», señaló en su declaración oficial. «Queremos dar las gracias a quienes escribieron a sus diputados para frenar la tramitación de la ley y a quienes colaboraron de otras maneras en la campaña contra ella».
Una oposición transversal
Sherrington extendió su gratitud más allá del ámbito eclesial. «Quisiera expresar mi gratitud a los diputados que votaron en contra del proyecto de ley y a las muchas personas de todos los sectores de la sociedad que hicieron oír su voz: médicos, juristas, grupos de personas con discapacidad, otras comunidades de fe y personas sin fe que defendieron la dignidad y el carácter sagrado de toda vida», afirmó el arzobispo, que agradeció también las oraciones ofrecidas durante las últimas semanas.
La votación reunió a parlamentarios de todo el espectro político. Los líderes del Partido Laborista, el Partido Conservador, Reform UK y los Liberal Demócratas se opusieron al texto. La decana y el decano de la Cámara de los Comunes, la laborista Diane Abbott y el conservador Edward Leigh, firmaron un artículo conjunto en el que pedían a sus colegas unirse en torno a la reforma de los cuidados paliativos y de la atención social, y dejar atrás un debate que consideran divisivo.
Entre quienes se opusieron figuran la líder conservadora Kemi Badenoch, el líder liberal demócrata Ed Davey y el líder de Reform UK Nigel Farage, junto a figuras destacadas del laborismo como Angela Rayner, Wes Streeting y Shabana Mahmood, además de la exministra de Salud Pública Ashley Dalton. También Jeremy Corbyn, Ayoub Khan y Rupert Lowe consideraron que el texto no estaba en condiciones de convertirse en ley. Según la organización Right To Life UK, ningún diputado norirlandés votó a favor.
Tres diputadas laboristas que votaron en contra, Dalton, Meg Hillier y Jess Asato, difundieron una declaración conjunta en la que subrayaron el carácter técnico de su decisión: «Los diputados han votado en contra de este proyecto de ley porque no era un debate abstracto, sino una decisión sobre una ley real que era insegura e inviable. Pero este no es un momento de celebración. Comprendemos la honda preocupación de tantas personas en todo el país que han hecho campaña por un cambio en la ley». Y añadieron: «La verdad es que ninguno de los colegios médicos reales competentes, ni los grupos profesionales, ni los expertos avalan la seguridad o la viabilidad de este proyecto».
Un giro respecto a la legislatura anterior
El desenlace supone un cambio notable respecto al recorrido previo de esta iniciativa. Una primera versión, impulsada por la diputada laborista Kim Leadbeater, superó la segunda lectura en noviembre de 2024 por 330 votos contra 275, y la tercera en junio de 2025 por 313 contra 291. El texto pasó después a la Cámara de los Lores, donde decayó en abril al agotarse el tiempo parlamentario, después de que un grupo reducido de pares presentara cientos de enmiendas. Edwards volvió a presentarlo en los Comunes en términos sustancialmente idénticos, y es esa reintroducción la que ahora ha sido derrotada.
Comparados los resultados, ambos bandos perdieron apoyos, pero la caída fue mayor entre los partidarios. Varios diputados señalaron que habían recibido bastante menos presión de las campañas favorables al suicidio asistido que en la tramitación anterior. A ello se sumó un cambio en Downing Street: con Andy Burnham como primer ministro, el Gobierno mantuvo la neutralidad oficial al tratarse de una cuestión de conciencia, pero el propio Burnham anunció que no votaría, a diferencia de su predecesor Keir Starmer, que lo había hecho a favor, y sostuvo que el debate debería aplazarse hasta mejorar la atención social. Pesó también el recelo de algunos diputados ante la posibilidad de recurrir a la Parliament Act para forzar la aprobación si los Lores volvían a frenar el texto.
El resultado se produce después de que el Parlamento escocés rechazara en marzo de este año una iniciativa similar.
Malestar entre los promotores
Edwards reaccionó con dureza. Sostuvo que los votantes querían un cambio y «no entenderán por qué no pudo producirse porque una minoría en la Cámara de los Lores empleó mecanismos de procedimiento para bloquearlo y los diputados se echaron atrás a la hora de exigirles que hicieran su trabajo». Y anunció que el asunto volverá: «El suicidio asistido llegará a este país, como ya está ocurriendo en todo el mundo, pero no lo bastante pronto. El Parlamento ha fallado hoy. Alguien retomará la cuestión, como debe ser».
Leadbeater se declaró «realmente triste» y «realmente decepcionada», y precisó: «No por mí, sino por las muchas personas que han hecho campaña sobre este asunto mucho antes de que yo llegara, y por los enfermos terminales que sencillamente piden poder elegir, piden compasión, piden dignidad en sus últimos días». Aseguró que un número de diputados y pares intentará reabrir el asunto, aunque dijo desconocer cuándo.
También criticó la votación Andrew Copson, director ejecutivo de Humanists UK, para quien el resultado «no aporta ni un penique adicional para cuidados paliativos o apoyo a la discapacidad».
🛟BREAKING: ASSISTED SUICIDE BILL DEFEATED!🏆
— Right To Life UK (@RightToLifeUK) September 11, 2026
In a victory for hope, compassion & life, MPs have voted against assisted suicide by 286 votes to 270, choosing to protect vulnerable people & stop our country going down a dark path that would have changed society forever.🧵1/ pic.twitter.com/T1mi0ocK9E
La opinión pública y los cuidados al final de la vida
La derrota coincide con un sondeo publicado el mismo día de la votación por Whitestone Insight, miembro del British Polling Council, la encuesta más amplia realizada en las dos semanas previas. Según sus resultados, el 82 % de los encuestados considera que el Parlamento debería garantizar primero que nadie se vea empujado hacia el suicidio asistido por no recibir los cuidados y el apoyo que necesita al final de la vida. Solo un 8 % se mostró en desacuerdo. El estudio detecta asimismo una preocupación extendida por el riesgo de presión o coacción sobre las personas vulnerables. Los partidarios de la ley sostienen, por su parte, que la opinión pública respalda mayoritariamente la medida, sin remitirse a un sondeo concreto.
Alisdair Hungerford-Morgan, director ejecutivo de Right To Life UK, organización que se lucha a favor de la vida reclama mayor inversión en cuidados paliativos, valoró así el resultado: «Esta es una victoria extraordinaria para los más vulnerables de nuestra sociedad. Merecen protección y cuidado, no una vía hacia el suicidio». A su juicio, «tras dos años de debate nacional, el país ha decidido rechazar el suicidio asistido, zanjando la cuestión para una generación», y advirtió de que «la evidencia procedente del extranjero muestra que, si esta legislación se hubiera convertido en ley, innumerables personas vulnerables al final de su vida habrían sido presionadas o coaccionadas para poner fin a sus vidas».
Hungerford-Morgan añadió que «al terminar este debate, la verdadera batalla no ha hecho más que empezar», y reclamó acceso universal a cuidados paliativos de alta calidad, denunciando que «la lotería por códigos postales en el acceso a unos cuidados paliativos excelentes se ha prolongado demasiado tiempo».
La atención social apareció también en el cierre del debate parlamentario. La ministra de Sanidad Alison McGovern afirmó que el Gobierno habría aplicado la ley de haberse aprobado, pero reiteró su preocupación por la situación del sector: «En mi opinión, la atención social ha sido ignorada durante demasiado tiempo, tanto el millón y medio de personas, en su mayoría mujeres, que trabajan en ella, como las familias que la necesitan».
En la misma línea, el arzobispo Sherrington afirmó que la respuesta a quienes afrontan una enfermedad grave, la discapacidad o los desafíos de la vejez «debe estar arraigada en la solidaridad, el cuidado y el respeto», y que «la verdadera medida de una sociedad compasiva es su disposición a acompañar a las personas en circunstancias difíciles, en lugar de animarlas a poner fin a sus vidas». El prelado concluyó pidiendo a la comunidad católica que siga rezando por los legisladores, «para que garanticen que nuestras leyes defiendan siempre la dignidad de la vida humana».
