(Zenit/InfoCatólica) El intento de obligar a los sacerdotes a denunciar información obtenida durante el sacramento de la Confesión ha expirado sin convertirse en ley al clausurarse la sesión legislativa de 2026 en Arizona. Es la segunda vez en tres años que fracasa una iniciativa de este tipo en el estado norteamericano, en un contexto de creciente presión legislativa en varios estados contra la confidencialidad de las comunicaciones sacramentales.
Un proyecto con sanciones severas
El Proyecto de Ley 2039 de la Cámara de Representantes, promovido por la representante demócrata Stacey Travers, habría obligado a los sacerdotes a informar a las autoridades civiles de cualquier indicio de abuso infantil en curso o previsto, incluso cuando dicho conocimiento se hubiera obtenido exclusivamente a través de la confesión sacramental.
Las sanciones previstas eran considerables: una primera infracción habría constituido un delito grave de Clase 6, con multas de hasta 150.000 dólares (unos 138.000 euros) y penas de prisión de hasta dos años. Las infracciones reiteradas podrían haber acarreado penas de prisión significativamente más largas.
La legislación incluía además una disposición especialmente controvertida. Aunque la ley de Arizona ya reconoce el privilegio de confidencialidad entre clérigo y penitente, el proyecto habría eliminado dicha protección siempre que el ministro considerase que el abuso continuaba o podría producirse en el futuro. Los críticos señalaron que este lenguaje obligaría a los sacerdotes a especular sobre acontecimientos futuros, además de forzarles a violar la confidencialidad absoluta del sacramento.
El argumento de la libertad religiosa
La representante Travers defendió su propuesta sosteniendo que las instituciones religiosas no deberían invocar el secreto sacramental para proteger información relacionada con el abuso infantil, y que la responsabilidad legal debería prevalecer sobre la práctica eclesiástica en situaciones que impliquen un posible daño a menores. Travers llegó a afirmar que la Iglesia católica intenta «esconderse detrás de la santidad del confesionario» y que las instituciones religiosas están «más preocupadas por su responsabilidad legal que por la fidelidad en la búsqueda de la absolución».
Los opositores rechazaron la premisa de que la legislación fuera necesaria. Arizona ya exige que el clero denuncie los casos sospechosos de abuso infantil en prácticamente cualquier circunstancia fuera del confesionario. La cuestión en disputa no era si se debía denunciar el abuso, sino si el Estado podía obligar a los sacerdotes a revelar lo que escuchan durante un sacramento que la Iglesia considera inviolablemente confidencial.
Entre los opositores más firmes se encontraba el representante republicano Quang Nguyen, legislador católico que ya había contribuido a la derrota de una propuesta similar en 2023. Nguyen argumentó que el proyecto se dirigía específicamente contra una práctica exclusivamente católica en lugar de abordar una laguna real en las leyes de protección infantil. «Este proyecto no tiene absolutamente nada que ver con la denuncia de delitos, porque la obligación de denunciar ya existe en el estado de Arizona, solo que no en el confesionario», declaró el legislador, que calificó la iniciativa como un intento de «destruir» la Iglesia.
Una tendencia en varios estados
El debate en Arizona se inscribe en una tendencia más amplia en Estados Unidos. En los últimos años, varios estados han considerado legislación para restringir o eliminar las protecciones legales de las comunicaciones religiosas confidenciales en contextos de abuso infantil.
El estado de Washington se convirtió en la primera jurisdicción en promulgar una legislación de este tipo tras varios intentos. Sin embargo, su implementación enfrentó de inmediato impugnaciones judiciales: un juez federal bloqueó su aplicación mientras continúan los litigios sobre cuestiones constitucionales relativas a la libertad religiosa. El proyecto de Travers era similar a esa ley ya paralizada judicialmente.
En Montana, la representante demócrata Mary Ann Dunwell impulsó una medida análoga en 2025. Aunque revisó su propuesta tras conversaciones con la Conferencia Católica de Montana, la legislación seguía generando inquietudes, ya que habría exigido al clero informar sobre datos obtenidos en ciertos contextos de consejería pastoral. La propuesta revisada tampoco se convirtió en ley.
El secreto de confesión en el derecho canónico
Para la Iglesia católica, la cuestión trasciende la confidencialidad profesional. El secreto de confesión se considera absoluto y no admite excepciones. Según el derecho canónico, un sacerdote que revele directamente la identidad de un penitente o el contenido de una confesión sacramental incurre en excomunión automática (latae sententiae), reservada a la Santa Sede. Dado que la obligación se considera inherente a la naturaleza misma del sacramento, se espera que los sacerdotes preserven la confidencialidad incluso bajo amenaza de prisión u otras sanciones civiles.
A diferencia del secreto profesional entre abogado y cliente o la confidencialidad médico-paciente, que son protecciones legales establecidas por el derecho civil y pueden incluir excepciones, la Iglesia entiende el secreto de confesión como una obligación sagrada debida a Dios, no solo al penitente. El sacerdote no actúa como depositario de información confidencial, sino como ministro, a quien le está absolutamente prohibido revelarla.
Por el momento, los legisladores de Arizona han mantenido el equilibrio vigente: los requisitos de denuncia obligatoria siguen siendo plenamente aplicables al clero en prácticamente todos los contextos, excepto en la confesión sacramental.
