(NCRegister/InfoCatólica) Antes de recibir su título, los médicos prometen anteponer el bien de aquellos a quienes sirven. Un nuevo informe de la Administración estadounidense sostiene que, en el terreno de la llamada medicina de género, una parte del estamento sanitario traicionó esa confianza de sus jóvenes pacientes en provecho propio.
Titulado Lobos con bata blanca, el documento del Departamento de Salud y Servicios Humanos documenta lo que describe como los «incentivos políticos y económicos» que empujaron a grandes proveedores sanitarios a prescribir indebidamente fármacos y procedimientos de «afirmación de género» a menores de edad.
El informe, hecho público el 13 de agosto, recoge además varios testimonios en primera persona de niños y de padres de niños que, según denuncian, fueron presionados por los profesionales sanitarios para someterse a procedimientos irreversibles y mutilantes de rechazo del propio sexo.
Una doble mastectomía a los catorce años
Una de esas jóvenes, Clementine Breen, se sometió a una doble mastectomía a los catorce años y sufrió graves efectos psicológicos por el tratamiento con testosterona. Cuando decidió revertir el proceso, asegura que se encontró con evasivas por parte de quienes la habían tratado y sin apoyo claro alguno. Breen afirma hoy que contempla las intervenciones de rechazo de su sexo a las que fue sometida como una forma de autolesión.
Más de 225 hospitales y sistemas sanitarios de todo el país habían puesto en marcha programas para ofrecer esta clase de procedimientos a niños ya a comienzos de la década de 2020, según recoge el informe.
Casi 120 millones de dólares facturados desde 2019
El documento halló numerosos casos de hospitales que empujaron a menores a la llamada transición, situándolos así en una senda que exigiría fármacos costosos, cirugías e intervenciones médicas de por vida. Una vida entera de fármacos para transexuales iniciada siendo menor puede costar entre 25.000 y 75.000 dólares, cifra que se eleva hasta los 100.000 o 170.000 dólares cuando se añaden las cirugías.
Las instituciones y profesionales estudiados participan en programas federales como Medicaid y Medicare, lo que significa que los médicos y entidades que prestan estos servicios podían obtener beneficios inmensos. Los análisis de las organizaciones de vigilancia que han rastreado la facturación por menores desde 2019 estiman casi 120 millones de dólares en cargos totales de hospitales y clínicas por estas intervenciones en todo el país, que abarcan más de 5.500 procedimientos quirúrgicos y 8.500 tratamientos con hormonas o bloqueadores.
Diagnósticos que los niños no tenían
Hay motivos para creer, prosigue el informe, que algunos proveedores de estos procedimientos, y quizá muchos, diagnostican sistemáticamente a los menores dolencias físicas que no padecían, empleando códigos diagnósticos vagos con el fin de asegurarse la cobertura de los seguros para operaciones como la extirpación de pechos o los tratamientos hormonales que las aseguradoras podrían no haber cubierto de haber recibido una información completa y veraz.
Entre 2015 y 2025, por ejemplo, los hospitales presentaron reclamaciones a las aseguradoras por unos 47 millones de dólares en bloqueadores de la pubertad facturados con el código diagnóstico E34.9, que designa un trastorno endocrino sin especificar. Los autores del informe sostienen que el disparo en el uso de ese código impreciso para menores, sin un aumento paralelo de los trastornos endocrinos, revela un patrón de facturación potencialmente fraudulenta que se apoya en una codificación falsa para justificar la prescripción de bloqueadores.
El texto señala que el informe pone de relieve indicios de que los proveedores sanitarios pudieron haberse asegurado la cobertura de estos procedimientos, engordando sus cuentas de resultados, por medios potencialmente fraudulentos, y recomienda mantener la vigilancia sobre las prácticas de codificación de los seguros y una revisión adecuada de la actividad facturadora.
Una investigación penal federal
A la vista de los resultados, el vicepresidente JD Vance, católico, anunció que ha remitido el asunto al Departamento de Justicia para que ponga en marcha una investigación penal federal.
Mary Rice Hasson, católica e investigadora del Ethics and Public Policy Center, que interviene con frecuencia sobre la ideología de género y varios de cuyos colegas colaboraron en el documento, calificó el informe de oportuno y contundente.
«Durante demasiado tiempo, hospitales, clínicas de género y médicos sin escrúpulos han llevado por la vía rápida a niños sanos, aunque afligidos mentalmente, hacia procedimientos dañinos de rechazo de su sexo, sin apenas consideración por la integridad corporal del niño ni por su fertilidad futura», declaró Hasson. «Como deja claro este informe sobre prácticas fraudulentas de facturación, la industria del género también estafó al Gobierno y obtuvo grandes beneficios en el proceso.»
«La enseñanza católica es clara: estas intervenciones médicas y quirúrgicas son inmorales y ofenden la dignidad humana», añadió. «Este informe debería mover a todo católico a condenar las prácticas de explotación de la industria del género y a reconocer el daño causado a personas vulnerables.»
La enseñanza de la Iglesia
La Iglesia enseña que el hombre ha sido creado por Dios como un compuesto inseparable de cuerpo y alma, y que por tanto el sexo biológico de la persona es un don inmutable recibido de Dios. Los pastores católicos, y entre ellos los obispos de Estados Unidos, han reiterado constantemente que el católico está llamado a responder con caridad y compasión a quienes padecen disforia de género, sin transigir jamás en la verdad de que los intentos de transición son dañinos, equivocados y no pueden aprobarse para nadie, ni adultos ni niños.
En noviembre de 2025 la Conferencia Episcopal estadounidense publicó una nueva edición de sus directrices éticas y religiosas para los servicios sanitarios católicos, que prohíben expresamente a las instituciones católicas prestar tratamientos cuyo objetivo no sea restaurar, sino alterar el orden fundamental del cuerpo humano en su forma o en su función, como las llamadas transiciones de género.
Un giro tras años de imposición ideológica
La segunda Administración Trump ha revertido en gran medida la fuerte promoción de la ideología transexual que el Gobierno federal impulsó bajo el presidente Joe Biden, que llegó a incluir un mandato transexual de amplio alcance, rechazado con éxito ante los tribunales por demandantes católicos, para obligar a los proveedores sanitarios a practicar cirugías de transición o a cubrirlas con sus seguros.
El pasado 12 de agosto, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron la entrada en vigor de una norma definitiva que prohíbe formalmente el uso de fondos para fármacos y cirugías destinados a facilitar las transiciones de género, medida que los bioeticistas católicos han saludado como razonable.
El cambio contó también con el respaldo del Colegio Americano de Pediatras, que recordó que estos procedimientos pueden provocar daños irreversibles en niños y adolescentes, entre ellos infertilidad, deterioro de la función sexual, pérdida de densidad ósea, alteración del desarrollo cerebral y otros perjuicios permanentes.
Aproximadamente la mitad de los estados norteamericanos, entre ellos Texas, han aprobado prohibiciones de los bloqueadores de la pubertad, las hormonas del sexo contrario y las cirugías de transición para menores de dieciocho años. Otros países han limitado o suprimido en los últimos años estas prácticas tras un estudio detenido: el Servicio Nacional de Salud británico, por ejemplo, ha restringido la disponibilidad de estos fármacos para pacientes menores alegando la falta de pruebas sobre su seguridad y su eficacia.
