(InfoCatólica) El Landtag de Liechtenstein aprobó el miércoles 2 de septiembre, por la mínima mayoría posible, una iniciativa popular que pretende legalizar el aborto durante las primeras doce semanas de gestación. La votación, sin embargo, no decide nada: el príncipe heredero Alois, regente del principado, había anunciado meses antes que ejercerá su derecho de veto, y ese veto pone fin a cualquier procedimiento legislativo en el país.
La iniciativa, conocida como de plazos (Fristenlösung), prevé permitir el aborto dentro de las primeras doce semanas de embarazo, según recoge Die Tagespost, y que los costes sean asumidos por la caja de enfermedad.
Una mayoría de un solo voto
El texto fue examinado en Vaduz tras un largo debate y sometido después a votación. «Aprobada por 13 votos de los 25 miembros presentes. El Landtag, por tanto, ha aprobado la iniciativa popular», declaró su presidente, Manfred Kaufmann, al anunciar el resultado.
La aprobación parlamentaria tuvo un efecto procesal decisivo. Si el Landtag hubiera rechazado la iniciativa, la medida habría pasado automáticamente a referéndum, donde es probable que hubiese sido rechazado. El mismo procedimiento democrático que otras partes del mundo. Tras ganar la votación, un diputado de la Freie Liste (Lista Libre) pidió que el proyecto se sometiera igualmente a consulta popular, pero la moción fue rechazada por 13 votos contra 12.
El comité promotor había reunido 4.970 firmas, casi cinco veces el mínimo legal de 1.000, una cifra muy elevada en un principado germanófono de apenas 41.000 habitantes, de los que en torno al 35 % son residentes extranjeros permanentes, y donde el catolicismo es religión de Estado. La iniciativa ha sido impulsada, entre otros, por Tatjana As'Ad, de 28 años, una de las responsables de la Freie Liste.
La legislación vigente
En Liechtenstein, uno de los países más pequeños de Europa con unos 160 kilómetros cuadrados situados entre Austria y Suiza, el aborto está prohibido con carácter general y solo se admite en supuestos excepcionales, como el peligro para la vida de la madre o el embarazo resultante de una violación. La mujer que aborta fuera de esos supuestos se expone a hasta un año de prisión, y quien practica el aborto, a hasta tres años. Desde 2015 las mujeres pueden desplazarse al extranjero para abortar sin incurrir en responsabilidad penal, i bien la caja de enfermedad del principado no cubre esos gastos.
La iniciativa aprobada ahora se presentó bajo la denominación Fristenlösung für Liechtenstein y va más allá de la mera exclusión de la pena, puesto que incorpora la cobertura pública del coste del aborto.
El veto anunciado y su fundamento
El príncipe heredero Alois, que ejerce como regente y puede bloquear los acuerdos del Parlamento, se opone a la iniciativa. Y ha anunciado su intención de hacer uso del derecho de veto. La Casa Principesca fundamenta su rechazo en que una regulación de plazos no tiene suficientemente en cuenta la protección de la vida del no nacido.
El anuncio no es posterior a la votación, sino anterior. En una entrevista concedida al principal periódico del país tras la presentación de la iniciativa, el regente sostuvo que la protección del niño no puede depender de su edad, que la protección de la vida del no nacido debe ser siempre «claramente visible» y que las leyes de plazos son solo una forma de que el Estado eluda su responsabilidad de proteger la vida de todos los habitantes del país. El Landtag votó, por tanto, conociendo que la medida no llegaría a entrar en vigor.
El precedente de 2011 y el pulso a la monarquía
No es la primera vez que la cuestión llega a la esfera pública en el principado. En 2011 se planteó una propuesta para legalizar el aborto en las primeras doce semanas o cuando se previera que el niño iba a nacer con una discapacidad. También entonces el príncipe anunció que vetaría la ley si se aprobaba, y esa oposición resultó determinante en el resultado: el 52 % de los electores rechazó la propuesta en referéndum.
Aquel gesto tuvo consecuencias. A raíz del pulso se desencadenó una campaña contra los poderes constitucionales de la monarquía, sometida a su vez a consulta popular en 2012. Los liechtensteinianos mantuvieron las prerrogativas del soberano con el 72 % de los votos. Esa ratificación explica el alcance de la situación actual: el veto principesco no es un trámite simbólico ni una sanción formal, sino la facultad que cierra definitivamente el procedimiento legislativo.
