Planned Parenthood demanda a Alaska para imponer el aborto químico por telemedicina

Ofensiva de la industria abortista

Planned Parenthood demanda a Alaska para imponer el aborto químico por telemedicina

La demanda busca eliminar el requisito de atención presencial para el aborto químico en un estado de grandes distancias. Mientras tanto, los provida recuerdan que cerca del 11 % de las mujeres sufre complicaciones graves tras tomar mifepristona.

(LifeSiteNews/InfoCatólica) Una filial de Planned Parenthood ha presentado una demanda con la que pretende anular una ley de Alaska que exige que las píldoras abortivas se dispensen de forma presencial.

La legislación vigente del estado exige que los abortos sean practicados por un médico colegiado en un hospital u otra instalación física autorizada, con consentimiento informado y únicamente para mujeres que hayan estado «domiciliadas o físicamente presentes» en el estado durante al menos 30 días.

Planned Parenthood Great Northwest, Hawái, Alaska, Indiana y Kentucky (PPGNHAIK) presentó la demanda ante el Tribunal Superior de Alaska, impugnando la disposición que limita los abortos a ubicaciones físicas y alegando que negar las supuestas opciones de «telesalud» niega la igualdad de protección del «derecho» al aborto que los tribunales han reconocido anteriormente.

«Las pacientes de Planned Parenthood a menudo deben recorrer distancias considerables para abortar en Anchorage o Fairbanks, en ocasiones con grandes gastos y dificultades, incluso a causa de las condiciones meteorológicas», argumenta la demanda.

«Tendremos que revisar la demanda y no hacemos comentarios sobre las acusaciones concretas. Como cuestión general, el departamento defenderá la ley, que goza de presunción de constitucionalidad y representa una política estatal válidamente promulgada por la legislatura y el gobernador», respondió la fiscal general en funciones, Cori Mills.

Una legislación pendiente que podría dejar sin efecto la demanda

Por otra parte, está pendiente de aprobación una legislación que facultaría a los farmacéuticos para prescribir una serie de fármacos en lugar de limitarse a dispensarlos, lo que probablemente incluiría las píldoras abortivas y dejaría la demanda en buena medida sin efecto. La legislatura de Alaska la ha aprobado, pero el gobernador republicano Mike Dunleavy no ha indicado todavía si la firmará o la vetará.

El aborto por correo, la principal arma del lobby abortista

Las píldoras abortivas por correo se han convertido en la herramienta más potente del lobby del aborto para preservar la «elección» tras la anulación de la sentencia Roe contra Wade. Los últimos datos del Instituto Guttmacher, de tendencia proabortista, cifraron en 1.125.930 los abortos clínicos en 2025, un ligero aumento respecto a 2024 que Guttmacher atribuyó en gran parte a las píldoras abortivas. El informe anual de Planned Parenthood correspondiente a 2024-2025 presume de haber cometido por sí sola 434.450 abortos, una cifra récord para la organización y un 8 % superior a la del año anterior.

El afán del lobby abortista por hacer las píldoras abortivas lo más fáciles posible de distribuir y obtener ignora numerosas pruebas que indican que distan de ser inofensivas para las mujeres, incluso tomadas bajo supervisión médica. Los provida señalan un análisis de abril de 2025 del Ethics & Public Policy Center (EPPC), que concluyó que casi el 11 % de las mujeres sufre sepsis, infecciones, hemorragias u otras afecciones graves tras tomar mifepristona, según datos de seguros médicos, junto a hallazgos similares de la Restoration of America Foundation, como parte de un «creciente conjunto de evidencias que indican que los riesgos para la salud asociados a los abortos con mifepristona son graves, generalizados y notablemente infranotificados».

Los provida esperan actualmente la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los recursos legales contra la laxa regulación de la píldora abortiva por parte de la FDA, que permite dispensarla sin una visita médica presencial, antes de que se publique por fin la largamente prometida revisión de los datos de seguridad por parte de la administración Trump.

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