(The Catholic Herald/InfoCatólica) Mauricio Kuri González, gobernador del estado mexicano de Querétaro y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), de centroderecha democristiana, ha vetado una legislación aprobada por el Congreso estatal que habría permitido a los adultos modificar su género legal en los documentos oficiales mediante un procedimiento administrativo simplificado basado en la autopercepción, sin requisitos médicos ni judiciales.
El proyecto, promovido por el gobernante partido de izquierda Morena —encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum— y aprobado el 30 de abril por 14 votos contra 11, definía la identidad de género como la vivencia interna de cada individuo, que puede o no corresponder con el sexo biológico inscrito al nacer. Establecía explícitamente que no se necesitaría prueba alguna de cirugía, hormonas, terapia o diagnóstico. Aunque el texto limitaba el proceso a los mayores de edad, el gobernador Kuri advirtió de que sus ambigüedades corrían el riesgo de abrir la puerta a impugnaciones que afectaran a los menores.
En un mensaje en vídeo difundido el 25 de mayo, el gobernador Kuri declaró: «Nuestra prioridad es trabajar para proteger a las familias… hemos puesto especial énfasis en salvaguardar a nuestros niños y adolescentes, porque en ellos están nuestro futuro y nuestra esperanza». Calificó la medida de estar «impulsada por la izquierda radical» y afirmó: «No lo voy a permitir», argumentando que amenazaba «los valores, la formación y la integridad de las familias de Querétaro» y que representaba una imposición ideológica.
El veto regresa al Congreso estatal
Conforme a la Constitución del estado, el veto devuelve el proyecto al Congreso, que necesitaría una mayoría de dos tercios para superarlo. El grupo parlamentario del PAN respaldó de inmediato al gobernador, subrayando que «el interés superior de las niñas, niños y adolescentes debe prevalecer sobre cualquier agenda ideológica» y la necesidad de decisiones fundadas en el rigor científico, psicológico y jurídico para proteger la estabilidad familiar.
Querétaro, conocido por sus sólidas políticas en favor de la familia y por su dinamismo económico, se ha posicionado a nivel nacional como defensor de la infancia. Organizaciones profamilia como Actívate reunieron cerca de 3.000 firmas pidiendo el rechazo del proyecto. Uriel Esqueda, de Actívate, elogió la «valentía» del gobernador y advirtió de que la supuesta salvaguarda para adultos, oculta en las técnicas de redacción legislativa, podría favorecer litigios estratégicos similares a los casos de Puebla y Jalisco, capaces de forzar a los tribunales a extender las disposiciones a los menores.
El estado, con una población infantil y adolescente significativa —en torno a 678.000 personas de entre 0 y 17 años según datos anteriores del INEGI—, mantiene sistemas activos de protección de menores. Existen leyes similares de reconocimiento de la identidad de género en alrededor de otros 24 estados mexicanos, a menudo impulsadas mediante reformas administrativas o resoluciones judiciales. Críticos de Querétaro, entre ellos voces religiosas y de la sociedad civil afines a las estructuras familiares tradicionales, sostienen que tales medidas socavan la realidad biológica, la autoridad de los padres y el desarrollo integral de los jóvenes conforme a la ley natural y a la doctrina social católica sobre la persona humana.
Reacciones encontradas
Las reacciones se han dividido con dureza. Legisladores de Morena acusaron al gobernador de desinformación y de políticas regresivas, mientras que los grupos LGBT denunciaron el veto como un aumento de la exclusión. Los partidarios de la postura del gobernador, entre ellos figuras locales del PAN y organizaciones familiares como el Frente Nacional por la Familia, lo acogieron como una defensa del bien común frente a lo que consideran una erosión cultural de los fundamentos antropológicos arraigados en la creación y en la familia. El episodio pone de relieve las tensiones en México entre las agendas legislativas progresistas del Gobierno nacional de Morena y la resistencia de los estados gobernados por la oposición, comprometidos con la comprensión histórica del matrimonio, la familia y la sexualidad humana sostenida por la Iglesia durante siglos.
