(InfoCatólica/Tribune Chrétienne) Aunque cada vez es menos necesario emplear esta táctica, durante décadas las medidas anticatólicas se han ocultado bajo un lenguaje neutro y pretendidamente imparcial. Si lo que se quería era eliminar los crucifijos en escuelas u hospitales, se prohibían los «signos religiosos»; si se quería descatolizar la esfera pública, se hablaba de «neutralidad» o «aconfesionalidad», y, si se deseaba que la población fuera menos cristiana, se promovía la «diversidad». Todo el mundo, excepto algunos católicos llamativamente ingenuos que se tragaron la propaganda, sabía que el punto de mira real era el catolicismo.
Utilizando por enésima vez esa estrategia pretendidamente neutra, en una entrevista concedida a Le Figaro el nuevo Gran Maestre del Gran Oriente de Francia arremete contra los colegios privados, que no tienen concierto con el Estado. «Creo que los colegios privados que operan al margen de los contratos estatales no tienen cabida en la República», ha afirmado Guillaume Trichard, quien acaba de iniciar su segundo mandato al frente de la principal obediencia masónica francesa.
Por supuesto, la mayoría de esos colegios en Francia son colegios católicos. Cabe pues, sospechar, que el Gran Maestre no está preocupado en última instancia por un posible elitismo (intrínsecamente característico, por otra parte, de la masonería), ni por la desigualdad o la inclusividad, sino ante todo por una característica de gran parte de los colegios privados: su catolicismo.
Por si hubiera dudas, al mismo tiempo y para asegurarse de cubrir todos los campos, está en marcha otra ofensiva contra el punto medio entre la escuela privada y la pública: la educación privada, pero subvencionada por el Estado, conocida generalmente como educación concertada. La Federación Nacional del Librepensamiento, una asociación estrechamente vinculada a la masonería francesa, aboga explícitamente por acabar con la escuela concertada, particularmente los colegios concertados católicos, que agrupan a unos dos millones de alumnos.
Como sería inviable para el sistema educativo francés hacer algo así de golpe, la Federación Nacional del Librepensamiento ha propuesto un «plan de seis años para eliminar gradualmente la financiación pública» de la que se benefician las escuelas concertadas. Esto se llevaría a cabo derogando la Ley Debré, aprobada en 1959.
Michel Debré fue Primer Ministro con el Presidente De Gaulle (ambos católicos convencidos) y quiso que, en el ámbito de la educación, el Estado y la Iglesia no estuvieran enfrentados, sino que pudiesen colaborar. En virtud de la Ley Debré, el Estado francés subvenciona escuelas de iniciativa privada (sobre todo católicas, pero también judías, musulmanas o sin vinculación con la religión), financiando el sueldo de sus profesores. Así se asegura que los padres puedan elegir la educación de sus hijos que consideren más apropiada.
Para los librepensadores franceses, al parecer, esto es inaceptable, de modo que, el pasado año 2025, aprobaron una resolución titulada: «Fondos públicos para escuelas públicas, fondos privados para escuelas privadas: ¡adiós de una vez por todas a la Ley Debré!». Así, durante todo este año, han puesto en marcha una campaña para concienciar a la ciudadanía y presionar a los legisladores con vistas a la eliminación del concierto educativo.
Si masones y librepensadores consiguieran su propósito de acabar con cualquier educación que no sea la pública, miles de colegios y millones de alumnos se verían afectados. Irónicamente, lo primero que estaría en peligro con ello sería la libertad de pensamiento de los padres, que ya no podrían elegir para sus hijos una educación conforme a sus convicciones, lo que permite deducir que «librepensamiento» probablemente haya sido siempre un eufemismo para gritar «non serviam» sin que se note mucho.
