(InfoCatólica) La Conferencia Episcopal de Francia ha expresado «su gran preocupación» e «interpela a los parlamentarios» ante una proposición de ley que se debate este lunes, 1 de junio, en la Asamblea Nacional y que, bajo el propósito de proteger a los menores de la violencia escolar, incluye disposiciones que podrían obligar a los sacerdotes a revelar lo conocido bajo el sigilo sacramental, además de ampliar significativamente el control estatal sobre los centros educativos católicos.
La iniciativa fue presentada en el cupo parlamentario del grupo Ensemble pour la République (EPR), presidido por Gabriel Attal, y nació en el contexto de la comisión de investigación abierta tras el escándalo de Bétharram, según informa Jean-Marie Guénois en Le Figaro. El texto cuenta con el respaldo amplio de la mayoría presidencial.
La proposition de loi d’origine parlementaire visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire, comme le projet de loi pour la protection de l’enfance porté par le gouvernement, manifestent l’intention de nos dirigeants d’engager résolument notre pays dans ces… pic.twitter.com/AEJwdkicYy
— Église catholique en France (@Eglisecatho) May 29, 2026
El artículo 9: ningún secreto de confesión puede oponerse
El punto más controvertido es el artículo 9 de la proposición, que modificaría el artículo 434-3 del Código Penal francés añadiendo una disposición por la que los ministros de los cultos «no quedan exceptuados respecto a la información de la que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de su ministerio». La exposición de motivos es aún más explícita: «ningún 'secreto de confesión' puede oponerse» a la obligación de denunciar violencias contra menores.
Para la Iglesia católica, el sigilo sacramental no es un secreto profesional equiparable al del médico o el abogado. Pertenece / al derecho divino y a la naturaleza misma del sacramento de la penitencia. El Código de Derecho Canónico, en su canon 983, establece que «el secreto sacramental es inviolable» y prohíbe al confesor traicionar al penitente «de cualquier modo y por cualquier causa». El sacerdote que lo viola incurre de inmediato en excomunión.
El Obispo de Grenoble, Jean-Marc Eychenne, ha expresado la posición eclesial en términos directos: «el secreto de confesión no es un privilegio para los sacerdotes, sino un derecho de los fieles».
El episcopado responde con matices jurídicos deliberados
En el comunicado oficial publicado el 29 de mayo, los obispos reconocen que tanto la proposición parlamentaria como el proyecto del Gobierno para la protección de la infancia expresan «la intención de nuestros dirigentes de comprometer resueltamente a nuestro país en estos combates necesarios y urgentes». La Iglesia «apoya esa intención» y ella misma lleva años involucrada «en un trabajo de verdad» y en la prevención de los abusos sexuales. No obstante, concluyen que «ciertos artículos de la proposición de ley que se debatirá el lunes en la Asamblea Nacional cuestionan varias libertades fundamentales, como la libertad de conciencia, el secreto profesional, la libertad de enseñanza o la libertad de culto».
Es significativo que el comunicado emplee la expresión «secreto profesional» y no «secreto de confesión». Como explica Le Figaro, se trata de una elección jurídicamente deliberada: esa figura está reconocida como tal por la jurisprudencia francesa. El antecedente más relevante es el caso de Mons. Pierre Pican, Obispo de Bayeux y Lisieux, encausado en enero de 2000 por no haber denunciado los abusos del presbítero René Bissey. El 17 de diciembre de 2002, el Tribunal de Casación confirmó «la obligación impuesta a los ministros del culto de guardar secreto de los hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de su ministerio». Mons. Pican fue condenado a tres meses de prisión en suspenso porque las informaciones que poseía sobre el padre Bissey no procedían del ámbito de la confesión sacramental.
La enseñanza católica, otro frente abierto
La proposición de ley no se limita al sigilo sacramental. Dos artículos adicionales inquietan al episcopado en materia educativa. El nuevo artículo L. 442-1-5 del Código de Educación permitiría al representante del Estado «pronunciar el cierre definitivo del establecimiento o de las clases afectadas». El artículo L. 442-1-6, por su parte, prevé que determinadas medidas puedan adoptarse «sin requerimiento previo» en caso de «atentado de especial gravedad contra los valores de la República».
Hasta ahora, los controles sobre los centros privados concertados se ceñían al cumplimiento de los planes de estudio. El nuevo régimen se extendería a todos los aspectos de la vida escolar, incluido el «carácter propio» del centro, lo que podría afectar al modo en que se aborda la educación afectiva y sexual desde la antropología cristiana. A ello se añade la creación de un «Consejo Académico de la Enseñanza Privada», cuya función declarada sería «reforzar la capacidad de dirección del Estado» sobre estos establecimientos, lo que las autoridades eclesiásticas temen que equivalga a una tutela administrativa de facto.
El sello del confesionario y el deber de denuncia
Ante posibles malentendidos, la Iglesia insiste en que la inviolabilidad del sigilo no equivale a encubrir delitos. Su posición pasa por alentar al penitente a denunciarse voluntariamente ante las autoridades civiles. El Papa Francisco, además, ya había reforzado con anterioridad las obligaciones de comunicar cualquier abuso o sospecha de abuso del que se tuviese conocimiento fuera del sacramento de la reconciliación.
La Conferencia Episcopal de Francia ha pedido a los parlamentarios que rechacen las disposiciones cuestionadas, advirtiendo de que establecerían un precedente peligroso para la injerencia del Estado en materias religiosas.
