(LifeNews/InfoCatólica) Hay buenas noticias. La magistrada Carissima Mathen ha denegado a Claire Brosseau y a la organización Dying With Dignity la medida cautelar con la que pretendían que se autorizase dar muerte a Brosseau mediante la eutanasia, encubierta en Canadá bajo el eufemismo de «asistencia médica para morir», teniendo la enfermedad mental como único criterio para acceder a ella. La Coalición para la Prevención de la Eutanasia intervino en el caso Brosseau y participó en las vistas celebradas los días 21 y 22 de julio de 2026.
«Por las razones que siguen, concluyo que el balance de conveniencias no favorece la concesión del remedio que la señora Brosseau solicita», escribió Mathen en su resolución. Conviene subrayar qué era exactamente ese «remedio» del que hablaba la magistrada y que la demandante estaba solicitando del tribunal: la muerte por eutanasia.
Lo que dice la resolución
La magistrada desarrolló así su razonamiento: «La cuestión que está en el corazón del examen del balance de conveniencias es dónde queda mejor situado el riesgo de error. Ese riesgo corresponde al juez que conoce de la solicitud de tutela cautelar; ha de considerar qué ocurre si aplica el criterio incorrectamente: Sharpe, p. 26. En los casos constitucionales, determinar ese riesgo puede ser excepcionalmente difícil. En este caso, la señora Brosseau ha presentado pruebas convincentes del daño que sufre y que probablemente seguirá sufriendo. Al mismo tiempo, los intereses del otro lado son considerables. Entre ellos se cuentan el papel del Parlamento a la hora de tomar decisiones políticas sobre cuestiones sociales delicadas, y la interpretación correcta de los derechos de la Carta que están en juego. Con un expediente completo, un juez de instancia dispondrá de los instrumentos necesarios para ponderar plenamente esos intereses y esas cuestiones. Con el expediente actual, el tribunal no cuenta con tales instrumentos. Por tanto, no es posible fallar a favor de la señora Brosseau respecto del remedio que solicita».
Dicho de otro modo: Mathen no concedió el «remedio» solicitado, es decir, no aprobó que se diera muerte a Brosseau por eutanasia, porque el tribunal carecía de la información que habría necesitado para poder tomar una decisión semejante. Esa información se obtendría en el marco de una vista plena, y no en una vista sobre medidas cautelares como la que se estaba sustanciando en este caso.
Una victoria, pero el caso continúa
Se trata, por tanto, de una victoria, pero viene acompañada de una mala noticia que conviene no perder de vista: el asunto de la eutanasia por enfermedad mental como causa única seguirá adelante en sede judicial, puesto que la magistrada Mathen vino en el fondo a apreciar que la demanda de Brosseau tiene fundamento.
En su resolución escrita, dada a conocer el pasado jueves, la magistrada Mathen describió de qué modo la señora Brosseau había presentado pruebas convincentes del daño que ha venido sufriendo y que probablemente seguirá padeciendo en el futuro. La magistrada señaló asimismo los considerables intereses del otro lado, entre ellos «el papel del Parlamento a la hora de tomar decisiones políticas sobre cuestiones sociales delicadas y la interpretación correcta de los derechos de la Carta que están en juego».
El informe que la jueza cita pero no responde
Resulta asombroso que la magistrada Mathen mencione en su resolución el informe del Comité Mixto Especial sobre la Asistencia Médica para Morir, titulado «El trastorno mental como única condición médica subyacente: una conversación compleja y desafiante entre canadienses» y hecho público el 17 de junio de 2026, y que sin embargo no dé respuesta alguna a las objeciones que plantea ese comité gubernamental. El comité había aconsejado al Gobierno aplazar de manera indefinida la inclusión de la enfermedad mental como causa que dé acceso a la eutanasia.
Dentro de la información complementaria del informe, el presidente del comité, el doctor Marcus Powlowski, diputado liberal por Thunder Bay-Rainy River, explica su posición sobre la Carta canadiense en estos términos: «Creo que los tribunales deberían concluir, como hizo nuestro comité, que no permitir la eutanasia por enfermedad mental, hasta que se aborden ciertas preocupaciones fundamentales, constituye una limitación razonable con arreglo al artículo 1. Esas preocupaciones fundamentales son la dificultad, quizá incluso la imposibilidad, de determinar la irremediabilidad del sufrimiento mental —un requisito esencial de la ley— y la incapacidad de distinguir la tendencia suicida de una decisión racional en alguien que padece una enfermedad mental. Numerosos testigos citaron estas preocupaciones como razones por las que deberíamos negarnos a extender la eutanasia a esta población».
«Quizá nunca estemos preparados»
Powlowski sostuvo asimismo que, dado que la ley canadiense exige que la persona padezca una condición médica irremediable para poder ser aprobada para la eutanasia, habría que reformar por fuerza esa ley si lo que se quiere es autorizar la eutanasia por enfermedad mental como única causa. Y escribió lo siguiente:
«Pero quizá nunca estemos preparados para la eutanasia por enfermedad mental tal como está redactada hoy la ley. Numerosos psiquiatras muy experimentados nos hablaron de casos aparentemente irremediables en los que, por alguna razón, los pacientes, tras periodos prolongados de sufrimiento aparentemente irremediable, acabaron mejorando y empezaron a disfrutar de la vida otra vez. Es más, las pruebas de que disponemos parecen indicar que los psiquiatras no pueden predecir con exactitud quién no va a mejorar. Quizá la solución más sencilla a la cuestión jurídica sea reconocer que el requisito de la irremediabilidad resuelve el asunto. La ley, tal como está escrita, exige la irremediabilidad. Si realmente no hay manera de determinar con exactitud la irremediabilidad, parecería que habría que cambiar la ley si queremos permitir la eutanasia por enfermedad mental».
El Parlamento o los tribunales
El diputado se pronunció también sobre el papel del Parlamento y el de los tribunales: «Sugeriría que el poder legislativo electo está totalmente justificado al trazar una línea, al decidir que no estamos dispuestos a respaldar que el Estado habilite a los médicos para quitar la vida a alguien que, quizá, se habría recuperado. La decisión de hacerlo o no es una decisión moral y refleja plenamente lo que valoramos como sociedad. Como tal, es una decisión que corresponde más apropiadamente a quienes hemos sido elegidos por los miembros de la sociedad, y que en último término respondemos ante el pueblo en las urnas, y no a unos tribunales no electos».
Estas consideraciones eran importantes, y la magistrada Mathen debería haberlas tomado en cuenta como parte de su decisión. Lo que el lobby eutanásico pretende, en definitiva, es que sea el tribunal el que legisle desde el estrado, imponiendo por vía judicial la eutanasia por enfermedad mental como criterio único allí donde el legislador no ha querido hacerlo.
Alex Schadenberg es el director ejecutivo de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia, la organización que intervino en este procedimiento. El coste de personarse en un caso judicial resulta prohibitivo: la entidad necesita todavía al menos 20.000 dólares en donativos para poder cubrir los gastos de su intervención en este pleito.
