(EWTN News/InfoCatólica) Un juez del Primer Tribunal de Circuito de Florida rechazó el 27 de mayo la solicitud de Planned Parenthood de desestimar la demanda que el estado le presentó por publicidad falsa y engañosa, permitiendo que el proceso judicial avance hacia el fondo del asunto.
El juez J. Scott Duncan, del condado Santa Rosa, dictaminó que la acción legal iniciada por el fiscal general del estado, James Uthmeier, puede continuar. En noviembre de 2025, Uthmeier había demandado a Planned Parenthood por 350 millones de dólares, alegando que la organización difundió información deceptiva al afirmar públicamente que la píldora abortiva —la combinación de fármacos empleada para acabar con la vida de bebés en el seno materno— es más segura que el Tylenol, el Viagra y la penicilina.
Planned Parenthood presentó una moción para que el caso fuera archivado sin juicio. El juez la denegó. La acción legal proseguirá.
Colorado obliga a universidades a distribuir píldoras abortivas
En otro estado del país, el gobernador de Colorado, Jared Polis, promulgó una ley que obliga a los centros de salud de las universidades estatales a proveer en sus instalaciones la llamada «píldora del aborto». La norma contempla exenciones: están dispensados los centros cuyo cumplimiento pondría en riesgo subvenciones federales, exigiría desviarse de las normas habituales de facturación médica, o contradiría «las creencias o prácticas religiosas sinceramente sostenidas» de la institución.
Planned Parenthood y la ideología transgénero: el informe que lo deja al descubierto
Un informe reciente de la organización Biological Integrity —proyecto del American College of Pediatricians— detalla la implicación de Planned Parenthood en el negocio de la llamada «transición de género». La organización distribuye gratuitamente fajas de compresión torácica a menores, suministra hormonas del sexo contrario a pacientes desde los 16 años, y provee anticonceptivos a niñas para interrumpirles los ciclos menstruales sin consentimiento de sus padres, bajo el subterfugio de un «resquicio legal». En el año fiscal 2025, la organización gastó más de 70 millones de dólares en formación sobre su particular versión de la «educación sexual», con materiales sobre transgenerismo dirigidos a niños desde los tres años de edad. El informe recoge además una serie de demandas por mala praxis presentadas por personas que, tras recibir hormonas y cirugías de mutilación, se arrepintieron de la llamada «transición».
